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Miriam Henríquez y Pedro Guell, investigadores CiPP y académicos UAH, en el programa VeoVeo Constituyente de Bío Bío TV analizan los primeros días de la Convención Constitucional. ¡Conoce sus opiniones!.

El programa, conducido por el economista Guillermo Larraín, contó con la participación de Henríquez y Güell, junto a Carolina Toha.

Consultados sobre su visión general sobre lo que ha sido el proceso de instalación de la Convención Constitucional, Miriam Henríquez destaca dos elementos principales.

El primero, que considera muy positivo, es la preocupación y voluntad que ha demostrado la Convención por representar la diversidad de quienes la conforman en los distintos órganos que se han ido instalando, ya sea en materia de paridad, género, territorios, y pueblos originarios, entre otros. Así lo hemos visto, señala la académica, en lo que fue la elección de la presidencia y vicepresidencia, y estimo lo seguiremos viendo en la conformación de su Mesa ampliada de 9 miembros, y en sus comités temáticos y funcionales.

El segundo elemento, que a diferencia del anterior le parece preocupante, es el rol que podría jugar la Corte Suprema en el trabajo de la Convención. Señala que a juzgar por los anuncios de reclamación que ya se han escuchado, al parecer la Corte Suprema tendrá un rol en este proceso mayor al que habíamos imaginado, que era de tipo excepcional, y todo indica que habrá un especial celo en verificar si se dará o no cumplimiento a los procedimientos establecidos en el reglamento.

Por su parte, Pedro Guell menciona que de alguna forma la convención constitucional refleja una parte importante de la historia vivida por el país desde hace mucho tiempo, lo que genera, en primer lugar, un sentimiento de gran emoción.

Todo indica, además, que deberemos hacer un esfuerzo como sociedad de ponernos en disposición a mirar las cosas desde una óptica distinta a la acostumbrada. Lo que hemos visto hasta ahora, y estimo seguiremos viendo durante un tiempo, comenta el investigador, es una entidad “en búsqueda de un guión”, intentando descubrir cuál es el lugar que ocupa dentro de las demás instituciones y actores del país, cómo se relaciona con ellas, y cuál es el lugar político que debe ocupar. Para la Convención será por tanto un tiempo de exploración, y donde muchos ejercerán presiones sobre ella, indica Güell.

Respecto a esta manera “distinta” de hacer la cosas, Henríquez ejemplifica con el enrolamiento y posterior sorteo que se utilizó como forma para definir cómo se iban a sentar en el Hemiciclo. Esta forma “rompe todo lo que conocemos y estamos acostumbrados”, la forma habitual hubiera sido por mayorías.

Sobre los temas que deberán observarse a futuro, Guell señala que habrá que mirar cómo la ciudadanía irá apoyando el trabajo de la Convención. Si bien en estas primeras semanas es necesario tolerar un cierto desorden, esto debería ir mejorando a futuro para no afectar su imagen. En esta línea, creo que deberemos estar atentos a las primeras encuestas que se den a conocer sobre cómo se evalúa la convención y ver qué efectos tendrán sobre ella.

Sobre el rol que ha jugado la derecha, Henríquez recuerda que todos, menos la derecha, estuvieron de acuerdo en la idea de ampliar la mesa directiva. No quisieron participar porque no estaría claro cuál sería la función de esa mesa. Sin embargo, cuando hablan de arbitrariedad hay que considerar la importante mayoría que se alcanzó en la decisión tomada.

Güelll agrega que la derecha se ve claramente desconcertada. No logra armar un juego ni es claro en qué lugar o posición estará. Si optará por ponerse al margen o entrará en la discusión. Todo indica que tendrá que reinventarse, y aprender a jugar en un tipo de relaciones que hasta ahora no ha jugado. Su comportamiento “como bloque” ha sido ineficaz y los margina, no les ha permitido participar en las decisiones que se han tomado. Esperemos, dice Güell, que los liderazgos que se impongan en la derecha sean aquellos más dialogantes.

Si te interesa escuchar el programa, sigue este link.

  Cristóbal Madero, investigador CiPP y académico UAH y otros, en Revista Mensaje: “A pesar de todas las leyes y políticas, Chile sigue teniendo cerca de 190.000 niños, niñas y jóvenes entre 5 y 21 años que están fuera del sistema escolar, lo que se ha incrementado por la pandemia”.  El investigador del CiPP publicó una columna en la edición de julio de Revista Mensaje, junto a Jaime Portales, Jefe del Área de Estudios e Incidencia, Fundación Súmate y Ana Verocai, Directora Sectorial de Integración Educativa de la Administración Nacional de Educación Pública, Uruguay, en la que describen cómo Uruguay ha abordado los desafíos de la retención y reinserción escolar, y reflexionan sobre cómo fortalecer una acción equivalente en nuestro país. Señalan que si bien Chile cuenta con una serie de políticas y programas que se preocupan de la retención y el reingreso escolar, estos dispositivos no están articulados entre sí y por lo tanto no han logrado los resultados esperados. La clave estaría en dar a estas iniciativas mayor coherencia sistémica de manera de conformar un sistema de protección de trayectorias educativas que tuviera varios de los elementos que se rescatan de la experiencia de Uruguay. Dentro de los avances de Chile en materia legal, mencionan la Ley que establece doce años de escolaridad obligatoria, la Ley de Inclusión, la Ley de Subvención Escolar Preferencial (SEP) y los subsidios especiales a la retención, sin embargo señalan que nuestro país sigue teniendo cerca de 190.000 niños, niñas y jóvenes entre 5 y 21 años que están fuera del sistema escolar. Este número se incrementó en cerca de 40.000 niños, niñas y jóvenes en el contexto de la pandemia del Covid-19. Lo preocupante es que miles de esos niños y jóvenes no están recibiendo la educación que por derecho les corresponde. ¿Cómo lo ha hecho Uruguay? Si bien reconocen que restan aún desafíos, “por primera vez en su historia Uruguay logró universalizar el ingreso a la educación media. El 99,2% de quienes egresan de primaria se inscriben en la media. Hoy se sabe dónde está cada uno y así se le puede acompañar. Incluso a los que no están en el sistema de educación formal se les acompaña con otras propuestas de educación no formal, para volver a vincularlos al sistema formal”. La clave de la política aplicada por este país estaría en la existencia de un  Sistema de Protección de Trayectorias Educativas (SPTE) que se sostiene en una premisa fundamental, según explican los investigadores: “es el Sistema Educativo Uruguayo (SE) quien asume la responsabilidad de generar la «situación pedagógica» para que todos puedan permanecer y aprender en la escuela”. Su principal característica sería su alcance universal con anclaje territorial, que se expresa en la frase “a todos y en todas partes”, que contempla varias dimensiones, como por ejemplo, el seguimiento a los estudiantes que  egresan de la educación inicial y primaria, el acompañamiento en los tránsitos entre un nivel a otro, un trabajo preventivo a nivel territorial y una plataforma informática que permite, entre otras cosas, un sistema de alertas tempranas que se activan cuando un estudiante falta a clases tres veces en forma consecutiva, o dos veces en cinco días.  Y, ¿ Qué puede aprender Chile en materia de políticas públicas de la experiencia Uruguaya? Se destacan tres elementos de política pública que serían útiles para mejorar la situación de nuestro país en materia de retención y reingreso.   El primero, cómo se realiza el seguimiento de las cohortes y contar con trayectorias informadas de las y los estudiantes;  El segundo, un fuerte trabajo a nivel territorial y local. En este punto, los investigadores señalan que en el marco de la implementación de la Nueva Educación Pública, los Servicios Locales de Educación podrían convertirse en los principales implementadores y articuladores de las políticas y programas de retención y reingreso escolar en su jurisdicción; . y, finalmente, un tercer elemento, sería la figura de lo que en Uruguay se llama “referentes de trayectoria educativa”, que son equipos y personas que trabajan en los establecimientos educativos o en el nivel territorial, haciendo seguimiento y acompañamiento personalizado a las niñas, niños y jóvenes para que continúen su trayectoria educativa.  
  El proyecto Apruebo Somos Mayoría Pro DD-HH y Urgencias Humanitarias ya ha publicado sus primeras 3 de 12 cápsulas informativas. El proyecto, conformado por un colectivo de estudiantes y académicos de la Universidad Alberto Hurtado, entre ellos el investigador asociado del CiPP Héctor Oyarce y el profesor Sebastián Cox, busca informar sobre los Derechos Humanos y poder responder a la pregunta: ¿qué debemos saber sobre los DDHH y qué debemos hacer para cumplirlos exigir su respeto, protección y garantías por parte del Estado, las Autoridades e Instituciones Públicas, incluidas las FFAA y Policías, en y por Chile 2020-2021? Lo primero que destaca Oyarce sobre esta iniciativa es que “la creatividad y originalidad  la han puesto los alumnos y alumnas de diversas carreras como Derecho, Periodismo,Administración Pública, Ciencia Política, Trabajo Social, y Psicología. Ellos son quienes han creado este material, con nuestro apoyo como profesores”. Sobre la relevancia de esta iniciativa desde la mirada de políticas públicas, Héctor Oyarce es claro en afirmar que “hay Urgencias Humanitarias que necesitan ser tratadas aquí y ahora, y de cuya más oportuna e integral solución depende la vida y la existencia digna y segura de cientos de miles de personas, sus familias y grupos – comunidades humanas, sujetas a discriminaciones, exclusiones, abusos y violencias, es decir, a una violación sistemática, permanente y grave de sus Derechos Humanos”.  Es por esto que el proyecto busca propiciar y asegurar la identificación y  exigibilidad de la institucionalidad y autoridades del Estado que deben hacerse responsables de las Catástrofes Humanitarias denunciadas y el levantamiento y promoción de posibles políticas y planes de interés público con enfoque en derechos humanos, junto a sus principales protagonistas y liderazgos sociales. El escenario actual de la nueva constitución refuerza esta voluntad, asegura.  Estas primeras cápsulas explican de manera clara y concisa conceptos claves como ¿qué son los Derechos Humanos?’,¿qué diferencia existe entre Derechos Fundamentales y Derechos Humanos, cuales son sus características, así como también su historia?. En el marco de la nueva Constitución, en sus cápsulas explican la relevancia y urgencia de escribir explícitamente Derechos Humanos en la nueva Constitución ya que en la vigente, no lo está.  El investigador asociado destaca que la educación en Derechos Humanos, es una práctica educativa estratégica para impulsar la construcción de políticas públicas democráticas, inclusivas y equitativas, que protejan los derechos humanos de la población y amplíen la ciudadanía. Ante esto, su foco se centra en las organizaciones de la Sociedad Civil, funcionarios públicos y académicos y formadores de opinión pública: comunidades universitarias y de medios de comunicación, porque “todos juegan un rol fundamental”. En palabras de Hécor Oyarce: “nuestro interés es incidir también en la comunidad universitaria en la Educación en Derechos Humanos, porque su estudio tiene impacto en varios niveles: en la formación integral de los estudiantes; en la forma en que se desempeñará en su trabajo, y en el progreso de los derechos humanos en la comunidad donde la universidad se inserta. Los compromete ética y políticamente a movilizarse para producir cambios.  Para poder ver estás primeras cápsulas puedes ingresar en el siguiente link: https://www.youtube.com/channel/UCX6tGYLmvucXqWpZjQ1-V9Q  
  Miriam Henríquez, investigadora CiPP y académica UAH, en el canal Mega plus sobre la instalación de la Convención Constitucional:  “Es evidente que existe una tensión y será permanente, entre lo nuevo que se proyecta y lo antiguo que conocemos”. La académica fue entrevistada en el programa “Mesa Constituyente” del Canal Mega Plus, donde se refirió a los primeros días de instalación de la Convención Constitucional, los problemas que se han enfrentado y sus desafíos.  Señaló que, en estos primeros días, quienes integran este órgano del estado, deberán conocerse y aprender a interrelacionarse, generando condiciones básicas de confianza y reglas del juego claras que les permitan ir abordando paulatinamente los contenidos constitucionales más de fondo.  Es evidente que ha existido tensión, señala la académica, dado que lo que se está proponiendo es un cambio en la forma en que se ejerce el poder en nuestro país. El órgano constituyente tiene una composición que no tiene ningún otro órgano, es mucho más diverso y su cometido es cambiar la constitución. Por lo tanto, “la tensión será permanente entre lo nuevo que se proyecta y lo antiguo que conocemos hasta hoy”. En opinión de la académica, es muy positivo que la Convención se esté organizando ahora en torno a comisiones que abordarán temas funcionales, como por ejemplo, presupuesto, orden interno, reglamento, ética y Ley del Lobby. Una vez resueltos estos temas, existirán mejores condiciones para entrar en la discusión de fondo sobre cuáles serán los contenidos de la constitución, evitando que estos asuntos puedan generar tensiones posteriores. Dentro de los desafíos que tendrán que resolver está bajo qué criterios se van a conformar las distintas comisiones. Cómo se van a cautelar aspectos como el expertise, la paridad, la representación regional, la presencia de los pueblos originarios y la variable política, de modo que no se constituyan comités o bancadas al interior de la convención. Respecto a cómo ha sido el proceso de instalación de la convención, Henríquez comenta que lo que hemos visto este lunes y martes comprueba que no existían las condiciones técnicas ni sanitarias apropiadas para que la convención pudiera funcionar. “Hubo tiempo suficiente para organizar todo y que se pudiera funcionar bien”. Consultada sobre la decisión del gobierno de pedirle la renuncia al secretario técnico de la Convención, Francisco Encina, la investigadora del CiPP señala que la instalación tardía de la Convención debe generar responsabilidades en el órgano del estado que debía garantizarla. Finalmente, sobre el tema de la seguridad, que ha sido parte del debate de estos días, indica que los estándares de seguridad para los miembros de la Convención debieran ser los mismos que para otros órganos del estado, y sería lamentable que tuvieran que ser mayores. Si quieres escuchar la entrevista completa, sigue el siguiente link: https://www.litoralpress.cl/sitio/RadioTV_Detalles.cshtml?LPKey=5KNVV2ZMOGFP3AKEWNFQZ25JDG4AYZQR2PFMGTD4UL46IA53I2WA  
  Paola Sevilla, investigadora asociada del CiPP, lidera proyecto de investigación que permitirá identificar facilitadores y limitantes para el desarrollo de prácticas profesionales efectivas y pertinentes de estudiantes mujeres de la Educación Técnico Profesional (ETP), en rubros altamente masculinizados como son Construcción, Minería, Metalmecánica y Telecomunicaciones.   En el equipo participan Leandro Sepúlveda, también investigador del CiPP y María José Valdebenito, ambos académicos de la UAH y Mauricio Farías, en calidad de co-investigador externo.  El proyecto titulado “Abriendo Caminos”: Prácticas Profesionales de estudiantes mujeres en áreas masculinizadas de la Educación Media y Superior Técnico-Profesional» se adjudicó en el 13° Concurso del Fondo de Investigación y Desarrollo (FONIDE) del Ministerio de Educación. El objetivo de la investigación es identificar y caracterizar los elementos que facilitan y limitan el desarrollo de prácticas profesionales efectivas y pertinentes de estudiantes mujeres de la Educación Técnico Profesional (ETP), tanto en el sistema escolar como en la educación superior, en rubros altamente masculinizados como son Construcción, Minería, Metalmecánica y Telecomunicaciones.  De esta forma, se propone hacer una contribución a reducir las inequidades de género que están presentes en el sistema educativo chileno, y particularmente en la Educación Técnico Profesional (ETP), reforzando su carácter inclusivo. En este sector, estas desigualdades se producen y refuerzan en diversos momentos, incluido el de la práctica profesional que es un hito clave en la transición al mercado laboral para sus estudiantes. La investigación aborda este fenómeno aplicando una perspectiva de investigación de tipo mixta, lo que significa que incluye el levantamiento de información desde los distintos actores involucrados: instituciones, personas tituladas/os de la ETP y empresas que colaboran con la provisión de cupos de práctica a estudiantes. Se busca confrontar sus visiones para tender puentes efectivos que permitan avanzar en reducir las inequidades de género existentes. ¿Cuánto se ha avanzado en la investigación y en qué etapa se encuentran? Sevilla explica que durante el año 2020 desarrollaron la primera etapa del proyecto, que correspondía a la fase cualitativa, en la que realizaron 93 entrevistas en tres regiones del país (Metropolitana, Bio-Bio y Coquimbo).  Durante el 2021 tienen proyectado realizar dos encuestas en todas las regiones del país. La primera, está dirigida a personas tituladas de la ETP media y superior y su objetivo será conocer sus experiencias y valorización de su práctica profesional, y sus trayectorias educativo-laborales posteriores.  La segunda encuesta, está dirigida a las empresas de los rubros seleccionados y su objetivo será conocer sus motivaciones para la provisión de cupos de práctica a estudiantes de la ETP, cuáles son las barreras que identifican para la incorporación de mujeres como practicantes y como trabajadoras de la empresa, entre otras temáticas. El proyecto, cuyos resultados se proyectan para octubre de este año, cuenta con la participación de dos instituciones de ETP superior regionales (CEDUC y Virginio Gómez), así como también con el apoyo de la Asociación de Industrias Metalúrgicas y Metalmecánicas de Chile, ASIMET y el Consejo de Competencias de la Minería.  

Mauricio Castillo, investigador asociado del CiPP y académico de la UAH, publicó «Technology acceptance of an interactive augmented reality app on resistive circuits for engineering students», coautoreado por Alejandro Álvarez-Marín y J. Ángel Velázquez-Iturbide, en Electronics 2021, 10 (11), 1286.

El objetivo del estudio es establecer los factores que explican la aceptación de la tecnología de la realidad aumentada (AR) en la educación de los estudiantes de ingeniería.

Castillo explica que la realidad aumentada es una tecnología en la que objetos virtuales y reales se integran en tiempo real, generalmente en 3D, permitiendo al usuario ver información adicional, como objetos superpuestos, instrucciones explicativas o videos interactivos. Se diferencia de la realidad virtual, debido a que esta última sumerge totalmente al usuario en un entorno virtual, mientras que la realidad aumentada, complementa la realidad en vez de reemplazarla por completo.

Pero, ¿por qué estudiar el nivel de aceptación de la AR en estudiantes de ingeniería en particular? El investigador del CiPP señala que, si bien esta tecnología puede generar impactos positivos en el sistema educativo en general, en el estudio de las ingenierías diversos contenidos y aprendizajes abstractos se fortalecen con el uso de la realidad aumentada.

Sin embargo, estos beneficios de la AR en la educación no se obtendrán si no se produce una aceptación y adopción de las nuevas tecnologías por parte de los usuarios, de hecho, la resistencia a su uso por parte de los estudiantes podría perjudicar la implementación. De allí la relevancia de entender qué factores predicen y explican la aceptación de la tecnología de realidad aumentada en estudiantes de ingeniería.

El estudio, que se aplicó a una muestra de 190 estudiantes de carreras de ingeniería en Chile, consistió en diseñar una aplicación interactiva de realidad aumentada sobre circuitos eléctricos para ayudar a los estudiantes a superar sus dificultades para comprender cómo funciona la electricidad. Se formularon hipótesis y se probó un modelo teórico utilizando modelos de ecuaciones estructurales.

Se concibió un modelo teórico para explicar la aceptación de la tecnología relacionando la intención conductual de uso con diversas variables, como por ejemplo, el optimismo tecnológico y la innovación tecnológica, la facilidad de uso y la utilidad percibida, como también la actitud hacia el uso.

Los resultados demuestran el efecto positivo del optimismo tecnológico y la innovación tecnológica sobre la utilidad percibida y la actitud hacia el uso, respectivamente.

Además, sugieren que la actitud hacia el uso está influenciada por la utilidad percibida, pero no directamente por la facilidad de uso percibida. Esto podría significar que los estudiantes estarían dispuestos a usar esta aplicación si la encuentran útil y no solo fácil de usar. Finalmente, los resultados ilustran que la actitud hacia el uso explica con firmeza la intención conductual de uso, lo cual es consistente con los hallazgos de estudios anteriores.

En cuanto a recomendaciones hacia los tomadores de decisiones, estos resultados resultan útiles para orientar cómo los académicos y los centros de educación superior deben abordar la incorporación de estas tecnologías de RA en las aulas.

ENLACE:  https://doi.org/10.3390/electronics10111286

Fuente: La Tercera

Rafael Blanco, investigador asociado del CiPP y académico de la UAH, junto a Diego Palomo, académico de la Universidad de Talca, en La Tercera: “La participación de ciudadanos y ciudadanas en la justicia penal no es una idea exótica o marginal, al contrario”.

Los académicos escribieron una columna de opinión en el diario La Tercera, en la que entran de lleno en el debate público sobre la idea de incorporar al sistema de justicia penal chileno el modelo de Juicio por Jurado. Señalan que se trata de un debate sano y necesario que se orienta a profundizar el funcionamiento del modelo acusatorio adoptado por Chile en el año 2000, y destacan las ventajas que tendría.

Dan contexto a este tema destacando que de los 32 estados miembros de la OEA, 21 cuentan con modelos de participación ciudadana, y similar situación muestran dos tercios de los países de Europa. Por lo tanto, señalan que “la participación de ciudadanos y ciudadanas en la justicia penal no es una idea exótica o marginal”.

Los académicos plantean tres ventajas claras de este modelo; en primer lugar resaltan la imparcialidad refiriéndose al término Voir Dire, que se apoya en la idea de selección de un determinado número de ciudadanos y ciudadanas a las que las partes -fiscal y defensa- pueden preguntar y objetar para evitar conflicto de interés.

Como segundo punto, explican que este sistema de jurados permite una colaboración entre ciudadanas y ciudadanos y el juez o jueza. “Los sistemas procesales penales con jurados entregan a los jueces profesionales funciones fundamentales para que la labor valorativa de los jurados pueda realizarse correctamente”, afirman.

Y, finalmente, destacan lo exigente que resulta para los litigantes presentar un caso ante un tribunal de 12 miembros, -jurado clásico- que escucharán cada información proveniente de las pruebas y presentaciones de las partes, para luego deliberar. Lo anterior permitiría generar incentivos correctos para mejorar la calidad de la información y evidencia a presentar.

Para poder leer la columna completa se puede ingresar en el siguiente link.

  Mauricio Castillo, investigador asociado del CiPP y académico de la UAH, publicó «Open Innovation, and Eco-Innovation: Dynamic Capabilities to Increase Corporate Performance of SMEs» coautoreado por Luis Enrique Valdés, en el Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity. ENLACE: https://www.mdpi.com/2199-8531/7/1/8. Actualmente, las pequeñas y medianas empresas (PYME) desempeñan un papel de liderazgo en la mayoría de las economías del mundo. Por ello, buscan la competitividad tecnológica y la mejora de sus actividades de innovación. En este contexto, la innovación abierta y la eco-innovación son elementos importantes para lograr estos objetivos.  Castillo explica qué significan ambos conceptos y por qué son relevantes para las pequeñas y medianas empresas: La Eco-Innovación se refiere a actividades centradas en la mejora de productos y procesos que contribuyen al desarrollo sostenible. Por su parte, la innovación abierta consiste en un modelo de gestión mediante el cual las empresas pueden hacer uso intensivo de conocimiento tanto interno como externo para acelerar la innovación interna.  Por esto, señala Castillo, la eco-innovación y la innovación abierta se refieren a redes complejas de socios y partners que cooperan a través de sistemas de innovación abiertos con prácticas entrantes y salientes para abordar desafíos y problemas que contribuyen al desarrollo sostenible. En este marco, el propósito de este trabajo es analizar la relación entre capacidad tecnológica, innovación abierta y eco-innovación en el desempeño empresarial, probando un modelo de ecuaciones estructurales utilizando SmartPLS en una muestra de 684 pequeñas y medianas empresas en México.  Los principales resultados del estudio –que son replicables en nuestro país, ya que el comportamiento de las Pymes en ambas economías es similar — muestran que las empresas que desarrollan innovación abierta y la eco-innovación mejoran su desempeño, medido en resultados financieros, por lo que es importante que se generen políticas que estimulen estos procesos.  Además, el estudio demuestra que la capacidad tecnológica influye significativamente en las prácticas de innovación abierta y eco-innovación (aunque no directamente en el desempeño empresarial) y se confirman los efectos positivos que la eco-innovación y la innovación abierta tienen en el desempeño corporativo de las pymes.  Estos resultados tienen importantes implicaciones en la literatura sobre capacidades dinámicas que no han sido probadas previamente. Para las empresas y los responsables de la toma de decisiones, muestra por qué deben fomentarse estas prácticas en las pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, aclara el investigador del CiPP, en el contexto actual de las pequeñas y medianas empresas abordar estos desafíos es difícil. Las Pymes operan en condiciones de competencia compleja debido a su tamaño en relación con sus competidores. A menudo operan con recursos limitados, tienen escasez de habilidades especializadas y, en ciertas ocasiones poseen una pequeña base de clientes sobre las que tienen poco control. Además, en países menos desarrollados, estas condiciones se acrecientan,ya que además de presentar problemas de infraestructura tecnológica y políticas inadecuadas, existen mayores limitaciones de recursos y falta de cooperación.  Aunque a diario en los mercados se desarrollan nuevos productos y modelos eco-innovadores, esto sucede menos en las Pymes.  Por lo tanto, se hace necesario apoyar y fomentar este tipo de prácticas para que estas empresas tengan oportunidad de utilizar sus capacidades y seguir siendo competitivas. Esto resulta fundamental considerando que las Pymes son actores claves en el crecimiento económico e importantes generadores de empleo. Finalmente, a la pregunta sobre, ¿Qué recomendaciones le haría a los tomadores de decisiones en el ámbito de las políticas públicas destinadas a promover la eco innovación y la innovación abierta en las Pymes en nuestro país?, Castillo propone las siguientes:
  • Primero, establecer marcos regulatorios nacionales que estimulen la decisión de las empresas sobre la eco-innovación.
  • Segundo, en cuanto al financiamiento de las prácticas de I+D+i, Chile tiene como desafíos:  mejorar el presupuesto disponible para esto y mejorar la aplicabilidad de los incentivos. Hoy la ley de I+D es utilizada por apenas un 21% de las empresas que realizan innovación y desarrollo.
  • Tercero, disponer de mecanismos que promuevan la transferencia e intercambio de conocimiento entre la academia y las empresas, especialmente con financiamiento público. Se podrían incorporar regulaciones y políticas que estimulen estas transferencias a las Pymes
 

Fuente: IBERO.mx

Hugo Rojas, investigador asociado del CiPP y académico de la UAH, fue parte del equipo de investigadores que elaboró el Informe “Orientaciones y Recomendaciones para el Registro y Documentación de Desapariciones Forzadas”, proyecto conjunto de la Universidad Alberto Hurtado de Chile, la Universidad Iberoaméricana de México, la Universidad Javeriana y la University of London-Goldsmiths College.

El documento, según IBERO, “formula y sistematiza un conjunto de recomendaciones prácticas, sugerencias y orientaciones que pueden ser valiosas ante la emergencia de tener que documentar y registrar desapariciones forzadas cometidas por el Estado, por particulares o involuntarias, en escenarios de violencia política, terrorismo de Estado, conflictos internos o guerras civiles, incluyendo operaciones de fuerzas armadas, policías secretas, paramilitares, insurgencia y crimen organizado”.

Hugo Rojas, investigador asociado del CiPP, y uno de los autores del texto, explica que este documento se constituye en una Guía que “ofrece un conjunto de recomendaciones prácticas que pueden ser muy valiosas para quienes quieran documentar y registrar desapariciones forzadas en escenarios de violencia política”. Además, explica que las recomendaciones “surgen de la experiencia acumulada en diversos sistemas de documentación que han sido construidos en América Latina”.

El informe fue elaborado en el marco del proyecto “Violencia política y gestión de violaciones de derechos humanos: circunstancias, usos y efectos del registro de la desaparición forzada. Lecciones desde una perspectiva comparada en las Américas”, patrocinado por el Fondo Newton.

Con respecto a la relevancia y el aporte del documento, Rojas contextualiza señalando que “En nuestro continente son frecuentes los actos de represión estatal, violencia política y étnica que ocurren por muchas razones y que vulneran los derechos fundamentales de las personas. Y es común que los grupos sociales y las comunidades reaccionen, se organicen y hagan lo posible por resistir a los atropellos de los derechos humanos”.

Señaló que una situación muy compleja desde un punto de vista humano ocurre cuando una persona desaparece. Cuando esto ocurre, surge el miedo, pero también se inicia la búsqueda y los seres queridos tienen la esperanza de encontrar a quienes han desaparecido.

En ese sentido, documentar los antecedentes es fundamental, así como que los registros sean realizados con rigor y profesionalismo, pues es fácil cometer errores en la construcción de archivos. La razón es porque los grupos organizados tratan de hacerse cargo de una emergencia.

“Por esta razón, generamos un conjunto de propuestas, recomendaciones y orientaciones que fueran de utilidad para todos los países que se encuentran en situaciones de conflicto, violencia, guerra civil, de modo que los sistemas de registro de antecedentes (referidos a desapariciones forzadas) sean construidos de la mejor manera posible, en consideración de las circunstancias adversas en la que se encuentran sectores de la sociedad que pueden estar siendo perseguidos”, explicó.

El investigador añadió que sistematizaron estas experiencias en 10 grupos de recomendaciones que abordan los temas más angustiantes de las tareas de crear, usar, evaluar y transferir un sistema moderno de registro y documentación de las violaciones a los derechos humanos:

  • Planificación y conceptualización.
  • Participación de víctimas y ciudadanos.
  • Colaboración y trabajo en red.
  • Identificación de contenidos.
  • Uso de nuevas tecnologías.
  • Protección y seguridad.
  • Acceso a la información.
  • Difusión y pedagogización de los datos.
  • Capacitación
  • Reflexión.

 

Para poder tener mayor información, se puede ingresar en el siguiente link.

  Fabian Pressacco e Ignacio Cienfuegos, investigadores asociados del CiPP, junto a Felipe Livert, todos académicos del Departamento de Política y Gobierno de la UAH, realizarán un proyecto audiovisual para dar a conocer a los actores sociales los resultados de una investigación sobre el impacto del COVID-19 en la gestión y finanzas municipales, cuyos focos principales de atención fueron la eficiencia de mercado en las compras públicas durante la emergencia, y el efecto de la crisis sobre ingresos propios y transferencias. El proyecto consiste en elaborar tres micro audiovisuales donde los investigadores responsables, con acompañamiento de imágenes y grabaciones, mostrarán los resultados de la investigación y sus implicancias para las políticas públicas subnacionales y futuras reformas en nuestro país. Para su difusión, se contará con el apoyo de organizaciones del mundo municipal. Lo que se busca con este tipo de proyectos financiados, por primera vez, por el Fondo de Innovación y Creatividad en Investigación de la UAH, es traducir resultados obtenidos en investigaciones académicas previamente realizadas, para su divulgación en medios no académicos. Por ello, el material audiovisual que se genere permitirá dar a conocer los resultados de la investigación realizada a un grupo amplio de actores sociales, como autoridades municipales (alcaldes/as y concejales) así como otros actores que se desenvuelven en el territorio comunal tales como organizaciones no gubernamentales, juntas de vecinos, y uniones comunales funcionales. También será un material de interés para quienes participarán de la convención constitucional. La investigación que da origen a esta iniciativa es el proyecto “Impacto del COVID-19 en la gestión y finanzas municipales: Análisis de sostenibilidad financiera y resiliencia de la cadena de suministro de los municipios chilenos”, proyecto financiado por ANID mediante el Concurso Asignación Rápida ANID Proyecto COVID0419 Sus principales resultados muestran que:
  1. El sistema de financiamiento municipal tiene debilidades no sólo en relación al volumen de recursos que las municipalidades necesitan para atender razonablemente sus responsabilidades sino también desde el punto de vista de los márgenes de discrecionalidad en la asignación de recursos por parte de entidades del gobierno central.
  2. Los municipios carecen de un rango razonable de autonomía en la definición de sus ingresos.
  3. Existe un sesgo político en la asignación de los recursos discrecionales que favorece a los candidatos del partido/coalición gobernante, incluso en el contexto de crisis sanitaria.
 
  Eduardo Abarzúa, investigador asociado del CiPP y académico de la UAH,  en Radio Cooperativa “Nuestra sociedad no garantiza mínimos de seguridad y protección social a las personas”. En la entrevista, el académico se refirió al debate sobre los mínimos comunes a partir de las lecciones que nos deja la pandemia y su manejo; al rol que juegan las relaciones laborales en un modelo de desarrollo y a cómo incide la inequidad en la distribución de los ingresos en la paz social. Sobre la pandemia, Abarzúa es claro en señalar que esta ha evidenciado la carencia de un sistema de protección social, y ante esto plantea la interrogante de cómo la sociedad logra garantizar mínimos comunes que permitan dar seguridad a las personas cuando ocurren eventos normales en su vida, como jubilarse o enfermarse, aspectos que hoy día nuestro sistema de protección social no asegura.  Por otra parte, el académico se refiere a cómo se ha manejado la pandemia en el ámbito internacional, y afirma que los países están hablando hoy día de cambiar lógicas de desarrollo. “Muchos países dicen que deben asegurar el autoabastecimiento de determinados productos básicos en contexto de pandemia. Nosotros tenemos que desarrollar lógicas nuevas de cooperación internacional porque este es un problema global. Nosotros todavía como país nos quedamos detenidos en una lógica transaccional sin meternos aún en un problema global”, comenta Abarzúa.  Sobre las relaciones laborales y el rol que juegan en un modelo de desarrollo y en un sistema de relaciones sociales, el investigador del CiPP señala que por lo general se tiende a minimizar las relaciones laborales al nivel individual, como la administración de los contratos, las formas de  pago, etc, pero desde el punto de vista más conceptual, Abarzúa explica que las relaciones laborales son todo tipo de relaciones que se dan entre la empresa y el trabajador y qué es lo que se resuelve allí, es decir, las condiciones de trabajo, y los beneficios que reciben cada una de las partes por el trabajo que se desempeña. El académico también planteó que la paz social solo se consigue con una buena distribución de la riqueza. “Nosotros en Chile tenemos que la mitad, el 50% de la gente que está empleada, recibe ingresos bajo los $500.000. Eso demuestra o explica que hay una mala resolución de los temas de condiciones de trabajo”.  Para escuchar la entrevista completa se puede ingresar en el siguiente link enlace  

Humberto Borges, investigador asociado del CiPP y académico de la UAH, “El crecimiento del país se lo están llevando los grupos que tienen las rentas más altas”.

En su intervención en el Seminario de difusión de la investigación contable CAPIC-USACH, el académico expuso sobre la desigualdad tributaria en nuestro país en  momentos de crisis social y pandemia. Señaló que si se analiza la estructura tributaria del país los últimos años, es posible señalar que Chile está siendo afectado por dos grandes desigualdades, una desigualdad tributaria y una territorial.

A modo de contexto, Borges señala que si bien la CEPAL ha señalado que Chile es el segundo país de la región con menos impacto en pobreza por la pandemia, la pobreza existe y es grave. Ante esto, el investigador explica que la situación social se ha agravado producto de la pandemia, y ha provocado un aumento de los índices de desempleo, muchos de los cuales no se van a recuperar a raíz de la digitalización masiva.

Luego de analizar la distribución de los ingresos tributables por tramo de renta en los periodos 2010, 2013, 2016 y 2019, concluye que los grupos de mayores ingresos han ido aumentando su renta en el tiempo, y son ellos quienes se están llevando el crecimiento del país.

En cuanto a la Desigualdad Territorial, Borges plantea que la población en la Región Metropolitana está teniendo un Ingreso per cápita mayor que el resto de las regiones, y específicamente las más afectadas son La Araucanía y El Maule, y en tercer lugar Valparaíso. “No hay una buena distribución de ingresos entre las distintas regiones del país”, dice. Esto tiene una explicación, y es que la mayor cantidad de rentas se encuentran ubicadas en la Región Metropolitana (67%) y el resto (33%), está repartido entre las regiones restantes.

Concluye su exposición con algunas propuestas, una de las cuales consiste en disminuir el IVA y aumentar el impuesto a las personas. Señala que el IVA es un impuesto muy regresivo, por lo que se debería crear una canasta básica con productos elementales, que considere alimentos, educación y medicamentos afectos a una tasa del 5% (excluyendo los alimentos altos en azúcares y grasas saturadas), mientras los demás productos serían afectados con el actual 19%.

Para poder ver la ponencia completa se puede ingresar en el siguiente link:

  Al examinar cómo los maestros descubren, viven y definen su llamado a enseñar, este estudio cualitativo sobre maestros veteranos en diferentes países de las Américas introduce cinco arquetipos de llamamientos: los oyentes, los mártires, los encarnadores, los constructores y los elegidos. Cada uno de ellos retrata un aspecto particular de la experiencia de tener un llamamiento para enseñar. Las narrativas de estos cinco maestros, aumentadas por los 76 profesores entrevistados que se agrupan dentro de estas narrativas focales, iluminan el poder de llamar y sugieren un replanteamiento del papel de la espiritualidad en el trabajo y la identidad de los maestros. Enlace fuente del artículo: enlace  

Hugo Rojas, investigador asociado del CiPP y académico de la UAH, “La nueva constitución debiera decir expresamente que el Estado de Chile es multicultural y plurinacional”.

El académico participó del webinar “Diálogo Constituyente entre Chile y Canadá: los derechos de los pueblos originarios” realizado en el marco del proyecto denominado “Improving access to civil justice in Latin America”, donde abordó el tema del reconocimiento de los pueblos indígenas en la Constitución de Chile.

Se mencionó un estudio de la Universidad Católica que reveló que el 55% de la población espera que Chile se declare como un Estado multicultural, mientras que un 16% apuesta por la idea de declararlo como Plurinacional. A partir de esto, se plantea la interrogante: en el caso de que se concrete este reconocimiento, ¿en qué términos debiera darse? ¿por qué, cuáles son las opciones y variantes, entre otros elementos?.

Rojas plantea que en el constitucionalismo latinoamericano la terminología que se utiliza no es uniforme, pues en ocasiones se hace referencia a pueblos indígenas, naciones, etnias, comunidades, población indígena, población campesina, entre otras. A raíz de esto, el investigador señala que  sea cual sea la noción que se emplee, ésta tendrá repercusiones jurídicas; porque el Derecho internacional determina algunos estatutos diferentes para cada una de estas categorías; no es lo mismo si se habla de pueblo o de minoría.

Su propuesta, por tanto, es que en la Constitución se diga expresamente “El Estado de Chile es multicultural y plurinacional”. “Uno podría incorporar los dos conceptos en la Constitución”, afirma.

Durante su presentación destaca como un elemento positivo que la sociedad chilena esté empezando a tomar conciencia de la importancia de valorar la diversidad cultural y de reconocer a los pueblos indígenas. Sin embargo, también señala que existe un desconocimiento en cuanto a la verdad de lo sucedido durante siglos que llevamos de República. Señala  que el Estado chileno, además del reconocimiento, debiese crear una comisión de verdad para este tema en particular.

“Si nosotros esperamos que el sistema de justicia estatal considere adecuada y debidamente las costumbres y el derecho consuetudinario de los pueblos indígenas, en la aplicación de la legislación vigente, lo primero que tendríamos que hacer es revisar cómo el derecho estatal se está refiriendo y reconoce el derecho consuetudinario indígena”.

Para revisar el webinar completo, se puede ingresar en siguiente link:

María Paola Sevilla, Cristobal Madero, y Leandro Sepúlveda, investigadores asociados del CiPP: “Volver a clases es solo parte de la solución, se requiere incorporar los aprendizajes de estos 15 meses de pandemia”.

Los resultados del Diagnóstico Integral de Aprendizajes para el conjunto de estudiantes del sistema educativo arrojaron resultados poco sorprendentes en consideración a la pandemia que vivimos: en todos los niveles existen rezagos en los aprendizajes. Un terremoto que afecta a todos (y muy particularmente a los más pobres), y que exige no solo “la vuelta a clases”, sino volver incorporando lo aprendido en estos 15 meses. La pregunta a responder es ¿cuáles son los desafíos futuros que deberían abordarse desde el punto de vista de las políticas públicas de educación y las discusiones y debates que se dan en torno a ellas?

Lo primero es pensar la escuela como un lugar para aprender, pero principalmente para la sociabilidad y el aprender con otros. También centrar esfuerzos en las estrategias de retención de estudiantes en el sistema escolar, toda vez que la crisis económica afectará a muchas familias. Junto a lo anterior, avanzar hacia “un nuevo trato” con el profesorado, reconociendo que sin ellos y ellas, ni la educación a distancia, ni el retorno a la presencialidad es posible. Finalmente necesitamos priorizar esfuerzos en la formación diferenciada técnico-profesional. Posiblemente, estos estudiantes son quienes han sido los más afectados en esta crisis sanitaria, ya que el aprendizaje práctico, tanto en los talleres como en los puestos de trabajo se ha visto interrumpido, sin opción a planes alternativos eficientes.

Fuente: Revista Observatorio Económico FEN-UAH

Carlos J.García, investigador del CiPP y académico de la UAH en Revista Observatorio Económico: “ La defensa sobre la independencia del Banco Central ha estado rodeada de afirmaciones que están lejos de corresponder a un análisis desapasionado, más bien es una defensa cerrada a la autonomía existente …”.

En su artículo, García reflexiona sobre la autonomía del Banco Central y analiza los elementos que, a su juicio, requieren ser evaluados y ojalá cambiados, para que esta entidad sea una institución plenamente acoplada al sistema democrático.

Señala que la defensa sobre la independencia del Banco Central ha estado rodeada de afirmaciones que están lejos de corresponder a un análisis desapasionado, más bien es una defensa cerrada a la autonomía existente, como si la única alternativa a esta fuera volver a una entidad supeditada a las necesidades de financiamiento del Gobierno.

Si bien reconoce que en los años en que ha funcionado esta autonomía en Chile los resultados han sido en general buenos porque la política monetaria fue la adecuada, en ciertos episodios los elementos rígidos heredados del régimen militar han ocasionado importantes problemas que es momento de evaluar y, ojalá, cambiar, para que el Banco Central sea una institución plenamente acoplada al sistema democrático.

¿Cuáles son los pasos que propone el investigador?

Un primer paso es reconocer que nuestra política monetaria ha funcionado con diversos objetivos, inflación y actividad, y en ocasiones también cambiaria.

Un segundo paso es el perfeccionamiento de la autonomía lo que implica modificar la estructura y gobierno del Banco Central para que acople plenamente a la democracia y deje su origen autoritario en el pasado.

Luego de revisar varios ejemplos internacionales, termina diciendo que el tipo de reformas que requiere nuestro Banco Central para fortalecer las conexiones de su autonomía con la democracia son: aumentar formalmente el número de personas involucradas en el proceso de tomas de decisiones, incluido miembros externos; separar las funciones de administración del banco de las decisiones de política; una transparencia y accountability absoluta y finalmente, una rotación más alta de todas las autoridades que toman las decisiones de política monetaria, estabilidad financiera y administrativas.

Para leer su artículo completo, revisa el siguiente link.

Fuente: Revista Observatorio Económico FEN-UAH

Humberto Borges, investigador asociado del CiPP y académico de la UAH, en Revista Observatorio Económico, analiza el crecimiento de los ingresos personales tributables al Impuesto Global Complementario (IGC), en el período 2010-2019, como medida de desigualdad en nuestro país.

El autor busca aportar información al debate nacional sobre la necesidad de realizar cambios en el sistema tributario, como iniciativa para disminuir la desigualdad y paliar los grandes gastos generados por la pandemia del Covid 19.

Para leer el artículo completo, ver el siguiente link.

Fuente: La Tercera

Fabián Pressacco y Federica Sánchez en La Tercera: “El voto obligatorio solamente podrá ayudar a resolver el problema de la baja participación si su implementación se acompaña de estrategias para enfrentar el problema de la desafección política”.

El investigador asociado del CiPP, Fabián Pressacco, junto a Federica Sánchez, ambos académicos de la UAH, publicaron una columna de opinión en La Tercera donde reflexionan sobre el voto obligatorio a partir de la media sanción que este obtuvo en el Congreso, nueve años después de haber sido reemplazado por el sistema de voto voluntario en 2012.

Afirman que la discusión de esta nueva reforma responde en gran medida a los niveles de participación observados en las sucesivas elecciones realizadas en el país con el sistema de voto voluntario.

Sobre la participación en sí, comentan que está sesgada por el nivel socioeconómico de los ciudadanos. “Aquellos individuos con mayores niveles de ingreso y mayor educación suelen votar más que los que pertenecen a sectores socioeconómicos vulnerables”.

El problema de la baja participación se encontraría en que quienes votan y quienes no, son sustancialmente distintos y tienen preferencias diferentes. Un bajo porcentaje neto de participación no sería un problema si este fuera transversal, es decir, representativo. Por ende, una baja participación genera, consolida y reproduce desigualdades políticas.

¿Cuál sería la propuesta? Ambos investigadores plantean que el cambio hacia el voto obligatorio, el cual aseguran es un proceso lento, debe ir acompañado por una estrategia de largo plazo en materia de educación cívica. La obligatoriedad del voto ayudará a resolver el problema de la baja participación sí y sólo sí, a esto se le añaden estrategias para enfrentar la desafección política por parte de la ciudadanía; he ahí la emergencia de la política chilena contemporánea.

Para leer la columna completa se puede ingresar en el siguiente link.