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Pedro Güell en Bío Bío TV, sobre el liderazgo de la presidenta de la Convención, Elisa Loncón
septiembre 2021
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Miriam Henríquez en Bío Bío TV, sobre el caso Rojas Vadem “Pienso que con su sola renuncia a la vicepresidencia no se alcanza a cumplir el estándar de transparencia y probidad que la propia convención se ha fijado”.
En la décima versión del programa VeoVeo Constituyente, los panelistas Guillermo Larraín, economista, Susana Sierra, presidenta Chile Transparente y Miriam Henríquez, investigadora asociada al CiPP y académica UAH, analizaron la semana de la Convención Constitucional. En esta oportunidad se centraron en el hecho ocurrido con el convencional Rojas Vade.
Guillermo Larraín enfatizó en decir que es necesario hacer un esfuerzo por proteger a la convención, ya que esto, argumenta, no es un juego ganado ni para bien ni para mal. “Esta es una institución frágil que depende mucho de quienes estamos interactuando en torno a ella”, dice.
Por otra parte, Susana Sierra, siempre en la línea de la transparencia y la confianza, explica que las instituciones que no cuentan con la confianza se deslegitiman, y si la convención se llega a deslegitimar, puede ser muy grave. Todas las instituciones que tenemos en el país cuentan con una confianza baja.
Miriam Henríquez se refiere a los dos tercios y es clara en decir que no todos están de acuerdo con el quórum de los dos tercios, “se sigue considerando alto para algunos y se pretende cambiar”, dice y continúa. “Hay quienes creen que este quórum se tiene que aplicar de manera estricta. Lo que ocurrió el día jueves es que se fijó que el reglamento de la comisión de participación y consulta indígena, algunas de las partes de este reglamento, tenían que aprobarse por los dos tercios.”
Sobre la discusión y cuestionamientos que se han dado al interior de la convención sobre la regla de los dos tercios, Henriquez explica que se presentan dos situaciones; por una parte se aprovecha la situación, en el buen sentido de la palabra, para cuestionar la regla de los dos tercios, por aquellos que nunca estuvieron a gusto con esa regla; y para interpretar cuándo se aplica la regla de los dos tercios. Entonces, si no estamos discutiendo, dice la académica, sobre normas constitucionales porque estamos discutiendo sobre el reglamento, por supuesto que no caben los dos tercios, salvo que se esté aprobando algo que tenga que ver con las reglas de la votación, explica.
Los panelistas se preguntan cuál debería ser el estándar para juzgar a los constituyentes a partir de cómo se ha abordado la situación del constituyente Rojas Vadem y cómo ha afectado la confianza pública de la convención.
Miriam Henríquez es clara en decir que la situación con Rojas Vadem ha sido muy grave, y se ha traicionado la fe pública. Me preocupa, señala, que esto haya sido calificado como un error, sin embargo, el error es algo involuntario, y aquí estamos en presencia de un montaje sobre una enfermedad que no existía y que fue, de alguna manera, la base de su campaña, por la que votaron más de 19.000 votantes. Pienso que con la sola renuncia a la vicepresidencia de Rojas Vadem, no se alcanza a cumplir el propio estándar que la convención se ha fijado, ellos mismos han dicho que quieren tener un estándar más alto de probidad, de transparencia, de participación, para que la convención trabaje con toda la legitimidad necesaria y que pueda transmitirse a la nueva constitución. Por lo tanto, continúa la académica, si simplemente pensamos que esto fue un error, claramente eso no es admisible, porque se trata de una situación inexcusable.
¿Que tiene que hacer la convención para recuperar la confianza ciudadana, se preguntan los panelistas? Se debe exigir que sean coherentes con el anhelo de alcanzar un estándar superior, señala Larraín.
Mi propuesta, señala Miriam Henríquez, es que la convención tiene que concentrarse en el trabajo que le corresponde. De hecho, esta última semana iba bien porque se iba a votar el reglamento en general, y estarían concentrados en eso. Porque la ciudadanía también cuestiona eso, que se asuman cosas que están al margen de la convención. Por ejemplo, dice, se había señalado que no se iba a votar como una norma reglamentaria lo que tenía que ver con levantar el secreto vinculado con la Comisión Valech. “Yo creo que esa decisión es valiosa, pensando que la ciudadanía espera que la convención se aboque a lo que es fundamental, que es presentar un texto de nueva constitución”, dice.
Finalmente la investigadora asociada al CiPP expone su anhelo para la próxima semana y resalta la importancia de que cuando el pleno nuevamente se reúna, el asunto de los dos tercios esté más decantado para que no ocurra que cuando se tengan que votar las normas en general, o las discusiones en general y en particular, no se vuelva a instalar el tema de qué es por dos tercios y qué no es por dos tercios, concluye Henríquez.
Para poder ver esta última edición puedes ingresar en el siguiente link.
Enrique Rajevic, “En la discusión constitucional tenemos la oportunidad de tejer las bases de un nuevo modelo de empleo público para Chile”.
Enrique Rajevic, investigador CiPP y académico UAH, participó en el Seminario “Reforma al Estatuto Administrativo” organizado por la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF y el Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile.
En la oportunidad, Rajevic realizó un análisis crítico de la situación del empleo público en el país en el marco del Estatuto Administrativo, y delineó aspectos fundamentales que deberían quedar consagrados en el nuevo texto constitucional de manera de avanzar en esta materia.
El académico inicia su exposición con una afirmación: la promesa que contiene la actual constitución sobre la existencia de un servicio público profesional y de carrera no ha funcionado. En esta materia, “el Estatuto Administrativo es una cáscara vacía”.
El Estatuto Administrativo tiene varios problemas, señala Rajevic. Uno de ellos, es la erosión de la carrera funcionaria. Casi el 70% de los funcionarios están contratados bajo la modalidad de “contrata”, y eso implica que no existe obligación de ser seleccionados bajo algún sistema transparente y meritocrático.
La situación de los contratos a honorarios es muy preocupante. Si bien se produjo una disminución de esta modalidad en virtud del programa de traspaso de honorarios a contrata, que consiguió pasar de 49.000 personas el 2014 a 27.000 el 2019, el año pasado se produjo un aumento considerable llegando a 45.000 contratos a honorarios, es decir, las cifras se dispararon nuevamente, afirma el académico.
La calificación de los funcionarios se ha desnaturalizado, no opera ni como un incentivo ni como castigo. El 98% de los funcionarios está en lista 1 de manera permanente, por lo que el sistema no discrimina y no cumple su objetivo. La misma situación ha ocurrido con el programa de mejoramiento de la gestión, PMG.
Otro aspecto que genera dificultades es la negación de los derechos colectivos para los funcionarios públicos, los que terminan siendo tolerados y operan pero con dificultades.
Existe una confusión entre gobierno y administración, y no existen fronteras claras con la política, lo que produce una sospecha sobre cualquier persona que llega con el nuevo gobierno, o bien con aquellos que se van. Se trata de un tema riesgoso para la probidad, reconoce Rajevic, porque promueve el clientelismo, y desalienta la identificación de los funcionarios y funcionarias con el interés general y no con el gobierno de turno.
En definitiva, concluye Enrique Rajevic, no tenemos un buen sistema de empleo público, nuestra rotación es más alta que la del promedio de la OCDE. Y, a nivel de directivos, es escandalosa. Lo que demuestra que la Alta Dirección Pública no ha logrado lamentablemente modelar la promesa que estaba detrás de su creación.
Pero, ¿por qué hemos llegado a esta situación?, se pregunta Rajevic.
Existen varias razones, una de ellas, es que el Ministerio de Hacienda en algún momento, no quería compromisos de largo plazo y le temía al sistema de carrera. Pero tampoco tenemos un modelo alternativo que nos muestre un camino y aún persiste una imagen negativa de la carrera funcionaria.
Sobre el proyecto que el gobierno ha anunciado en esta temática, el académico señala que ya no tiene tiempo para impulsarlo, por lo que la discusión importante en este momento es la constitucional.
“En la discusión constitucional podemos tejer las bases de un nuevo modelo de empleo público para Chile”, afirma el académico.
Hay tres aspectos que deberían quedar consagrados en la nueva constitución, propone Enrique Rajevic.
Lo primero, consagrar de manera nítida el carácter profesional y técnico de la administración pública. Esto debiera operar en los tres niveles territoriales (central, regional y municipal), distinguiendo tres estamentos. Uno de dirección política, de exclusiva confianza; un estamento de dirección pública; y un estamento de funcionarios y funcionarias. Los dos últimos estamentos deberían ser prescidentes de la política, y trabajar bajo la “lógica de la eficacia indiferente”.
Lo segundo, es garantizar el acceso igualitario al empleo público, reconociendo inclusión y paridad, a través de mecanismos que garanticen la concursabilidad.
Y, lo tercero, es reconocer los derechos colectivos para los funcionarios y funcionarias, en coherencia con la idea de “trabajo decente” que ha propuesto la OIT, finaliza el académico.
Para escuchar su ponencia, siga el enlace:
Rafael Blanco, “el control de admisibilidad sobre la prueba resulta crítico para permitir un juicio oral en condiciones razonables, y así cumplir la promesa que se hizo a los ciudadanos cuando se construyeron los modelos de juicio en América Latina”.
Blanco realizó una clase magistral sobre la «Relevancia de la Fase de Admisibilidad Probatoria en el sistema acusatorio» en el marco de la Cátedra Jorge Rosell, una iniciativa conjunta de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales; de la Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología; del Instituto de Estudios Jurídicos de Haragua; de la Universidad de Zulia; de la Universidad de Yacapú y de Universitas Fundación.
A modo de contexto, Blanco explica que, en la actualidad, en América Latina los códigos penales tienen una estructura y conformación normativa similar, todos ellos distinguen cuatro fases: una primera de investigación, una segunda fase intermedia, una tercera de juicio, y la cuarta de ejecución.
Durante su exposición el académico se refiere básicamente a la etapa intermedia, la que explica surge en varios de los códigos con dos objetivos principales.
El primero ha sido controlar la suficiencia acusatoria, es decir, que la acusación del Ministerio Público tenga seriedad y razonabilidad mínima, lo que se ha desdibujado en tanto los estándares de control han sido más bien laxos y burocráticos.
El segundo objetivo es el control de admisibilidad sobre la prueba, es decir, que al juicio no llegue cualquier información o soporte, sino que estos sean objeto de un control previo, específicamente, a través de una audiencia intermedia, de control o preparación del juicio oral. Este segundo objetivo, a diferencia del primero, ha sido la parte fuerte de esta etapa intermedia.
Explica Rafael Blanco que “el control de admisibilidad sobre la prueba resulta crítico para permitir un juicio oral en condiciones razonables, y así cumplir la promesa que se hizo a los ciudadanos cuando se construyeron los modelos de juicio en América Latina”.
Sin embargo, este tipo de juicios han sorteado una serie de dificultades en la región, siendo una de las más importantes, que ha llegado información que los ha ralentizado, los ha hecho excesivamente burocráticos y extensos en el tiempo. De ahí, señala Blanco, la importancia de reflexionar sobre la fase intermedia e intentar descubrir las explicaciones a los problemas que se han originado.
El sistema acusatorio, puntualiza el académico, diseño esta fase intermedia para generar un muro de contención y control sobre los registros que entregan información a la fase de prueba para la decisión en el juicio.
Otro de sus objetivos ha sido permitir el descubrimiento probatorio efectivo para ambos litigantes (fiscales y defensa) como para otros abogados con atribuciones procesales. Esto significa, explica, que todos descubren sus pruebas, tanto para la prueba de cargo como descargo, lo que nos lleva a la idea del “contradictorio”. Este descubrimiento probatorio no es solo una prueba de transparencia, es una condición necesaria para producir confrontación en un juicio, y ejercer y ampliar el principio de contradictoriedad y,a la vez, ofrecer una mejor calidad de información para el juez.
Ante esto, Blanco plantea la pregunta ¿por qué decimos que el juicio es tan complejo y sofisticado? porque el juicio tiene un dispositivo de control de mayor sofisticación que las otras etapas del proceso penal, cada información que ingresa es sometida a cinco dispositivos distintos para controlar su calidad.
El siguiente objetivo de esta fase es garantizar el juzgamiento oportuno, es decir, que no todas las pruebas que las partes pretenden ingresar debieran llegar a juicio, y eso supone mecanismos de control sobre el volumen de información y que existan contornos de tiempo razonables.
Otros aspectos importantes a considerar, señala Blanco es que la audiencia permita evitar que al juicio ingrese prueba ilícita, entendida como aquella que ha sido obtenida con vulneración de derechos y garantías, como también registros de investigación de mala calidad, con información desmesurada, innecesaria o impertinente.
Pero, pregunta el académico, ¿ dónde comienzan los problemas? En los puntos de prueba; en la decisión de qué controlar, como también en el análisis de la pertinencia legal, licitud y fiabilidad de las pruebas.
Es claro en señalar que la laxitud con la que muchos jueces y juezas controlan la prueba que presentan las partes tiene como consecuencia que terminan ingresando al juicio pruebas que no merecieron nunca entrar.
Otros temas en los que el académico identifica importantes desafíos y espacios de mejora se refieren a los testigos de oídas y testigos de carácter o conducta, como también en lo referido a las pruebas periciales. Frente a esto, su propuesta es construir modelos que establezcan criterios y estándares de admisibilidad mínimamente razonables.
En la parte final de su exposición, Blanco señala que todas las construcciones que ha importado América Latina desde los modelos anglosajones y otros, requieren pasar por un cedazo o punto de control que nos permita generar un cuerpo de reglas estables en el tiempo para que fiscales y defensores puedan conocer cómo actuarán jueces y juezas en la etapa intermedia, y de esa manera estar en condiciones de proyectar y hacer proyecciones de sus casos en función de esos criterios.
Por el contrario, si esos criterios de admisibilidad son heterogéneos, poco estables o dependen de cada juez o jueza ante quien litiga, se genera un problema de predictibilidad que es posible encontrar hoy en varios de nuestros países. Es común encontrar fiscales y defensores que no saben cuáles son los criterios que se aplican para admitir o rechazar una prueba.
Entonces, concluye Blanco, tenemos una deuda pendiente en la región con relación a esta etapa intermedia, que como hemos visto es crítica y vino justamente a controlar las malas prácticas de los sistemas mixtos o inquisitivos reformados.
Para que la promesa del juicio sea efectiva, necesitamos mejorar las reglas, estándares y criterios con los cuales hacemos control de admisibilidad probatoria, y eso es una tarea pendiente para distintos actores (academia, sistema acusatorio, etc). Si no lo abordamos, entonces, los sistemas acusatorios de cuatro fases no funcionan, y en eso nos jugamos los derechos y garantías, y los principios según los cuales prometimos mejorar los modelos acusatorios para nuestros países de América Latina, afirma Blanco.
Si quieres escuchar su clase magistral, sigue este enlace:
Crecimiento estancado: desafíos y líneas de acción
septiembre 2021
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Fuente: Observatorio Económico/FEN-UAH
Carlos J. García: Después de la pandemia ¿podrá nuestra economía crecer a tasas que en el mediano plazo nos permitan alcanzar los niveles de desarrollo e ingresos que otras economías registran, como Canadá, Nueva Zelanda, Australia, etc?”
En su artículo “Crecimiento estancado: desafíos y líneas de acción”, publicado en la Revista Observatorio Económico, el investigador CiPP y académico UAH, reflexiona sobre esta pregunta y plantea que los desafíos no son menores, puesto que indicadores señalan que el país saldrá debilitado de la actual crisis para enfrentar este objetivo.
Analiza la situación de nuestra economía en varios aspectos que, según diversos expertos, son determinantes del crecimiento económico: el capital físico, el capital humano y la tecnología, junto a las instituciones y reformas estructurales apropiadas, los que serían vitales para explicar por qué los países son exitosos o simplemente fracasan en sus esfuerzos de alcanzar niveles de ingresos altos.
Señala García que si consideramos la inversión en capital físico y humano en Chile, las cifras son desalentadoras.
La inversión, la primera década de este siglo, medido por el crecimiento promedio trimestral –desestacionalizado, respecto del período anterior, descontando la crisis financiera internacional– fue de 2,7%. En cambio, antes de la crisis de COVID, esta tasa era solo de un 1%.
Por el lado del capital humano, colegios,institutos y universidades han trabajado mayoritariamente on-line por la pandemia, reduciendo su impacto educativo. Peor, la irrupción del trabajo robótico en el mediano plazo probablemente deje aún más atrás a nuestra fuerza laboral.
Agrega que a este escenario negativo se debe adicionar otro elemento no menos traumático: la crisis ambiental. Y propone un sin número de preguntas, sin respuestas exactas:
¿Cómo se verán afectadas las ventajas comparativas con este cambio? ¿Podremos seguir exportando bienes agrícolas que son intensivos en el uso de agua y propios de un clima templado no desértico? ¿Cuánto subirán los precios de los alimentos que importamos? ¿Cuánto subirán los costos de producción el reemplazo de combustibles fósiles? Un sin número de preguntas, sin respuestas exactas.
Como último punto en el análisis de los determinantes del crecimiento, se refiere a las instituciones de nuestro país. Es claro en señalar que reformas solo de mercados no son suficientes.
El remedio que hemos buscado, agrega García, es una nueva constitución, sin embargo, todos sabemos que una de las discusiones de fondo va más allá de redactar esta constitución, sino que incluye los ajustes que debemos hacer al sistema económico y, por tanto, las nuevas instituciones que adoptaremos para impulsar el crecimiento en estos tiempos difíciles.
Concluye diciendo que en vez de una discusión estéril entre mercado y Estado, debiéramos redirigir nuestros recursos escasos a inversiones públicas que aseguren, primero un salto único en nuestro capital humano, para que los más jóvenes puedan acceder a educación superior de muy alta calidad, es decir, una revolución educativa orientada hacia las nuevas tecnologías y a buscar soluciones imaginativas para enfrentar el cambio climático y sortear las restricciones que impondrá.
Segundo, inversión en infraestructura para que nuestra economía
siga siendo competitiva en los mercados internacionales (puertos, carreteras, embalses, nuevas energías, etc.).
Ambos elementos son claves para recuperar el crecimiento de principio de siglo, por el contrario, con una población creciendo a un 1% cada año y sin mejoras en la productividad, nos acercaremos peligrosamente a un equilibrio con menos empleos y más inflación por aumento de costos, termina el académico.
Revisa su columna completa en FEN UAH.
Enrique Rajevic en ChileVisión, “cuando uno entra a trabajar a la administración pública, tiene un compromiso con los ciudadanos/as de este país de hacer bien su trabajo en forma permanente, y no con el ideario de la autoridad de turno”.
El investigador CiPP y académico UAH, fue entrevistado para el reportaje de Chilevisión Noticias titulado «Exigen más transparencia: Polémicos contratos de nuevos alcaldes pese a denuncias de millonarios déficits».
Sobre la existencia de cargos de confianza en el sector público, Rajevic señaló que esta situación genera un mayor riesgo o tentación de transformar al personal de la administración pública en personas que sean leales a una autoridad en particular, y no a la institución.
Si bien reconoce que existe un patrimonio, una ética y dignidad de la función pública que se mantiene, este tipo de prácticas son un lastre que puede afectar que se cumplan.
A modo de recomendación, señala que es necesario modificar el Estatuto legal del empleo público con relación a los cargos de confianza, tanto a nivel municipal y nacional, de modo de garantizar que la regla general sea el ingreso a través de concursos públicos.
Uno esperaría, indica Rajevic, que hubiera una distinción clara entre el gobierno y la administración pública, es decir, entre aquellos que han ganado las elecciones en forma legítima y diseñan las políticas públicas, y aquellos que las implementan.
Es claro en señalar que cuando uno entra a trabajar a la administración pública, tiene un compromiso con los ciudadanos y ciudadanas de este país, de hacer bien su trabajo en forma permanente, y no con el ideario de la autoridad de turno. El principal problema que provocan estas excepciones es que esto se empiece a perder.
Concluye señalando que terminar confiando en el buen o mal criterio de las autoridades, no es razonable. Debemos tener una norma que nos garantice la predominancia del principio del mérito y no del principio de la confianza.
Para ver la nota completa, sigue este link.
Hugo Rojas en Conferencia sobre Memoria y Derechos Humanos: “El país tiene en estos momentos una gran oportunidad para revisar cómo se consagran los DDHH en la nueva constitución y cómo aumentamos su eficacia”.
Hugo Rojas, investigador asociado del CiPP y académico UAH participó en la inauguración de la Tercera Escuela de Memoria y Derechos Humanos, organizada por el Colectivo Memoria UC y la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica (FEUC). En la oportunidad, el investigador ofreció una conferencia sobre los Derechos Humanos.
“Los Derechos Humanos son un asunto demasiado delicado como para que queden exclusivamente en manos de una sola profesión o área del saber”, fueron las palabras de inicio del académico para luego continuar con una serie de ideas explicativas.
Recalcó la importancia de comprender qué son los DDHH, proponiendo como definición que estos aluden a un conjunto de normas, valores y principios que reconocen y establecen derechos que consideramos que son fundamentales, inalienables, inherentes a toda persona independientemente de su raza, de su sexo u orientación sexual; de su nacionalidad, étnia, del idioma que hable, de la religión o creencia que profese; y de cualquier otra visión.
Explicó que su enfoque para abordar los DDHH es aquel que dicta que son un constructo social. “Yo no adhiero a las tesis que sostienen que los DDHH nos son revelados, como si fueran dogmas teológicos o que emanan de esa razón. Yo pienso que son constructos sociales”, dice. Y continúa explicando que estas normas, valores y principios son creados y aceptados por las sociedades y se han generalizado de tal manera que empiezan a influir en el comportamiento de las personas.
En tanto constructo social, la forma en que los DDHH son entendidos, ejercidos, aplicados, dependerá muchísimo del contexto social e histórico en el que van a ser discutidos o invocados. Esta, dice Rojas, es mi mirada, y reconoce que está respaldada por la influencia que tiene de las ciencias sociales.
Destaca que los DDHH son dinámicos, en tanto toda reflexión sobre ellos ha ido evolucionando, y a pasos agigantados, los últimos 70 años. Las sociedades presionan cada vez más para que los DDHH sean reconocidos en todas partes, explica. Y añade que su definición debe ser revisada y actualizada de forma constante “Los DDHH no son dogmas revelados ni están grabados en piedra, por el contrario, se encuentran en constante ajuste por las sociedades que los actualizan”.
Otro punto relevante que menciona Rojas es que los DDHH están reconocidos en los sistemas jurídicos tanto a nivel nacional como a internacional. Logros que provienen del activismo de la sociedad civil, donde actores relevantes han cuestionado lo que se entiende por DDHH con la finalidad de ampliar ese contenido y de ajustarlo, hasta los esfuerzos que han hecho los distintos gobiernos a través de la cooperación internacional, los que han contribuido a que los DDHH hayan alcanzado un estatus de suma importancia para la mayoría de las sociedades alrededor del mundo y en la comunidad internacional. “La idea de que todos nosotros debemos ser tratados con dignidad y respeto, esa idea tiene una resonancia, yo diría, a estas alturas, universal”.
Las conversaciones sobre DDHH suelen ser casuísticas, dice Hugo Rojas, ya que muchas veces las discusiones se realizan a partir de casos concretos y en el caso a caso se va discutiendo cómo se interpretan las normas y de qué forma se pueden ir corriendo las fronteras de lo que en un día se considera como DDHH y quizás, tras los debates, el día de mañana se dirá otra cosa.
Reconoce que si bien la cultura occidental ha aportado mucho a la discusión sobre los DDHH, eso no significa que esta cultura deba seguir siendo hegemónica sobre qué es lo que se entiende por DDHH. En el mundo hay una tensión en contra del eurocentrismo que ha sido hegemónico en la manera en que tienen que ser concebidos los DDHH, puesto que imponer una sola visión respecto de algunas sociedades en desmedro de otros enfoques, también puede ser considerado como una vulneración a los DDHH, argumenta el académico.
Rojas explica lo que se conoce como tridimensionalidad de los DDHH, esto es, las 3 dimensiones potentes de las discusiones sobre DDHH que, siendo distintas, son complementarias: la filosófica, sociológica y dogmática-jurídica.
La dimensión filosófica intenta responder a preguntas como ¿cuál es la base de los DDHH?, ¿por qué tenemos que respetarlos?.
La dimensión sociológica se concentra en el aspecto empírico de los DDHH, y busca responder ¿Cómo se entienden y cómo se utilizan en una sociedad los DDHH? ¿Cómo funcionan en la realidad social esos DDHH que estamos reconociendo y consagrando en el sistema jurídico?; y
Por su parte, la dimensión dogmática-jurídica analiza la normativa de los DDHH y el contenido de las normas donde estos se reconocen y se consagran en los ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales.
Sobre el contexto actual, Hugo Rojas enfatiza la importancia de que los derechos ratificados por Chile sigan teniendo rango constitucional, de modo que ninguna ley o norma de rango inferior pueda contravenirlos. En consecuencia, dice, el país tiene en estos momentos una gran oportunidad para revisar cómo se consagran los Derechos Humanos en la nueva constitución y cómo aumentamos su eficacia.
Finalmente el investigador hace un llamado al mundo educacional a que se busquen diversas maneras de contribuir a que los DDHH sean eficaces, protegidos, respetados, resguardados y consagrados, por ejemplo, en el contenido de los cursos o tesis.
Termina su intervención con una invitación a los y las estudiantes: “Ojalá se animen a dedicar sus vidas profesionales a los Derechos Humanos, vale la pena y le da sentido a la vida”, finaliza.
Para poder ver su conferencia, ingresa en el siguiente link.
Fabian Pressacco e Ignacio Cienfuegos, investigadores CiPP y Felipe Livert, todos académicos de la UAH, publicaron el artículo «Impactos desiguales de las cuarentenas en los ingresos municipales: desafíos en la gestión financiera de emergencia y resiliencia local» en Revista Iberoamericana de Estudios Municipales, 2021.
El texto analiza el efecto de la decisión política de implementar cuarentenas totales en los ingresos municipales, enfatizando el impacto heterogéneo que tuvo a nivel territorial y socioeconómico. El método utilizado para determinar el efecto de la política en el crecimiento de los ingresos propios municipales fue el análisis de datos de panel con efectos fijos combinados.
Los resultados indican que todos los municipios se vieron afectados por la pandemia, particularmente, el impacto de la política a nivel territorial fue mayor en municipios metropolitanos, mientras que, a nivel socioeconómico, las comunas con mayor porcentaje de población pobre tuvieron un menor crecimiento de los ingresos.
A partir de estos resultados, se sugieren medidas de política pública asociadas a la gestión financiera de emergencias, cambios en la institucionalidad local y en las relaciones intergubernamentales.
En la parte final del estudio, los autores señalan que si bien el régimen político municipal vigente garantiza la autonomía municipal como norma constitucional, se trata de una autonomía acotada que se expresa en tres ámbitos.
En primer lugar, los municipios no tienen atribuciones para participar en los procesos de decisiones sobre temas relevantes y que afectan sus funciones o la calidad de vida de la ciudadanía local.
En segundo lugar, el sistema de financiamiento de los municipios reconoce muy poco margen de maniobra para que los municipios generen nuevos tipos de ingresos, o puedan modificar las tasas asociados a distintos tributos; tampoco tienen la posibilidad de endeudarse salvo a través de una ley aprobada en el Congreso.
Y, tercero, en lo que respecta a las crisis, el sistema no considera una institucionalidad para enfrentar este tipo de situaciones.
En este contexto, señalan, las transferencias asociadas a desastres debieran estar supeditada a criterios objetivos de manera de reducir la discrecionalidad y el sesgo partidista en la distribución de recursos.
Para conocer la publicación, sigue el enlace: Impactos desiguales de las cuarentenas en los ingresos municipales: desafíos en la gestión financiera de emergencia y resiliencia local
Eduardo Saavedra, director académico del CiPP-UAH, realizará asesoría técnica al recién conformado “Comité para la Fijación de Límites a las Tasas de Intercambio”. En su elección, se consideró sus conocimientos y experiencia en materias de libre competencia y regulación de tarifas, y conocimiento del funcionamiento del mercado local”.
La elección de Saavedra, “se realizó considerando factores tales como los conocimientos y experiencia en materias de libre competencia y regulación de tarifas, conocimiento del funcionamiento del mercado local y disponibilidad inmediata para realizar un trabajo en los plazos exigidos por la Ley. Asimismo, se consideró especialmente relevante su experiencia como Ministro del TDLC y la ausencia de conflictos de interés con las partes involucradas en el proceso”, dice el acta de la sesión.
El Comité para la Fijación de Límites a las Tasas de Intercambio, creado por la Ley N° 21.365, es un órgano de carácter técnico y autónomo, que se relaciona con el Presidente de la República a través del Ministerio de Hacienda. La instancia, según publica este Ministerio, realizó su primera sesión el 6 de agosto de 2021 y en ella acordó trabajar con sentido de urgencia, iniciar el proceso para determinar límites a las tasas de intercambio, y contratar una asesoría técnica que contemple, entre otras materias, la caracterización del grado de desarrollo de Chile respecto a los medios de pago en general y de las tarjetas de pago en particular, un análisis detallado de las posibles metodologías para calcular límites a las tasas de intercambio, y la aplicación de las metodologías analizadas considerando las particularidades encontradas en el caso de Chile.
Sus miembros titulares son: Hugo Caneo Ormazábal, designado por el Ministerio de Hacienda y quien preside el Comité; Catherine Tornel León, designada por el Banco Central y quien es vicepresidenta por el plazo de un año; Carolina Flores Tapia, designada por la Comisión para el Mercado Financiero; y Gastón Palmucci Sclerandi, designado por la Fiscalía Nacional Económica.
Su función principal es determinar los límites a las tasas de intercambio (TI) aplicables a transacciones con tarjetas de pago, entre emisores y operadores, correspondientes a la venta de bienes o la prestación de servicios por entidades afiliadas en el país, sea que los pagos respectivos se realicen en forma directa o por intermedio del respectivo titular de marca de tarjetas.
Lo que se persigue es establecer condiciones tarifarias orientadas a la existencia de un mercado de tarjetas de pago competitivo, inclusivo, transparente y con fuerte penetración, y que asimismo considere el resguardo del eficiente y seguro funcionamiento del sistema de pagos minoristas.
Saavedra es ingeniero comercial de la Universidad de Chile, magíster en Economía de la Universidad de Georgetown (EE.UU.) y doctor en Economía de la Universidad de Cornell (EE.UU.). También fue ministro titular del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) entre 2014 y 2020, y actualmente es profesor asociado de la Universidad Alberto Hurtado, director académico del CiPP y ha sido consultor de empresas y organismos públicos, nacionales e internacionales, en materias de libre competencia y regulación de tarifas.
Humberto Borges en seminario sobre la Difusión en la Investigación Contable, CAPIC: “El SII debe tener una nueva estructura, con más dotación, acorde al momento y desafíos actuales”.
El pasado jueves 26 de agosto el investigador asociado al CiPP y académico UAH, Humberto Borges, participó en el Seminario Internacional de Difusión en la Investigación Contable CAPIC organizado por la Universidad de las Américas. En la oportunidad el investigador realizó una ponencia que tituló “Cambios tributarios propuestos por los candidatos presidenciales y efectos en las pymes”, que se centró en los tres grupos que hicieron primarias o consulta ciudadana.
Es claro en decir que hoy enfrentamos una situación no sólo con pandemia sino que falta de recursos por parte del Estado.
En cifras concretas, Borges explica que se invirtieron $5,5 billones, equivalentes a un 2,77% del PIB, y el presupuesto del Gobierno era de $2,9 billones, un 1,46% del PIB. El mayor aumento del gasto destinado a paliar los efectos de la pandemia, se financió en un 58% mediante reasignaciones de los presupuestos de diversos ministerios, servicios y otros órganos públicos. Y el 41,5% restante con recursos adicionales. “Hay muchos recursos públicos que se han perdido o se han tenido que invertir apresuradamente dada la situación de pandemia, para recuperar empresas; la salud; entre otros problemas”, explica Borges.
A raíz de esto y en términos internacionales, hace una comparación con la OCDE destacando tres puntos relevantes en donde existen diferencias marcadas: seguridad social, impuesto sobre la renta de individuos y el IVA. Explica que al ser Chile un país parte de la OCDE deberíamos intentar minimizar la brecha en cuanto a cifras.
Si hablamos de las propuestas que han realizado los candidatos, dice, surgen seis puntos importantes a analizar: Impuesto al patrimonio; IVA Diferenciado; Royalty Minero; Norma general Anti – Elusión e Impuestos Verdes.
En su exposición, analiza cada una de estas propuestas, señalando algunos pro y contra a tener en cuenta, y realiza algunas propuestas.
Sobre el Impuesto Patrimonial, señala que surgen problemas al calcular la base patrimonial, pues no hay información, y recuerda que los candidatos en los debates de las primarias señalaron que no existe información en los ministerios, que es donde se podrían encontrar datos del patrimonio de las personas. El patrimonio que se propone se estima que será de US $5 millones, como base, desde ahí hacia arriba se cobraría. Frente a esto señala, “Si se llega a calcular bien la base patrimonial, no se afectaría a muchas personas en el país”, dice el investigador. Explica, además, que es importante considerar el concepto de los “súper ricos”, pues si corresponde sobre 5 millones de dólares, sería un grupo muy pequeño el que se vería afectado. “Yo no estoy de acuerdo con esa visión. En cambio sí con un impuesto muy parecido al que ahora se está estableciendo, aunque también esperaba que para una parte de las empresas este aumente a un 302%, dice.
En cuanto al Royalty Minero explica que se está estableciendo la idea de que sea un 3% progresivo, en términos de toneladas de cobre o litio ya producidas. La alternativa es que sea un 3% fijo, pues al ser progresivo haría más complicado los cálculos y no incentivaría a que se haga bien el trabajo con las toneladas.
Respecto a la norma anti elusión, indica que existen dos puntos de vista: en 2017 el ex director del SII, Michel Jorrat, dijo que existe una evasión del 5,5%. Esto es grave, dice, porque es una cifra alta y se debe disminuir. Por otro lado, nos encontramos con la situación actual, la desintegración de los tributos, que por un lado podría ser positiva, pero también hay que recordar que existe una desintegración mediana que afectó al impuesto global.
Con respecto al IVA diferenciado comenta que se trata de un impuesto muy regresivo. Crear una canasta básica con productos elementales como alimentos, educación y medicamentos, afectos a una tasa del 5% (excluyendo alimentos altos en azúcares y grasas saturadas), en el caso de los demás productos serían afectados con el actual 19%. La recaudación del IVA producirá un mayor ingreso directo a las personas de escasos recursos. Si se aplica sólo a los alimentos saludables en 10 años disminuirían los costos de salud por diabetes, obesidad y algunos cánceres, dice Borges.
Finalmente menciona el Impuesto Verde y aclara que en Chile existe solo para los automóviles nuevos, livianos y medianos, dependiendo de su rendimiento urbano. Pero no existe una política completa sobre los efectos del CO2 ni se visualizan otras formas de impuestos, que podrían ir contra las empresas o, por otro lado, dejar de lado los impuestos.
A modo de síntesis, Borges señala que con todas estas medidas analizadas se generarían efectos tanto para las empresas como para las personas naturales. En cuanto a los primeros, indica el royalty minero, los impuestos verdes, la desintegración y norma general anti elusión. Mientras que, para las personas, se le suma el impuesto al patrimonio y el IVA diferenciado.
Para cerrar, el investigador hace tres críticas generales: en primer lugar, dice que estas no son propuestas que integren crecimientos en regiones, igualdad y apoyos ecológicos. Segundo, que las políticas no están interrelacionadas con un cambio cultural y social (lo que explica el estallido social). Y finalmente, es claro en decir que se requiere de una modernización del Estado. El SII debe tener una nueva estructura, con más dotación y también capacitar. “Pero lo que más necesita, enfatiza, es tener una estructura acorde al momento y desafíos actuales”.
Para poder ver su ponencia completa puedes ingresar en el siguiente link.
Hugo Rojas en seminario “Estándares internacionales para la reparación de víctimas de violencia estatal”: “Es necesario discutir cómo el Estado de Chile va a reparar a las víctimas del estallido social”.
Este jueves 26 de agosto se realizó la segunda sesión del Ciclo de Diálogos VioDemos organizado por el Instituto Milenio para la Investigación en Violencia y Democracia. El impulsor de esta iniciativa, Hugo Rojas, investigador asociado al CiPP y académico UAH, explica que “el seminario debería contribuir a la reflexión sobre las medidas y mecanismos que se debieran implementar en Chile para reparar a las víctimas de las violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del estado durante el estallido social de 2019”.
En esta oportunidad, las exposiciones estuvieron a cargo de Antonia Urrejola, Presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Fabián Salvioli, Relator Especial de Naciones Unidas sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, y Gonzalo Aguilar, Profesor de derecho internacional y constitucional en la Universidad de Talca.
Hugo Rojas señala que “en esta discusión se debe considerar la naturaleza diversa y la complejidad de los daños sufridos por las víctimas. Es importante discutir el alcance de las medidas de reparación que se propongan, su completitud, coherencia y exhaustividad, de modo que la amplia gama de daños provocados sea adecuada y oportunamente cubierta”.
Además, agrega que generar este tipo de discusiones es importante y también oportuno ya que es imprescindible que se discuta de manera pública cómo el Estado de Chile reparará a las víctimas del estallido social de 2019; cuáles deberían ser las medidas a adoptar a favor de quienes se vieron afectados en sus derechos fundamentales; y cómo se tendrían que implementar en el corto y mediano plazo.
Para poder ver esta segunda sesión del ciclo de diálogos, puedes ingresar en el siguiente link.
Reinserción escolar para niños, niñas y jóvenes
agosto 2021
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Fuente: El Mostrador
Cristóbal Madero en El Mostrador, sobre el Proyecto de Ley que establece un sistema de subvenciones para la modalidad educativa de reingreso: “Más allá de las razonables dudas, no hay más tiempo que perder”.
En su columna de opinión en El Mostrador, Madero plantea una reflexión sobre el proyecto de ley que establece un sistema de subvenciones para la modalidad educativa de reingreso, en tramitación en el Congreso desde junio de este año.
Las cifras que entrega son alarmantes. Existen en nuestro país más de 186.000 NNJ (Mineduc, 2020) que no han completado los niveles obligatorios de la escolaridad y no se encuentran matriculados en ningún establecimiento educacional. De este total, al año 2020, 99.872 NNJ entre 12 y 21 años no se encontraban matriculados en establecimientos educacionales, ni habían egresado de cuarto medio y llevaban dos años o más fuera del sistema escolar.
Sostiene que en un sistema educativo altamente segregado como el nuestro “no son pocos quienes pueden ver con sospecha esta modalidad pues persiguiendo un fin justo, aumentaría dicha segregación”.
Entre varios puntos relevantes, el investigador del CiPP, señala que en cuanto al respeto al derecho a la educación vulnerado de estos NNJ, no hay más tiempo que perder y esta ley sirve a ese propósito.
Además destaca que la modalidad no consiste en la creación de escuelas de reingreso aisladas, sino de una subvención a programas diversos, que considerando la edad y años de rezago de los NNJ, busquen el recompromiso con (reinserción a la educación regular), y el reingreso al (aulas o espacios de reencuentro educativo) sistema educativo.
Fuente: La Tercera
Miriam Henriquez en La Tercera, sobre la propuesta de reglamento presentada por la Comisión de Reglamento de la Convención Constituyente “Esta primera propuesta, disipa las dudas iniciales“.
Henríquez publicó en La Tercera una columna de opinión donde argumenta que, en tiempo récord, la primera propuesta de reglamento presentada por la Comisión de Reglamento de la convención constituyente disipa las dudas iniciales sobre la capacidad de este órgano de cumplir con el mandato entregado por la ciudadanía y plantea mecanismos para un texto constitucional coherente.
¿Cuáles son los “riesgos” de que las y los convencionales no sean expertos en asuntos constitucionales o no tengan experiencia en la redacción de una norma jurídica? ¿Cuáles son las posibilidades y consecuencias de que el borrador de Constitución sea un texto incoherente? Estas y otras preguntas, señala Henríquez, inquietaron a los electores en el plebiscito de apertura al momento de decidir por el órgano constituyente, pero sobre todo en las elecciones de las y los integrantes de la Convención Constitucional.
Señala que en la primera propuesta de reglamento se plantean una serie de mecanismos que van desde principios rectores, lineamientos, un número acotado de comisiones temáticas, debates y votaciones sucesivas.
Destaca, dentro de los principios rectores, el de la “coherencia”, el que incluso queda garantizado a través de un órgano especialmente encargado de hacer consistente el texto constitucional: la Comisión de Armonización.
Para leer su columna completa, sigue este link.
Taller de expansión habitacional en Zonas Rurales: Causas, Consecuencias y Alternativas
agosto 2021
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Enrique Rajevic, investigador CiPP y académico UAH, en Taller sobre Expansión Habitacional en Zonas Rurales: “Se debe evitar legislar en estas materias a través de parches y buscar un enfoque integral”.
Rajevic expuso en en el Taller “Expansión Habitacional en Zonas Rurales: Causas, Consecuencias y Alternativas”, organizado por la Comisión de Vivienda y Urbanismo del Senado, donde planteó la importancia de evitar ir legislando en estas materias a través de parches y buscar un enfoque integral que cautele que el desarrollo de los asentamientos humanos sea sustentable.
El académico planteó que los planes son la contención y la regulación de dónde se puede construir. En esta línea, explica que las posibilidades de usar el suelo rural son cuatro: construcciones que sean compatibles; subdivisiones y urbanizaciones para ciertas finalidades como un complemento para la industria, equipamiento, turismo, entre otras; construcciones que no contemplen procesos de subdivisión y finalmente equipamientos de salud, educación, seguridad y culto con carga de ocupación inferior a 1000 personas.
Además, explicó que fuera de los límites urbanos establecidos no se puede abrir calles, subdividir para formar poblaciones ni levantar construcciones.
Todo esto, argumenta, responde a una lógica del sistema que busca preservar el suelo rural del desarrollo urbano y así destinarlo a fines que mantengan su carácter, como lo agrícola, ganadero o forestal. Esto debido a que posee un valor intrínseco para la producción alimentaria, por las economías de escala que requieren las redes y exigen urbanizar, lo que desaconseja diseminar los asentamientos humanos. Cierra esta idea añadiendo que el área rural no tiene plan, y su uso se controla con autorizaciones caso a caso.
Para concluir, el investigador cierra con algunas ideas legislativas proponiendo regular el uso “urbano” del suelo rural de un modo integral y no anecdótico. “Me parece que permitir la aplicación de la ley 19537 va en sentido contrario a eso, pues no se hace cargo del problema general, sería dar una señal equívoca a la sociedad”, dice. Y continúa refiriéndose a la modificación de la ley 20.234; “yo diría que el gran problema aquí es equilibrar cómo solucionamos los casos que necesitan ser regularizados con una mirada a futuro que evite tener que seguir y seguir regularizando. La pura regularización promueve que haya más casos a futuro, porque quiere decir que al final lo voy a lograr. Además de permitir regularización hay que abordar el tema integral con una serie de medidas que eviten la señal que esto se pueda seguir haciendo”, concluye.
Para poder ver su presentación puedes ingresar en el siguiente link a partir del minuto 03:47:59:
Cristóbal Madero, investigador CiPP y académico UAH, “La nueva Ley de subvención especial para la modalidad de reingreso, actualmente en tramitación, viene a hacer justicia a niñas, niños y jóvenes que han sido excluidos del sistema escolar”.
Una nueva modalidad de reingreso escolar fue aprobada en febrero pasado por el Consejo Nacional de Educación. A dicha modalidad le sigue una ley de subvención especial que estos días se tramita en la Cámara de Diputados. Se trata de una modalidad y una subvención que vienen a hacer justicia a niñas, niños, y jóvenes que han sido excluidos del sistema escolar. Financiar aulas de reingreso y una serie de dispositivos ajustados a este tipo de estudiantes es el fin de esta política pública. Si bien se le podría acusar de estar segregando un sistema ya altamente segregado, eso está lejos del espíritu y la letra de la ley. Para asegurar el derecho a la educación de estos estudiantes, no hay más tiempo que perder.»
Miriam Henríquez en Bío Bío TV: “La convención debe trasladarse hacia las personas que quieran manifestar sus opiniones. Los convencionales deben hacer un momento de trabajo territorial”
Esta cuarta edición del programa VeoVeo Constituyente emitido por Bío Bío TV del que Miriam Henríquez y Pedro Guëll, investigadores CiPP y académicos UAH, son panelistas permanentes, tuvo como invitados al escritor Álvaro Bisama, a la actriz y dramaturga Andrea Gutiérrez y al economista Guillermo Larraín.
El tema principal de la conversación fue el interés por parte de la ciudadanía de estar presentes en el proceso constituyente. Álvaro Bisama señaló que seguir la convención se ha convertido en una rutina, estar pendiente a través de las redes sociales, de las noticias, la prensa, programas de televisión, etc. En esta línea, Miriam Henríquez destaca este interés en mantener un seguimiento al trabajo de la convención y resalta el hecho de que con el voto obligatorio, el interés de la ciudadanía no decaiga.
Otros puntos a resaltar fueron los que expusieron Andrea Gutiérrez y Guillermo Larraín. La primera comentó que la convención ha eclipsado el mundo político para bien y para mal. Por su parte el economista valoró el hecho de que seres humanos que no se conocían, que no tenían nada en común, pero que sin embargo sí los tienen, sean capaces de construir cosas en conjunto.
Miriam Henríquez planteó que le llamaba la atención que en esta primera etapa de la convención la participación haya tenido que ver fundamentalmente con instituciones vinculadas a centros de estudios o a las universidades. “Yo veo un desafío para la convención de poder abrir las puertas a la sociedad civil, justamente para que se puedan involucrar y no solamente escuchar”, dice.
Andrea Gutiérrez comenta que la constituyente ha permitido conocer de cerca el voto de la ciudadanía, no así como ocurre en la política convencional donde no se puede hacer un seguimiento real de la carrera política que hace cada persona, pues lo que se sabe es lo que los medios convencionales filtran. En la constituyente eso no pasa, agrega.
En esta misma línea, Henríquez es clara y enfática en decir que la convención debe trasladarse hacia las personas que quieran manifestar sus opiniones. Los convencionales deben hacer un momento de trabajo territorial, porque así también se hace una rendición de cuentas; la convención debe salir a las regiones, a las provincias. Es indispensable. Finaliza.
Para poder ver el programa completo puedes ingresar al siguiente link,
Segundo Coloquio CiPP: «Derecho a la comunicación: ¿debe ser la democratización del espacio público un tema en la nueva constitución?».
Este jueves 6 de agosto se realizó el segundo coloquio organizado por el CiPP-UAH. En esta oportunidad, Ximena Orchard y Amaranta Alfaro, ambas investigadoras del CiPP y académicas UAH, fueron las encargadas de exponer el tema del encuentro. Luego, Pedro Güell, también investigador del centro, realizó un comentario a partir de su exposición.
El objetivo de este coloquio, en palabras de las investigadoras, es generar un espacio de diálogo en torno al tema del derecho a la comunicación y el espacio público en un contexto de mayor visibilidad de ambos temas en la discusión pública, particularmente en los últimos meses, lo que ha provocado que trascienda los públicos habituales que discuten estos temas, generando una ventana de oportunidad. Creemos, señalan, que el tema del derecho a la comunicación seguirá en el debate público y su discusión va a requerir del involucramiento de distintos actores desde una mirada de política pública interdisciplinaria.
La presentación realizada por las investigadoras enuncia algunos puntos de interés dentro de un tema que se reconoce amplio y complejo. Se presentan algunos de sus componentes fundamentales y cómo el tema ha sido discutido desde los estudios sobre comunicación y medios. Señalan que se trata de una temática relevante desde su disciplina que ahora demanda una mayor interdisciplinariedad, sobre todo en un escenario donde el tema se ha puesto en la agenda pública, lo que abre una oportunidad para la reflexión y el aporte que el CiPP puede hacer.
¿Qué factores explican que el tema del derecho a la comunicación se haya puesto en la agenda pública del país y por qué resulta relevante discutirlo? es la interrogante que las académicas plantean como provocación inicial de su exposición, señalando que existen explicaciones contingentes y otras más permanentes.
En lo coyuntural, explican, hay dos hitos clave que generan un clima propicio para esta discusión: las elecciones presidenciales, en tanto algunos de los candidatos han hecho propuestas al respecto; y el propio debate constitucional, donde ya se escuchan voces que han planteado que el tema del derecho a la comunicación debiera quedar consagrado en el texto constitucional.
En lo más permanente, el tema se visibiliza por las distintas crisis de representación que vive nuestra sociedad, que se expresa en indicadores como la baja confianza en las instituciones, incluidos los medios de comunicación, junto a mayores niveles de escrutinio ciudadano.
En cuanto a la organización del sistema de medios de comunicación en nuestro país, son claras en señalar que existe un diagnóstico, ampliamente discutido en la literatura, que lo caracteriza con un déficit de pluralismo y democracia, un sistema completamente privado, y con problemas de concentración de propiedad en algunas industrias, junto con una crítica a la falta de pluralidad de los actores que son visibilizados, la poca diversidad de contenidos y una relación cercana entre los grandes medios y el poder político y económico.
Existe, en este sentido, un anhelo de visibilidad de distintos grupos que se ha expresado en un mayor interés sobre el tema del derecho a la comunicación en la sociedad.
Para entender mejor el concepto del que estamos hablando, Ximena Orchard explica que el Derecho a la Comunicación es un concepto que refiere a la necesidad de ajustar la comprensión, promoción, y protección de los derechos asociados a la comunicación a una perspectiva de derechos humanos, en el entendido que el ejercicio efectivo de estos derechos es esencial para la convivencia democrática.
Al mismo tiempo, es posible afirmar que este tema ha sido fruto de una batalla teórica y política que tiene cuatro décadas de desarrollo y es muy fuerte en nuestro continente.
De alguna manera, el tema del derecho a la comunicación recoge diversas agendas que buscan enfrentar las inequidades de acceso al espacio público, explica Orchard.
Por su parte, Amaranta Alfaro, contextualiza la situación el tema a nivel latinoamericano, entregando algunos datos como que los sistemas nacionales de medios de comunicación de la región comparten características distintivas. Destaca que el modelo de libre mercado ha dominado históricamente los sistemas de medios de comunicación en la región, esto como herencia de la privatización y transnacionalización de los años 80 y 90; existe un pluralismo limitado y políticas “capturadas por las élites económicas y políticas”, en lugar del bien público.
Comenta que en la región, es típico que un puñado de empresas controlen la mayoría de las licencias y atraigan la mayor parte de la publicidad de los medios; actualmente están experimentando una nueva era de reformas políticas en el área en la región.
Explica que el año 2004 fue donde se comenzaron a vivir modificaciones fundamentales a nivel de la región. Como por ejemplo el hecho de que haya lugar a nuevas funciones de los medios estatales y de los medios comunitarios, alternativos e indígenas. Hay además un foco en el sector audiovisual. Ambos puntos responden a un contexto de convergencia tecnológica y de crisis política. A modo de ejemplo exponen los casos de México, Uruguay y Argentina, países que cuentan con leyes que responden al pluralismo en medios.
Sobre el debate constitucional, las investigadoras plantean la interrogante: ¿qué significa que el Derecho a la Comunicación tenga estatus constitucional? su visión es que esto podría implicar establecer obligaciones explícitas en diversos ámbitos del conjunto de derechos, desde el acceso a la información pública, hasta la disponibilidad de herramientas que promuevan de manera efectiva la libertad de expresión y de opinión de prensa, entre otros potenciales compromisos para poder “igualar la cancha comunicacional”. En cualquier caso, concluyen, nos parece necesario que se realice un debate amplio sobre el tema.
Por su parte, Pedro Güell, junto con valorar y coincidir con el enfoque de fondo planteado por las expositoras, señala que en las últimas décadas ha habido un estancamiento en dos frentes importantes relacionados con el derecho a la comunicación. Por una parte, la experiencia dura de la censura y la persecución de los periodistas durante la dictadura; y por otra parte, una industria de información y comunicación que está completamente privatizada, hiperconcentrada, y es unilateral cultural e ideológicamente.
En su comentario, se refiere al contexto político en que la discusión sobre el derecho a la comunicación debería situarse como elemento de fortalecimiento de la democracia; cómo este podría inscribirse en el texto constitucional y cuál podría ser una contribución a hacer desde el CiPP.
También se refiere al espacio público exponiendo que para él esto significa “el lugar del procesamiento colectivo de sentidos y acuerdos, que está referido a cómo organizamos la vida en común, es decir, el lugar donde los individuos generan una forma de conversación, de relación que permite hacerse cargo de compartir lo común”.
Señala que la discusión sobre el derecho a la comunicación debe darse desde la perspectiva de los derechos colectivos, poniendo el centro en la calidad del espacio público como derecho colectivo.
Sobre lo constitucional, se pregunta, ¿puede un texto constitucional definir normas sobre el espacio público? Reconoce una paradoja, porque mientras más detallado es un texto constitucional más delimitado es el campo de lo políticamente debatible. Lo que ocurre en sociedades como la nuestra es que al no confiar en nuestro espacio público podemos querer detallar todas las reglas en la constitución.
Finalmente, sobre el aporte que el CiPP puede hacer en este tema, afirma que el espacio público está metido dentro de las políticas públicas, es decir, es una temática transversal a todas ellas.
Para poder ver el segundo coloquio CiPP, ingresa al siguiente link:
