- Autor: X. Orchard
- Fecha: 01/01/2021
- Lugar: Prensa Escrita
- Referencia: «Latam Journalism Review»
- Enlace: https://latamjournalismreview.org/es/articles/investigadores-advierten-sobre-la-falta-de-pluralismo-de-medios-latinoamericanos/
Blog
- Autor: C. Andrade
- Fecha: virtual, mayo 2021
- Lugar: presentado en el Seminario
- Referencia: «Carework and disability in Chile. Challenges for policy, and social intervention from a human rights perspective»
- Tema:International Association of Schools of Social Work (IASSW), International Council on Social Welfare (ICSW), and the International social work education and development online conference
- Enlace: https://www.iassw-aiets.org/
- Etiqueta:
- Autor: C. Andrade
- Fecha: virtual, junio 2021
- Lugar: presentado en el Seminario
- Referencia: «Experiences of informal women caregivers of people with disabilities in Chile: Challenges for social policies based on human rights and social justice»
- Tema: Center for Human Rights and International Justice
- Enlace: https://www.bc.edu/bc-web/centers/chrij.html
- Etiqueta:
- Autor: C. Andrade
- Fecha: Santiago, abril 2021
- Lugar: presentado en Seminario
- Referencia: «Educación en Trabajo Social en Chile y situación de calle. Desafíos para la formación disciplinar»
- Tema:I Encuentro Nacional sobre Situación de Calle, Corporación Moviliza, Chile, abril 2021
- Enlace:
- Etiqueta:
- Autor: C. Andrade
- Fecha: virtual, junio 2021
- Lugar: presentado en Seminario de
- Referencia: «Cuidados y situación de discapacidad en Chile. Desafíos para la nueva constitución»
- Tema:Red de investigadores en Trabajo Social
- Enlace: https://redinvestigaciontrabajosocial.cl/redes-internacionales/
- Etiqueta:
- Autor: C. Andrade
- Año: 2021
- Referencia: «Experiencias de mujeres cuidadoras informales de personas con discapacidad en Santiago, Chile. Desafíos para las políticas sociales basadas en los derechos humanos y la justicia social»
- Fondo: Otra Concursable
- Enlace:
- Etiqueta:
- Autor: M. Fuenzalida, M. Perticara, M. P. Trebilcoock, P. Landon
- Año: 2020-2021
- Referencia: «Resiliencia y variabilidad geográfica del impacto por déficit o postergación de atenciones hospitalarias para enfermedades crónicas frente a la pandemia COVID-19».
- Fondo: Otro ANID
- Enlace:
- Etiqueta:
- Autor: C. Andrade
- Año: 2021
- Referencia: «Evaluación del Programa de Apoyo Integral de la Fundación Mar Adentro»
- Fondo: Otra No Concursable
- Enlace:
- Etiqueta:
- Autor: X. Orchard
- Año: 2021
- Referencia: Mecanismos de captura y práctica periodística: explorando los límites al ejercicio del periodismo en Chile.
- Tema: en G. Santangelo, . et al (eds.). Derecho a la Comunicación en América Latina
- Enlace: https://www.amazon.com/-/es/Giorgina-Sant%C3%A1ngelo-ebook/dp/B095PW8R8X/ref=sr_1_1?dchild=1&qid=1622669417&refinements=p_27%3AMar%C3%ADa+Magdalena+Sof%C3%ADa+Pal%C3%A1u+Cardona&s=digital-text&sr=1-1
- Etiqueta:
- Autor: P. Landon
- Año: 2021
- Referencia: «Estrategias de adaptación y prevención frente a las carencias de movilidad en barrios vulnerados»
- Tema:en F. Vanderschueren, G. Díaz, C. Guajardo (eds.), Prevención del delito y la violencia. Reflexiones desde la academia y los territorios
- Enlace: https://ediciones.uahurtado.cl/libro/prevencion-del-delito-y-la-violencia/
- Etiqueta:
- Autor: C. Andrade
- Año: 2021
- Referencia: «Colaboración en trabajo social e intervenciones en niñez en chile: tensiones y propuestas en materia de intradisciplina en el trabajo con niños, niñas y adolescentes»
- Tema: en S. Iturrieta (ed.), Vivir en tiempos convulsionados. Reflexiones sociocríticas para propuestas de intervención social
- Enlace: https://doi.org/10.26448/ae9789566095217.7
- Etiqueta:
- Autor:M. Castillo, I. Quispe, J. Poblete
- Año: 2021
- Referencia: Technological Innovation in the Food Industry: A Bibliometric Analysis.
- Tema: Inzinerine Ekonomika-Engineering Economics
- Enlace: https://doi.org/10.5755/j01.ee.32.3.26000
- Etiqueta: [ Wos ]
- Autor:A. Álvarez, J. A.Velázquez, M. Castillo
- Año: 2021
- Referencia: Technology acceptance of an interactive augmented reality app on resistive circuits for engineering students
- Tema: Electronics
- Enlace: https://doi.org/10.3390/electronics10111286
- Etiqueta: [ Wos ]
- Autor:A. Álvarez, J. A.Velázquez, M. Castillo
- Año: 2021
- Referencia: The acceptance of augmented reality in engineering education: The role of technology optimism and technology innovativeness
- Tema: Interactive Learning Environments
- Enlace: https://doi.org/10.1080/10494820.2021.1928710
- Etiqueta: [ Wos ]
- Autor: X. Orchard
- Año: 2018
- Referencia: Precarious Balance: How journalists negotiate notions of autonomy in the trade-off with political actors.
- Tema: Journalism Practice
- Enlace: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17512786.2017.1326833
- Etiqueta: [ Wos ]
- Autor: C. Andrade, S. Arancibia, E. Contreras, M. Cárdenas
- Año: 2017
- Referencia: Voluntariado juvenil: Factores de permanencia en experiencias de intervención en infancia
- Tema: Revista Opción
- Enlace: https://cienciasbasicas.udp.cl/cms/wp-content/uploads/2019/06/96.pdf
- Etiqueta: [ Scopus ]
- Autor: J. Reyes, C. Andrade
- Año: 2021
- Referencia: Los derechos económicos, sociales y culturales de los artistas en contextos de violencia y pobreza. El caso de Acapulco, México
- Tema: Arte, Individuo y Sociedad
- Enlace: https://revistas.ucm.es/index.php/ARIS/article/view/68448
- Etiqueta: [ WoS ]
- Autor: L. Valencia, J. C. Ruiz, C. Andrade, S. Gallardo
- Año: 2021
- Referencia: Paisaje barrial y Hábitat: representaciones en tiempos de incertidumbre. Reflexiones situadas: El Castillo, Chile
- Tema: Revista INVI
- Enlace: https://revistainvi.uchile.cl/index.php/INVI/article/view/63430
- Etiqueta: [ Scopus ]
- Autor:C. Andrade, J. Reyes y L. Valencia
- Año: 2021
- Referencia: Sociodemographic characteristics and probabilities for the labor inclusion of people with disabilities in Chile. Implications for critical social policies
- Tema: Revista Rumbos TS. Un Espacio Crítico para la Reflexión en Ciencias Sociales
- Enlace: http://revistafacso.ucentral.cl/index.php/rumbos/article/view/492
- Etiqueta: [ Scielo ]
Miriam Henríquez en Bío Bío TV: “Sobre la paridad hay una discusión histórica sobre si esta alude a un mínimo o a un techo, y deberá ser la propia Convención Constituyente quien resuelva cuál interpretación aceptará”
En la tercera edición del programa VeoVeo Constituyente de Bío Bío TV, donde Pedro Güell y Miriam Henríquez son panelistas estables, participó además Juan Luis Ossa, investigador del CEP y doctor en Historia. Los panelistas compartieron, como en las ediciones anteriores, su visión sobre el trabajo de la convención.
Destacaron, como temas principales de interés, cómo el proceso político electoral que vive el país está afectando y afectará el trabajo de la convención, las implicancias y preocupaciones que surgen de la recientemente constituida Comisión de Derechos Humanos, y cómo la Convención abordará el tema de la diversidad y, en particular, qué interpretación adoptará sobre la concepción de paridad que aplicará al interior de sus diversos espacios y representaciones.
Sobre la vinculación entre los procesos eleccionarios del país y la convención, Pedro Güell señala que los resultados de las primarias y las futuras elecciones presidenciales van a afectar e impactar a la convención constitucional, en dos sentidos: por una parte, ya se empiezan a ver las primeras alineaciones entre los distintos bloques; y por otra, las elecciones presidenciales le quitarán mucho foco y prensa a la convención, lo que puede tener efectos positivos y negativos sobre ella. Reforzando esta reflexión, Miriam Henríquez comenta que ya se han visto algunos titulares que hablan de la “presidencialización” de la convención, y la “constitucionalización” de la elección presidencial. Con esto se apunta a que ambos procesos se estarían “imbricando”.
Sobre este mismo tema, Güell señala que a lo largo del proceso de la convención, se irán produciendo distintos ordenamientos, por ejemplo, entre los de derecha o de izquierda, y estos distintos bloques se irán modificando a lo largo del tiempo. Es decir, la propia diversidad interna de la convención generará alianzas de distinto tipo, aunque cada período pueda tener su formación y sus alianzas.
En este momento, continúa, estamos en el periodo de la formación de las comisiones y de las vicepresidencias, y el tema de las alianzas es importante porque, de alguna manera, dice sobre quiénes pueden juntarse con quiénes. No se trata por lo tanto sólo de cómo se construyen mayorías para llegar a una comisión o vicepresidencia, lo que es razonable, sino cómo se irán formando entre ellos, porque de alguna manera esto puede implicar cómo se irán conformando las alianzas fuera de la convención. Del mismo modo, que las alianzas externas afectarán a la convención internamente.
A modo de ejemplo, indica que este proceso ya se ha reflejado en las dificultades que están teniendo, crecientemente, la Lista del Pueblo, el Partido Comunista y el Frente Amplio, para construir alianzas en torno a las diversas nominaciones. Esto muestra que, a partir del triunfo de Boric, el Frente Amplio tiene que mostrar ciertas posiciones más socialdemócratas, lo que obliga a una sintonía mayor entre el Partido Socialista, el PPD y el Frente Amplio, al menos del sector de la candidatura que representa Boric. Esto rompe, de alguna manera, las primeras alianzas que se produjeron cuando se formó la primera mesa de la convención, y modifica dónde estaba puesta la balanza en ese momento. Creo que si el partido Comunista se integra vitalmente a la candidatura de Boric, continúa Güell, probablemente van a existir nuevas alianzas en la Convención, pero donde el peso no estará puesto en el Partido Comunista, sino que en el Frente Amplio.
La pregunta que me surge es ¿cómo va a impactar a la derecha los resultados de las primarias? ¿Se va a generar un movimiento más centrífugo o centrípeto? Aún no está muy claro qué dirección seguirá el sector después del resultado de las elecciones primarias. Así como estos resultados le afectarán a este sector, también le afectarán a la Convención. Creo, por lo tanto, que las dinámicas de alianza, y por lo tanto, de acuerdos y desacuerdos en la convención, van a estar muy impactadas por la elección presidencial.
Sobre el desafío de la Convención respecto a la forma de interpretar el concepto de paridad, Miriam Henríquez señala que la convención ha tenido un amplio debate respecto a este tema. Se ha discutido si la paridad se entiende como que en todas las coordinaciones, debiera haber un hombre y una mujer, como techo, o si por el contrario, la idea de paridad pudiera significar, al menos un componente representado por una mujer, sin que obste que, en el caso de las coordinaciones donde sean dos, se pueda elegir a una segunda mujer. Este punto ha generado debate y lo seguirá generando, siendo un tema que la convención tendrá que dilucidar. De hecho se cuestionó la integración de la comisión de reglamento porque algunos sostenían que podía integrarse por dos mujeres, y otros sostenían que esa interpretación debía ser un hombre y una mujer. Un dato importante a considerar: el reglamento dice que las comisiones estarán integradas, al menos, por una mujer, pero la interpretación que hizo uno de los secretarios de la convención es que el mandato era que se eligiera a un hombre y una mujer. Entonces, es importante decir que el mismo órgano que está generando estas reglas podrá definir cómo se interpretarán.
Sobre el tema de la paridad, Pedro Güell, agrega que a su juicio la discusión ha sido si la paridad es una representación estadísticamente equilibrada o es binarismo. En su visión, la forma en que se manejan las diversidades dentro de la convención estaría afectando al conjunto de nuestras diferencias, como por ejemplo, las diferencias de género, de grupos ideológicos, entre pueblos originarios o primeras naciones. Su mirada es que si bien ahora se trata de una discusión sobre temas puntuales, como por ejemplo, cuál es el equilibrio al interior de una comisión, u otra, cree que se está generando material que incluso puede luego permear el propio texto constitucional. La pregunta que me parece importante hacernos, dice Güell, es ¿Qué es lo que significa representar diversidad?, ¿es un tema estadístico, es un tema que se fija binariamente, o existen otras formas de hacerlo?. Se trata de un tema presente en todas las democracias complejas, y veo que está apareciendo de muy buena manera en la Convención.
En opinión de Juan Luis Ossa, la diversidad es una riqueza y así como se está manifestando en la convención, debiera luego expresarse en la propia constitución, en el texto constitucional. Si bien, le dará un mayor grado de representatividad, debiera ir también de la mano de su gobernabilidad, de modo que la convención sea capaz de generar el texto constitucional.
Sobre las distintas comisiones que ya se han conformado, y en particular sobre la de Derechos Humanos, Miriam Henríquez, recuerda que hay 3 comisiones que ya están funcionando, Reglamento, Ética y Presupuesto, y hay otras tres que ya se han aprobado, en las que se acordaron sus objetivos generales y está pendiente definir cuáles serán sus objetivos específicos y sobre qué temas van a tratar. Reconoce que la comisión que ha generado mucho movimiento y reacciones ha sido justamente la comisión de Derechos Humanos, en la que reconoce un alto grado de complejidad, entre otros, porque su definición aborda muchos temas y muy diversos (como verdad, reconciliación, y reparación), y aún no está claro qué va a hacer. Lo que se sabe es que tiene un mandato de hacer algo en 30 días.
Un elemento llamativo, en opinión de Henríquez, es que si bien esta comisión ha despertado muchos cuestionamientos por parte de profesores y expertos, no se debe olvidar que su aprobación fue muy alta, con cerca de 103 convencionales, aunque cabe preguntarse qué habrá entendido cada convencional cuando aprobó esta comisión, cuál habrá sido el móvil para haberla aprobado, porque queda la impresión que cada uno la aprobó con un sentido distinto, si se considera que aún no han sido capaces de fijar sus objetivos específicos.
Sobre esta misma comisión, Juan Luis Ossa, señala su preocupación desde el mismo nombre que se ha dado: “Comisión de Derechos Humanos, de Verdad Histórica y Bases para la Justicia, Reparación, y Garantías de No Repetición”. Señala que si bien le parece muy relevante que la Convención se tome en serio el tema de los derechos humanos, y en una concepción moderna de ellos, desde su visión como historiador, estima que el uso de la expresión “verdad histórica” no corresponde porque se entromete en la historiografía y en el pensamiento crítico y el derecho a disentir.
En opinión de Güell es importante considerar que las constituciones se meten inevitablemente con la discusión histórica, e incluso historiográfica. Las constituciones, quiérase o no, son historia. No puede dejar de considerarse que esta constitución se construyó en un determinado contexto y espacio, y es probable que esa lectura histórica quede de alguna manera marcada en la introducción del texto legal o en muchos de los párrafos de la constitución. Lo que quiero decir, es que la constitución no podrá evitar hacer una reflexión histórica. Y, por otra parte, aunque no lo quiera, la constitución va a crear ciertas ideas históricas, por ejemplo, sobre los Derechos Humanos. Es decir, la constitución no es sólo un texto jurídico, va a tener mucho de historiografía y afirmación histórica. Y esto me parece inevitable.
En este contexto, la discusión que plantea Juan Luis es muy válida porque nos lleva a preguntarnos ¿cómo nos relacionamos con esas afirmaciones históricas? Desde nuestra mirada como civilización ya sabemos que aquello que llamamos verdades son afirmaciones que hacemos para seguir avanzando y construyendo, pero jamás las damos como verdades absolutas, ni menos como algo que pueda anular el derecho a disentir respecto a esa misma verdad. Entonces, si bien el concepto de “verdad histórica” es un concepto muy complicado, también representa una tradición de la que tenemos que hacernos cargo en el buen sentido. Cuando se habla de “verdad histórica “ en el concierto de los Derechos Humanos en general se alude a la serie de Comisiones de Verdad, Justicia y Reconciliación que se han hecho a lo largo de nuestra historia, y que fueron un avance muy notable respecto del respeto y superación de los atropellos a los Derechos Humanos, y de los fenómenos de reparación y reconciliación. Con esto quiero decir, que desde la manera de abordar nuestras afirmaciones y convencimientos históricos, no podemos situarnos en el lado de la pura y dura verdad. Pero, por otra parte, la idea de verdad tiene también una tradición que es muy respetable y lo que hoy se busca decir es: “esta vez como sociedad, vamos a decir con toda la fuerza que tenemos, aquello que pensamos”. Entonces, yo comparto la preocupación sobre el concepto de “verdad histórica”, y ojalá no caigamos en la idea de una verdad histórica dura y cerrada, pero al mismo tiempo, creo que debemos acoger la idea de que queremos tener convencimientos muy firmes, en algunos campos, y especialmente en el de los Derechos Humanos, concluye Güell.
Ya finalizando el programa, los panelistas comparten algunas reflexiones de cierre o también algún “dato freak” en torno a la Convención.
Miriam Henríquez comenta, como dato freak, que un tema que está siendo discutido en la Convención es ¿cuántos convencionales constituyentes son 2/3? Explica que algunos habían entendido que eran 104, porque al dividir los 2/3 da como resultado 103,3 y la mayoría lo aproximaba a 104. Pero existe una ley del año 1876 que creó lo que se conoce como la Ley del Redondeo, que señala que cuando el resultado es menos de 0,5 se redondea hacia abajo, y aplicado esto, los 2/3 serían 103 y no 104 como se había calculado inicialmente.
Ya en el cierre, Pedro Güell, plantea como pregunta ¿cómo se crea un cierto lenguaje común en un escenario de alta diversidad, donde uno de los elementos más característicos de esa diversidad es el propio lenguaje? Es decir, no es que nuestras diversidades sean una cosa, y nuestros lenguajes otra, sino que en los lenguajes se instalan y muestran las diversidades, y por lo tanto, la defensa de la particularidad del lenguaje es una defensa de la diversidad. Entonces, la pregunta es cómo se hace una constitución que tiene que ser escrita en “un lenguaje”, no sólo en español, sino también en el lenguaje jurídico y racional, etc.
En este contexto, le parece muy destacable que, a raíz de la discusión con la convencional Teresa Marinovich, la presidenta Loncón haya señalado esta semana que así como existe el lenguaje de la razón jurídica y política, que tiene que estar presente en la discusión, hay también un lenguaje que hemos aprendido en nuestra historia ancestral, que tiene que ver con aceptar la diversidad del otro, “y a eso nosotros lo llamamos “amor”. Y, por eso, la presidenta Loncón les dijo: les propongo que también nos situemos desde el lado del amor. Me parece muy interesante, señala Güell, cómo la Convención Constituyente se va abriendo a muchos lenguajes y miradas, donde resulta muy interesante que su planteamiento haya sido: hay otras maneras de ver y abordar el tema de la diversidad. Me alegró mucho oírlo. dice Güell.
Sobre este mismo tema, Juan Luis Ossa, puntualiza que a él le gustaría ver crecientemente un respeto por las minorías. Las democracias viven de las minorías y las mayorías. Quisiera que, sin importar si hayas tenido más o menos convencionales, ningún grupo sea excluido de este proceso.
Para cerrar el programa, Miriam Henríquez, plantea que en las próximas semanas se irá viendo una Convención que irá dejando una primera etapa de un trabajo más hacia adentro, donde se están tomando decisiones entre los convencionales, pero donde aún no se ha salido a comunicar estas decisiones y a buscar la participación que, sabemos, será central en este proceso, lo que probablemente ocurrirá en las próximas semanas.
Si quieres escuchar el programa completo, sigue este link.
Carlos J. Garcia, investigador CiPP: «Sin una inflación desbordada, es temerario desinstalar en el país la política monetaria expansiva del Banco Central».
En este momento parte de la inflación es producto de la crisis más que una señal genuina de recuperación. Sin una inflación desbordada, es temerario desinstalar la política monetaria expansiva del Banco Central. Por el contrario, sólo en la medida que la crisis se supere, será momento de ir aumentando paulatinamente la tasa de interés y reduciendo las facilidades de crédito. En especial, por que la propia pandemia está mutando con nuevas sepas que ponen un manto de duda sobre el futuro inmediato de la economía chilena y tasas de crecimiento del PIB por sobre el 6% para el 2021.
Ante este escenario, parece relevante plantearse las siguientes preguntas desde una mirada de política pública:
¿Seguirá nuestro Banco Central su estrategia de enfocarse solo en controlar la inflación a diferencia de los bancos centrales de las economías desarrolladas que también consideran lo que sucede con la actividad y el empleo?
¿Debemos cambiar en Chile la ley orgánica del Banco Central para que de una vez por todas se considere como objetivo explícito la actividad y el empleo?
Enrique Rajevic, investigador CiPP “Necesitamos lograr una articulación virtuosa entre la dignidad de las personas que trabajan en la administración pública y una buena gestión pública de cara a los ciudadanos”.
Rajevic hizo esta afirmación en el conversatorio «Desafíos de la protección de los derechos funcionarios», organizado por la Contraloría General de la República (CGR), a través de su Centro de Estudios de la Administración del Estado (CEA).
En la oportunidad, participaron además, Luis Aranda, jefe de la Unidad de Protección de Derechos Funcionarios de la CGR y Enrique París, Decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Santo Tomás, con la moderación y comentarios de Graciela Lepe Uribe, SubJefa de la División Jurídica de la CGR.
Enrique Rajevic realizó la exposición denominada “Derechos Funcionarios: dignidad e interés general” en la que se refirió a los problemas y desafíos que genera la protección de los derechos funcionarios.
Puntualizó que cuando se escucha hablar de los “derechos” se tiende a pensar que el foco fueran sólo los funcionarios y funcionarias de la administración pública, sin embargo, no se debe perder de vista el “interés general”.
Luego enfatiza la importancia de “profesionalizar el empleo público» y, citando las recomendaciones sobre integridad pública de la OCDE (2017), recuerda que se debe avanzar hacia un servicio público basado en atributos como la meritocracia, los valores y la buena gobernanza, como también que sea profesional e imparcial, de modo de garantizar “un alto nivel de competencia e integridad, así como la continuidad en el desarrollo, asesoramiento e implementación de políticas al servicio del interés público”.
Otro de los desafíos planteados por Rajevic se refiere a la necesidad de diferenciar entre Gobierno y Administración, destacando el rol que juegan los propios funcionarios públicos cuando ejecutan políticas públicas en gobiernos de distinto signo, lo que está en línea con la idea de un servicio civil profesional.
Señala que el mundo municipal tiene desafíos particulares en este ámbito, dado que presenta alta heterogeneidad entre municipios, una pluralidad de regímenes de personal y tareas, y el factor político es muy importante, en tanto los alcaldes y concejales pueden ser reelectos y tienen un contacto muy estrecho con la comunidad, lo que resulta en un escenario más riesgoso a las malas prácticas.
En este marco de desafíos para alcanzar una buena gestión pública, el investigador del CiPP valoró como iniciativas que apuntan en la dirección correcta, la Estrategia Nacional Anticorrupción lanzada por la CGR como también el portal y la Unidad de Protección de Derechos Funcionarios de esta entidad, que además se informó que se extenderá al reclamo que contempla el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales.
Con este tipo de acciones “la CGR ha demostrado que, sin necesidad de aplicar leyes, se pueden hacer cosas que sean relevantes e importantes para tener un mejor Estado y un trato más digno tanto para los funcionarios y funcionarias como para la ciudadanía”, concluye el académico.
Si quieres escuchar el conversatorio sigue este link:
Fuente: Observatorio por las Trayectorias Educativas.
Cristóbal Madero y Leandro Sepúlveda, Investigadores CiPP y académicos UAH, integran el nuevo Observatorio por las Trayectorias Educativas.
Cinco centros de investigación del país, incluido el Departamento de Política Educativa y Desarrollo Escolar de la Facultad de Educación de la Universidad Alberto Hurtado, se unieron para lanzar un Observatorio por las Trayectorias Educativas. Todos ellos trabajan en el tema de la exclusión escolar en Chile y buscan incidir en políticas públicas para proteger las trayectorias educativas de niños, niñas y jóvenes.
En Chile, el 45% de niños, niñas y jóvenes no culmina su trayectoria educativa en los 12 años lineales establecidos; la repitencia escolar ha aumentado de 2% a 4% en la última década; y cada 12 minutos un/a estudiante es excluido/a de la escuela, un número que podría aumentar al doble debido a la pandemia, según MINEDUC.
Ante este escenario, surge la decisión de crear el Observatorio por las Trayectorias Educativas. Se trata de una iniciativa de Fundación Súmate del Hogar de Cristo, del Centro de Investigación para la Educación Inclusiva de la PUCV, del Centro Justicia Educacional de la Universidad Católica, del Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile y del Departamento de Política Educativa y Desarrollo Escolar de la Facultad de Educación de la Universidad Alberto Hurtado, todas instituciones preocupadas por las trayectorias educativas y aprendizajes efectivos de niñas, niños y jóvenes sin importar su condición de origen o situación social y económica.
“La pandemia nos ha mostrado la deuda que tenemos con los niños, niñas y jóvenes que tienen trayectorias frágiles y/o que están fuera del sistema escolar. Esto lo vemos porque las y los estudiantes no tenían vínculos con sus escuelas y con el cierre de las mismas. Esos vínculos hoy terminaron de cortarse”, explica Liliana Cortés, directora ejecutiva de Fundación Súmate y vocera del Observatorio por las Trayectorias Educativas. Y agrega: “La pandemia nos muestra la urgencia de avanzar hacia un modelo educativo integral, donde el equilibrio entre los conocimientos y el desarrollo emocional configure una forma de relacionarse entre docentes, familias y estudiantes, llena de emociones, motivante y con altas expectativas. Todos los actores de las comunidades estamos desafiados”,
Para efectos de esta iniciativa, que busca además visibilizar este problema en el debate público, las cinco instituciones concluyen en un documento cuáles son los 10 factores principales que conllevan a la exclusión escolar. Entre ellos, figuran situaciones como que el 62,5% de niños, niñas y jóvenes que abandonan el sistema escolar pertenecen al 40% de la población con menores ingresos, o que un 11% de las y los estudiantes de primero medio no logra avanzar de nivel educativo, porque no se logran adaptar a la transición, por nombrar algunos motivos. También se cuentan el ausentismo frecuente a clases, la repitencia escolar, el rezago escolar y la variable de género, todas circunstancias que desencadenan que niños, niñas y jóvenes se vean en la situación de dejar de asistir a clases.
A esto se suma la situación actual en pandemia. De acuerdo a cifras del MINEDUC, 40 mil niños, niñas y jóvenes que debieran permanecer en el sistema educativo formal no se matricularon en ningún establecimiento este año.
“Este Observatorio busca ayudar a fortalecer la conceptualización que tenemos acerca de las trayectorias educativas y sus implicancias. Pretendemos ayudar, primero, poniendo a disposición datos e información de distintos sistemas de monitoreo que existen a nivel país, algunos de ellos desde el propio sistema de gobierno (como el actual sistema Sistema de Alerta Temprana, SAT) y otros, a través de estudios de los centros de investigación que participan del Observatorio. Segundo, queremos colaborar a través de la interpretación y el apoyo a las políticas públicas de estos mismos datos. Y tercero, dando apoyo a las campañas de sensibilización respecto de la función social que a todos les corresponde en promover un sistema educativo más inclusivo, más orientado a permitir la diversidad de niños, niñas y jóvenes que habitan en este país”, señala Verónica López, vocera del Observatorio por las Trayectorias Educativas.
“No hablemos más de desertores, porque somos nosotros, el país, a través de sus escuelas los que vamos empujando a los estudiantes a desertar. Por eso hoy hablamos de exclusión escolar o educativa. Es necesario instalar ciertas estrategias de tipo preventivas y de monitoreo para conocer cuáles son los estudiantes que se van desenganchando de la experiencia escolar (…) El foco no debería estar puesto exclusivamente en calidad, y mucho menos entender por calidad el rendimiento de una prueba estandarizada, sino que el foco tiene que estar en la noción de trayectorias educativas. En la idea de trayectorias positivas, diversas, y eso tiene que ver con la idea de un camino que él o la estudiante tiene que poder recorrer”. concluye Verónica López.
Toda la información respecto al Observatorio se puede encontrar en trayectorias educativas.cl, un espacio en donde las instituciones comparten sus experiencias, conocimientos y recursos sobre la exclusión escolar con la comunidad.
Fuente: El Mercurio
Rafael Blanco en El Mercurio: “Preservar la razonable y necesaria autonomía de que goza el Ministerio Público actual es un asunto de la mayor relevancia”
Rafael Blanco, investigador CiPP y académico UAH, publicó en El Mercurio una columna de opinión donde plantea ciertos puntos relevantes para el debate constituyente. En primer lugar explica que, una clara y nítida separación de potestades y funciones que garanticen un sistema de pesos y contrapesos que evite vulneración de derechos y garantías de la ciudadanía, es fundamental. Para lograr esto, continúa, es imprescindible contar con un Poder Judicial independiente en lo externo, que juzgue de manera imparcial y autónoma.
Blanco afirma que debe haber especial cuidado en la manera en que el Estado organiza y distribuye roles en el subsistema de justicia penal. Es por esto que el mandato de la Convención Constituyente en torno a dar forma a potenciales reformas a los órganos de sistema de justicia penal, resulta especialmente delicado y relevante para la democracia y un sano sistema político de genuina separación de funciones.
Reconoce aspectos donde nuestro país exhibe logros importantes en materia de justicia penal, como también otros que requieren ser revisados y mejorados y llama la atención sobre la necesidad que a la hora de definir los contornos de mejora de este sistema, la convención constitucional, replique el debate respetuoso, complejo, informado y serio, como el que dio origen al diseño e instalación del actual sistema de persecución y enjuiciamiento criminal en nuestro país.
Uno de los ámbitos que destaca es que nuestro país goza de un sistema penal de corte acusatorio que ha logrado instalar un modelo de persecución criminal a cargo de fiscales que gozan de una autonomía constitucional que logra dotar a la función de persecución de una razonable independencia para realizar sus tareas. Este aspecto contrasta con la experiencia comparada que, según señala Blanco, muestra múltiples ejemplos donde las Fiscalías y Ministerios Públicos son empleados por la administración política de turno y hacen uso de sus facultades para perseguir o encarcelar rivales políticos.
Ante esto, el investigador es claro en decir que “preservar la razonable y necesaria autonomía de que goza el Ministerio Público actual es un asunto de la mayor relevancia”.
En cuanto a los aspectos que podrían ser mejorados, menciona una mejor rendición de cuentas de la fiscalía, o una revisión de los sistemas de designación y remoción de sus autoridades, como de la estructura y rediseño del gobierno corporativo de la entidad, “a condición de no transigir o dañar los activos logrados en materia de autonomía”.
En materia de la Defensa Penal Pública, Blanco señala que resulta sensato explorar mecanismos y diseños que aumenten la debida autonomía funcional de la defensa o incluso consagren un modelo de autonomía constitucional equivalente al del Ministerio Público.
En cuanto a los estándares de independencia y autonomía de jueces y juezas que requiere un sistema de justicia penal, el académico señala que estos están razonablemente garantizados en nuestro actual sistema judicial, en especial lo que atinge a los estándares de independencia externa. Por lo que las futuras reformas deberían centrarse en mejorar aquellos niveles de independencia interna, que van de la mano con un rediseño de competencias de la Corte Suprema, que evite la superposición y concentración de roles jurisdiccionales, disciplinarios y de administración y gestión. A esto podrían sumarse el debate para introducir un modelo de juzgamiento por jurados en los casos penales más graves y la urgente reforma en materia de una jurisdicción de ejecución penal que logre una tutela jurisdiccional efectiva en materia carcelaria, concluye Blanco.
Para revisar su columna completa ingresa en el siguiente link.
Fuente: La Tercera
Rafael Blanco y Leonardo Moreno en La Tercera: La experiencia de Argentina con sistemas de jurados “ha contribuido a mejorar la percepción ciudadana de legitimidad del sistema de justicia penal y de sus operadores”.
El investigador CiPP, Rafael Blanco, junto a Leonardo Moreno, ambos académicos UAH, publicaron en el diario La Tercera una columna en donde plantean diferentes ideas relacionadas a la democracia, la legitimidad y el sistema de jurados. Comienzan expresando que la organización del sistema político democrático determina la forma en la que los ciudadanos y ciudadanas participan y contribuyen en la vida de sus comunidades y en la toma de decisiones de los asuntos que les afectan.
A partir de esto, hacen mención también a ciertas obligaciones públicas, como lo es la de escoger a las autoridades que nos representan y conducen en las funciones de gobierno. Mencionan el hecho de que algunos países practican el voto obligatorio, sistema que impide que las autoridades electas sean precedidas de bajos niveles de participación. En esta misma línea de obligaciones, aluden al pago de tributos en proporción a las rentas, contribuyendo de esta manera a la redistribución de la riqueza. Como comparación, aluden al hecho de que en Chile se exhibe a los vocales de mesa como expresión de obligación ciudadana.
Siguiendo con los deberes de la ciudadanía pero entrando en materia de Justicia Penal, los investigadores mencionan los modelos de jurados propios de Europa Continental y América, como instancias que implican una relevante participación ciudadana que son “una manifestación más compleja y exigente de los deberes que la ciudadanía tiene con su comunidad”. Como ejemplo más cercano analizan el de Argentina, afirmando que el sistema de jurados en ese país “ha contribuido a mejorar la percepción ciudadana de legitimidad del sistema de justicia penal y de sus operadores”, son claros en decir que se evidencia una notoria mejoría en la imagen de la ciudadanía hacia el sistema penal y sus actores.
Los investigadores señalan que, aunque el sistema de jurados ofrece ventajas (en materia de imparcialidad, calidad del debate y complejidad de las deliberaciones), la discusión sobre su instalación no se trataría sólo de un debate técnico procesal o jurídico. Sería también un espacio formativo y relevante de participación ciudadana que podría incidir en la ciudadanía.
Por lo tanto, en opinión de los académicos, preservar acríticamente los modelos de jueces profesionales exclusivos, como los que existen en nuestro país, “impide evidenciar a la ciudadanía la complejidad y seriedad de la tarea de juzgamiento, concentrando la carga de deliberación en operadores cuya tarea perpetúa la lógica contramayoritaria en los actores profesionales sin abrir tales tareas y funciones a la ciudadanía”.
En conclusión, Blanco y Moreno consideran que el sistema de jurado posee el doble efecto de descargar al juez de una función que puede ser compartida con la ciudadanía, al traspasar cargas, tareas y responsabilidades a los ciudadanos y ciudadanas en la compleja y delicada función de definir que otro ciudadano o ciudadana es culpable o inocente de los cargos que se le imputan.
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Fuente: La Tercera
Eduardo Abarzúa en La Tercera, sobre propuestas de reducción progresiva de la jornada laboral: “Se requiere un amplio proceso de diálogo social de los actores laborales representativos como única manera de incorporar la heterogeneidad de nuestro mercado laboral”.
El investigador CiPP y académico UAH publicó la columna «Diálogo Social para la nueva organización del Trabajo» en un FRENTE a FRENTE con el investigador del CEP Rafael Sánchez, titulado ¿ Es conveniente introducir cambios en la extensión de la jornada laboral semanal?.
En su columna, Abarzúa señala que las múltiples iniciativas que se han visto últimamente desde el Poder Legislativo o del Ejecutivo para regular la organización del trabajo dejan la impresión que “la discusión no incorpora la complejidad de las formas de empleo y trabajo que se despliegan en nuestra economía y tampoco la perspectiva de los diferentes actores laborales. Casi todas las discusiones e ideas de reforma tienen de referencia una imagen simplificada del trabajo, aquel que se desempeña de manera presencial, con supervisión directa, igualdad de poder entre las partes y con salarios atractivos”.
Frente a esto, el académico señala que “en el actual contexto socioeconómico y de relaciones laborales, iniciativas que parecen correctas y modernizadoras, como la flexibilidad de las jornadas y el teletrabajo, pueden significar, paradojalmente, la intensificación de las jornadas, el aumento del doble trabajo, una mayor precarización del empleo y el sufrimiento de las personas”.
Si bien reconoce que una parte de nuestro mercado laboral requiere de la fijación de ciertos mínimos que permitan configurar “auténticas relaciones de trabajo” (contratos escritos, sueldo mínimo, limitar jornadas, establecer descansos, fijar permisos para necesidades básicas, etc), su visión es que debemos preguntarnos si el camino normativo tiene la posibilidad de abordar los múltiples y crecientes cambios en el trabajo “considerando los tiempos legislativos limitados, producto de las múltiples demandas de la ciudadanía y el encaje futuro de la legislación a la potencial nueva Constitución que redefinirá la relación entre el Estado, el mercado y la sociedad civil”.
Con respecto a la discusión sobre la reducción progresiva de la jornada laboral, el académico señala que “esa discusión requiere, como demuestra la experiencia comparada, un amplio proceso de diálogo social de los actores laborales representativos como única manera de incorporar la heterogeneidad de nuestro mercado laboral”.
Si quiere conocer la columna completa, siga este link.
Humberto Borges, investigador CiPP y académico UAH “Realizar investigaciones en el área tributaria es vital, debido a los grandes cambios que se proponen por los candidatos presidenciales y que se vislumbran a futuro muchos cambios impositivos en el país”.
El académico hizo esta afirmación en una charla dictada a los estudiantes de la carrera de Contadores Públicos y Auditores (CPA) de la Universidad del Bío Bío, donde entró de lleno en la discusión sobre las propuestas tributarias que se han planteado en el marco de las primarias presidenciales.
En cuanto a la relevancia de la investigación en el área tributaria, Borges señaló “que en Chile aún se necesita profundizar en el desarrollo de semilleros de investigadores y la instancia que genera la Universidad del Bío Bío, invitando a diversos académicos e investigadores del país a explicar desde su disciplina de investigación, aporta a los futuros egresados de la carrera para desarrollar su investigación de titulación”.
Explicó que existen diversas miradas detrás de algunas de las propuestas de cambios que se realizan en el área tributaria, como las implicancias de disminuir los impuestos del IVA no focalizándose, por ejemplo, en los alimentos menos dañinos lo que serviría para apoyar una política de salud.
Además, se refirió a los beneficios DFL2 que apoyan a la economía mediante la generación de empleos en la industria de la construcción, pero indicando que “se debe evitar la exención de impuestos por más de una vivienda DFL2, ya que esto produce un aprovechamiento de algunos grupos”.
En otro aspecto, el académico se refirió a la existencia de una desigualdad estructural en el Impuesto Global Complementario, destacando que se trata de un tema que, en general, los candidatos no están abordando.
Sobre la situación de los impuestos regionales, Borges explicó la posibilidad de que en un futuro las regiones más desarrolladas deban pagar impuestos diferenciados y más altos, basados en el Índice de Desarrollo Humano Regional (IDHR), y con esos recursos apoyar a las regiones más empobrecidas.
Finalmente, respecto a las exenciones, el investigador del CiPP señaló que hay que preocuparse de las empresas de la industria del turismo, las cuales han sido dañadas por la pandemia, explicando que una exención o disminución de impuesto focalizado no es una mala política siempre y cuando se restrinja a un corto periodo de tiempo.
La Industria 4.0 ha sido descrita como una revolución tecnológica que cambiará la industria manufacturera, así como aspectos socioeconómicos de la sociedad de manera amplia. Uno de los pilares tecnológicos que la sustentan –del que existen limitadas investigaciones—es la tecnología conocida como Realidad Aumentada (AR). La AR, por sus siglas en inglés, es una tecnología en la que objetos virtuales y reales se integran en tiempo real, generalmente en 3D lo que permite al usuario ver información adicional, como objetos superpuestos, instrucciones explicativas o videos interactivos. A diferencia de la realidad virtual, la AR complementa la realidad en vez de reemplazarla por completo. Sus impactos en educación y en especial en las carreras de ingeniería son múltiples, por ejemplo, facilitando el aprendizaje, aumentando la motivación y atención de los alumnos/as. Sin embargo, en un reciente estudio, hemos demostrado que dichos beneficios no se obtendrán si los usuarios no se deciden a adoptar estas nuevas tecnologías y prevalecen las resistencias a su uso por sobre la aceptación y que la influencia del entorno resulta clave en la mayor o menor favorabilidad de esas conductas.
¿Qué rol les cabe a las políticas públicas en el desarrollo y difusión de estas nuevas tecnologías como lo es la AR? ¿Qué rol le cabe al mundo académico?
Creemos que las políticas públicas juegan un rol fundamental tanto en el necesario desarrollo de programas de formación que permitan contar con capital humano preparado para hacer frente a los desafíos que implican estas nuevas tecnologías; como también en el fomento a la I+D para fortalecer su incorporación. Por su parte, el mundo académico y los centros de educación tanto de nivel medio y superior son claves para que se produzca la incorporación activa de estas tecnologías de RA en las aulas y para obtener una buena receptividad por parte de los estudiantes, y así estar preparados para abordar la industria 4.0
