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Humberto Borges, investigador CIPP y académico UAH, sobre la Pensión Garantizada Universal (PGU) propuesta por el Gobierno de Sebastián Piñera: Es un cuchillo de doble filo para el próximo gobierno.
Humberto Borges, investigador CiPP y Director del Diplomado en Gestión Tributaria de la Facultad de Economía y Negocios de la UAH, fue entrevistado por el equipo CiPP para conocer su visión sobre el financiamiento de la Pensión Garantizada Universal propuesta por el gobierno de Sebastián Piñera. Conoce aquí sus opiniones.
Pensión Garantizada Universal: un cuchillo de doble filo para el próximo gobierno.
El Presidente Sebastián Piñera desea financiar la Pensión Garantizada Universal (PGU) con cosas fácilmente aprobables que no provocarán una gran discusión en el Congreso, pero que no subvencionan totalmente esta iniciativa. Así lo sostiene Humberto Borges, investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas de la Universidad Alberto Hurtado (CIPP).
El académico sostiene que el gobierno de Gabriel Boric deberá enfrentar grandes batallas como tratar de modificar las exenciones gravitantes que posee el gremio de los camioneros y el mundo agrícola, lo que le permitiría tener un financiamiento para la Pensión Garantizada Universal (PGU) y tapar el agujero que provocaron los retiros de las AFP para las pensiones futuras. “Es como tomar un cuchillo de doble filo, donde te vas a cortar de todas maneras, por un lado, si discutes algunos impuestos tocarás a grupos que van a luchar contra ti y si no apruebas la Pensión Garantizada Universal será un golpe para aquellas personas que tienen pensiones muy bajas y esperan este beneficio social”, asegura Borges.
Lo que está sucediendo con el financiamiento de la Pensión Garantizada Universal (PGU) es que va a golpear al gobierno entrante, dice el investigador. Esta forma de financiamiento no lo dejará con capacidad de maniobra para seguir con otras políticas asociadas a temas sociales como el término del CAE, modificaciones al tema medio ambiental y otros.
El académico es partidario de la Pensión Garantizada Universal (PGU) porque la política de pensiones, basada en las AFP, y los retiros del 10% hoy no están cubriendo a todas las personas, dejando a un importante número de la población con pensiones mínimas, por lo que, para Borges, financiar estas jubilaciones con impuestos o aportes estatales es totalmente justificable.
En el financiamiento, el especialista en tributos, apunta a las exenciones de instrumentos de capital, como las acciones, y también en tomar en cuenta otras exenciones, como las que poseen los DFL2 que benefician a un grupo importante de contribuyentes. “Hay personas que compraron varias viviendas para arrendar y no pagan impuestos, esa es una exención que si debe cambiarse”, señala Borges. Por otro lado, hay que tener mucho cuidado con la aprobación del impuesto a los super ricos, porque si se usa una base muy baja para cobrarlo se pueden cometer errores como fue el caso de España u otras naciones, donde la base es muy baja por lo tanto existe escape de inversiones o traspaso de riqueza entre familiares, para arrancar de los impuestos. Será una buena opción, pero siempre que esté bien acotada. Si son montos altos cercanos a US $5 millones, cantidad más alta que otros países, corresponde a un monto razonable, declara el experto.
Humberto Borges, destaca que ninguno de los gobiernos de derecha o centro izquierda han abordado las exenciones de sectores intocables que poseen grandes patrimonios y que pagan impuestos bajos con el cálculo de rentas presuntas. “Las empresas de transportes (fletes) que son los camioneros y las del sector agrícola. Sin embargo, nadie quiere colocarle el cascabel al gato porque eso significa pelearse con gremios fuertes”, comenta el docente.
El investigador es claro en la manera que debería financiarse la pensión garantizada universal. Se debe recurrir a las exenciones que él denomina “malas» o “dañinas” porque han permanecido en el tiempo y no responden a una situación determinada. Por ejemplo, se pueden entregar exenciones o ayudas a algunos sectores por causa de la pandemia y por un tiempo limitado. “Si yo quiero darle un beneficio a una industria debe ser momentánea, ya que es por una crisis, como el caso del turismo durante la pandemia actual”, concluye el académico.
Carlos García, investigador CiPP y académico UAH, en El Mostrador sobre programa económico de Gabriel Boric: “Es un programa moderado, en gran parte gradual y coherente”.
Carlos García, académico e investigador asociado al Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP), publicó el pasado 2 de enero en el medio El Mostrador, una columna de opinión en la que analiza algunos elementos del programa económico del presidente electo, Gabriel Boric.
García parte su columna aclarando que si bien no es partidario de Boric, su columna apunta, entre otras cosas, a desmitificar el programa económico en ciertos temas sensibles.
En primer lugar menciona las pensiones; y explica que todos aquellos que quieran seguir en su AFP podrán hacerlo; el programa del presidente electo propone un sistema que reemplaza a las AFP pero en parte. Hay un pilar no contributivo que asegura una pensión básica de 250 mil pesos y otro contributivo con los ahorros de los pensionados; Sobre la salud se propone un sistema universal, explica, que asegure mejores condiciones de salud y para quienes deseen asistir a clínicas privadas, existirán seguros complementarios voluntarios, siguiendo la lógica de las Isapres.
Sobre los impactos tanto negativos como positivos que podría generar el programa sobre la actividad y la inversión, el investigador es tajante al decir que no generarían impactos negativos, “el propio programa es lo suficientemente claro para que cualquier persona medianamente instruida se dé cuenta de que los temores de acabo de mundo son infundados”, dice. Y continúa: “es un programa moderado, en gran parte gradual y coherente. Muchas de estas iniciativas se encuentran en libros y artículos de autores connotados a nivel internacional. Por ejemplo, recomiendo revisar el último libro de Minouche Shafik directora del London School of Economics que por lo demás está lejos de ser considerada una marxista ortodoxa ni mucho menos”.
García menciona un peligro en todo esto: las expectativas. Explica que muchas veces no leemos los programas, por el contrario, nos centramos en informarnos a través de las redes sociales, debates en los que se cometen errores, propaganda electoral descalificadora, noticias infundadas, comparaciones odiosas con otros países, entre otras. Por todo esto, explica García, es importante que el próximo gobierno cuente con un equipo económico de primera, y que por sobre todo sea creíble: “Es vital que pueda comunicar de manera simple pero contundente la magnitud de las reformas y su desarrollo, y que no se enrede en la política partidista”, finaliza.
Para leer la columna completa sigue el siguiente link.
Analiza el informe sobre el mercado del gas entregado por la FNE
enero 2022
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Eduardo Saavedra, director académico CiPP y académico UAH, analiza el informe sobre el mercado del gas entregado por la Fiscalía Nacional Económica.
Aquí puedes ver las entrevistas:
El director académico del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas, CIPP, y asesor de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), Eduardo Saavedra, fue entrevistado por diferentes medios de comunicación debido al informe final sobre el mercado del gas que emitió la FNE. El estudio abordó los segmentos de gas licuado y de gas natural en el período comprendido entre 2010 y 2020 y concluyó que en ambos segmentos el precio de este combustible es superior al que debería existir en un mercado competitivo.
Eduardo Saavedra Ph.D. en Economía, Cornell University y Profesor Asociado del Departamento de Economía de la Universidad Alberto Hurtado participó en la elaboración del informe de la FNE que señala que cada año los consumidores nacionales pagan en total, de manera agregada, US$ 181 millones en exceso por el gas licuado que se consume en Chile y que, en el caso del gas natural, el sobreprecio fluctúa entre US$ 78 millones y US$ 87 millones cada año para los clientes de Metrogas.
En el mercado del gas licuado, que es utilizado en 80% de las comunas del país, esto se traduce en un sobreprecio de 15% por cada balón, producto de la baja intensidad competitiva entre los actores del mercado, quienes no traspasan completamente sus reducciones de costos a los consumidores.
Esta situación permitió a los distribuidores mayoristas, en el 2020, aumentar sus márgenes desde un 34% a un 53% si se compara con el margen que obtenían a fines del 2014.
Al analizar el segmento del gas natural, la FNE detectó que el sobreprecio fluctúa entre 12,7% y 20,2% para los clientes residenciales de Metrogas, debido a que esta compañía está acogida a una norma legal que le permite sobrepasar, a través de una empresa relacionada llamada AGESA, el límite máximo de rentabilidad a que está sujeta como empresa distribuidora de gas natural.
La FNE confirmó la recomendación propuesta en octubre de prohibir que las empresas Gasco, Abastible y Lipigas participen en la distribución del gas licuado a los consumidores y propuso cambios de regulación para bajar los precios.
Con la publicación del informe final del ente fiscalizador las empresas aludidas criticaron errores de metodología y de cálculo relevantes, acusaron una extrema simplificación del funcionamiento real del mercado del gas licuado que omite una serie de costos ligados a la operación y se insistió en que la propuesta de prohibir que las empresas mayoristas participen en el mercado minorista puede terminar afectando el servicio.
Past Human Rights Violations and the Question of Indifference: The Case of Chile
enero 2022
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Hugo Rojas, investigador CiPP y académico UAH, publicó el libro «Past Human Rights Violations and the Question of Indifference: The Case of Chile», en la prestigiosa editorial inglesa Palgrave Macmillan (2022).
El autor es profesor de Sociología del Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado e Investigador del Instituto Milenio de Investigación sobre Violencia y Democracia (VioDemos) y del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas UAH (CiPP).
El objetivo del libro es comprender de mejor manera el fenómeno de la indiferencia social. “Todas las personas seleccionamos y priorizamos temas o situaciones a las cuales prestamos especial atención en nuestras vidas cotidianas. Pareciera ser que lo normal es que nos involucremos en aquellos asuntos que son de interés público o que son especialmente relevantes, tal como ocurre con el caso de los derechos humanos. Sin embargo, en todas las sociedades hay sectores sociales que prefieren no hablar de derechos humanos ni están dispuestos a ayudar a quienes se encuentran en dificultades. Esta investigación entonces trata de explicar qué lleva a las personas a no ser empáticas con las víctimas de violaciones a los derechos humanos”, señala el autor.
Desde un punto de vista conceptual, el libro ofrece un marco teórico sobre la indiferencia social, y una tipología de sujetos indiferentes a las violaciones a los derechos humanos. Dicha teoría fue testeada empíricamente a través de una encuesta nacional y a través de la realización de más de cincuenta entrevistas en profundidad. Es la primera investigación a nivel mundial que analiza a través de datos recolectados de primera fuente las causas y consecuencias sociales de la indiferencia a las violaciones a los derechos humanos en una sociedad determinada.
Según el profesor Rojas, “los aprendizajes de este libro son un aporte concreto a la necesaria revisión de las políticas públicas en materia de derechos humanos, en especial en el ámbito de la educación, pues el 16% de los adultos son indiferentes y otro 18% es ambivalente en temas de derechos humanos en Chile. Además, son una mirada refrescante para repensar cómo se están diseñando e implementando las garantías de no repetición en nuestro país”.
Antecedentes del libro:
Autor: Hugo Rojas.
Título: Past Human Rights Violations and the Question of Indifference: The Case of Chile.
Editorial: Palgrave Macmillan.
Ciudad: Londres.
Páginas: 203.
ISBN (Hardcover): 978-3-030-88169-6
ISBN (Ebook): 978-3-030-88170-2
DOI: 10.1007/978-3-030-88170-2
Informaciones
Páginas disponibles para el público interesado: Past Human Rights Violations and the Question of Indifference: The Case of Chile
Competencias territoriales y financiamiento: modernización del fondo común municipal
enero 2022
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Enrique Rajevic y Fabián Pressacco, investigadores CiPP y académicos UAH expusieron ante la Convención Constitucional la propuesta “competencias territoriales y financiamiento: modernización del Fondo Común Municipal”.
El pasado 28 de diciembre, Enrique Rajevic y Fabian Pressaco, investigadores CiPP e integrantes del Núcleo Constitucional de la UAH expusieron ante la subcomisión 2 de la comisión 3 Forma de Estado, ordenamiento, autonomía, descentralización, equidad, justicia territorial, gobierno locales y organización fiscal, de la Convención Constitucional. En la ocasión, los académicos presentaron la propuesta “Competencias territoriales y financiamiento: modernización del Fondo Común Municipal”.
En la primera parte de su exposición, el académico de la Facultad de Ciencias Sociales, Fabián Pressacco señaló que el estallido social, el proceso constituyente y las elecciones han puesto en el debate político, las desigualdades territoriales existentes en nuestro país en ámbitos tan disímiles como la seguridad ciudadana, las áreas verdes y el acceso a servicios fundamentales. El docente afirmó que en Chile la vida y las oportunidades dependen del territorio donde se nace. “Solo para dar un dato de contexto podemos mencionar que el índice de desarrollo humano comunal del año 2020 señala que el 60% de las comunas de Chile tiene un nivel de desarrollo medio bajo o bajo”, dijo el especialista.
El análisis presentado por los académicos muestra que la columna vertebral del sistema de financiamiento municipal ha sido el Fondo Común Municipal que es un mecanismo de distribución solidario de los ingresos de todas las municipalidades al que se suma un aporte fiscal. Fue creado en el marco de la Ley de Rentas Municipales de 1979 y experimentó una reforma importante el 2008 donde se estableció una modificación en los criterios de distribución que permitió recaudar recursos. “El aporte fiscal se verificó el año 2008, al cual se le agregó también el pago de impuesto territorial, que es otro de los ingresos propios del Fondo Común Municipal, y que corresponde a un conjunto de inmuebles públicos estatales que hasta ese momento estaban exentos del pago de ese impuesto”, sostuvo el investigador del CIPP, Fabián Pressacco.
El académico destacó que el impuesto territorial es un ingreso importante para las municipalidades pero que dada la segmentación socioeconómica de las comunas en varios municipios el ingreso por esta vía es mínimo. “En muchas comunas este ingreso es bastante marginal porque, por los valores definidos por el Servicio de Impuestos Internos, muchas propiedades agrícolas y no agrícolas están exentas del pago de contribuciones”, aseveró Pressacco.
Desafíos y propuestas
Las municipalidades deben ejercer su competencia de manera autónoma. “Hoy día la Constitución habla de que administran sus recursos de manera autónoma, pero es más que administrar los recursos desde nuestra perspectiva. Si uno mira por ejemplo las constituciones de Alemania y España observa que hablan de una autonomía en la gestión de sus respectivos intereses”, sostuvo Rajevic.
En la propuesta presentada por los profesores de la Universidad Alberto Hurtado se señala que la Constitución debe garantizar que el financiamiento que se entregue a las municipalidades les permita cumplir en forma adecuada con las tareas y funciones que les asigne las normas legales.
Rajevic, señaló que los proyectos de ley que otorguen nuevas funciones o tareas a las municipalidades deberán contemplar las fuentes de financiamiento para que los municipios puedan costearlas, ya que actualmente este es solo un principio legal que suele no ser respetado. “Eso está hoy día en la ley, pero no en la Constitución y normalmente no se cumple”, declaró el académico.
Planteó además que la asignación de recursos a las municipalidades debe considerar los costos de producción territorial que tienen los bienes públicos que le corresponde proveer a los municipios y que es necesario tomar en cuenta la situación real de cada comuna y sus habitantes para garantizar un estándar de igualdad mínimo entre las personas que habitan el territorio nacional.
Equidad Territorial
Otro tema propuesto fue el de generar una mayor equidad territorial en la distribución de los recursos públicos. Hoy existen disposiciones constitucionales que apuntan en esta dirección, pero la propuesta de los académicos de la Universidad Alberto Hurtado sugiere que deben precisarse con diferentes medidas como, por ejemplo, establecer criterios de distribución que logren que los ingresos fiscales entre los distintos niveles de gobierno y administración territorial en la Ley de Presupuestos permitan el adecuado desarrollo de sus competencias y que se disponga de los recursos necesarios para que puedan ejercer sus responsabilidades.
La proposición señala que la asignación de recursos desde el gobierno central a los entes territoriales debe realizarse sobre la base de criterios objetivos y transparentes que eviten la potencial dependencia o clientelismo municipal. También se plantea establecer el principio de equidad en la tributación. “Debe existir un principio de equidad en la tributación para que las empresas contribuyan en relación al impacto territorial que producen”, afirmó Rajevic.
En la exposición se expresa que es necesaria la implementación de mecanismos de redistribución que permitan un desarrollo territorial armónico y equitativo, atendiendo a la desigualdad existente entre las rentas territoriales de las diferentes regiones y comunas donde se observa una gran disparidad.
Los especialistas recomiendan establecer el principio de responsabilidad de la administración de recursos de los gobiernos subnacionales (municipios y regiones) para evitar que pudieran existir ineficiencias.
Enrique Rajevic, explicó que la descentralización requiere de una “reingeniería” del nivel central, regional y municipal definiendo las competencias que tendrá cada uno. “Creemos difícil que la Constitución detalle cada una de estas competencias y podría ser riesgoso ya que puede rigidizar el futuro. Sin embargo, consideramos que deberían darse ciertos criterios, como por ejemplo, adoptar el principio de subsidiariedad de la Unión Europea que entrega las competencias al nivel territorial público que sea más eficaz para lograr el resultado pretendido en cada caso”, manifestó el académico de la Facultad de Derecho.
La propuesta señala que el principio de equidad territorial debería iniciar una reformulación de las áreas metropolitanas que son conurbanizaciones que agrupan a varias municipalidades y que en Chile tienen un alto grado de desigualdad.
El estudio recomienda que la nueva Constitución debiera mantener el concepto de área metropolitana y asignarles entre sus tareas la integración social y el acceso equitativo a los bienes y servicios públicos urbanos y rurales en el territorio que comprendan.
También se sostuvo que debiera crearse un Fondo Metropolitano al que debieran entregarse una parte de los ingresos de las municipalidades para desarrollar inversiones y programas que reduzcan la desigualdad territorial, especialmente la urbana.
Revive acá la transmisión en vivo de la Convención Constitucional.
Propuesta para garantizar un Servicio Civil profesional e imparcial para Chile
enero 2022
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Eduardo Abarzúa, Cecilia Osorio y Enrique Rajevic, Investigadores del CiPP y académicos UAH, expusieron ante la Convención Constitucional la Propuesta para garantizar un Servicio Civil profesional e imparcial para Chile.
Los investigadores asociados al CiPP y académicos UAH, Eduardo Abarzúa, Cecilia Osorio y Enrique Rajevic, expusieron, ante la Subcomisión Forma de Estado de la Convención Constitucional, la propuesta para garantizar constitucionalmente un Servicio Civil profesional e imparcial para el país. Abarzúa y Rajevic integran además el Núcleo Constitucional de la UAH.
Este jueves 30, la Subcomisión Forma de Estado (integrada a la Comisión de Ordenamiento, Autonomía, Descentralización, Equidad, Justicia Territorial, Gobiernos Locales y Organización Fiscal) de la Convención Constitucional, recibió en audiencia presencial -realizada en el edificio capitalino del ex Congreso Nacional – a tres investigadores asociados al CiPP y académicos de la UAH: Eduardo Abarzúa, Cecilia Osorio y a Enrique Rajevic.
La audiencia con las y los convencionales tuvo como objeto presentar la “Propuesta constitucional para garantizar un Servicio Civil profesional e imparcial para Chile”, la cual, explicó Abarzúa, aspira a “…consolidar, a nivel constitucional, una definición de empleo público, entendido como la relación laboral que existe entre el Estado y quienes se desempeñan en su Administración civil, que garantice, de una vez, un servicio profesional imparcial”. Una propuesta, precisó, que, además, está rubricada por un grupo de más de 140 personas: “…que han destinado parte importante de su vida profesional al estudio y ejercicio de la función pública”. El documento también ha sido ingresado como una Iniciativa Popular de Norma Constitucional.
Si quieres conocer esta propuesta sigue este link.
La propuesta parte de un lapidario diagnóstico respecto de esta materia, al comparar las Constituciones de 1833, 1925 y 1980: “Existe una ausencia histórica de una normativa constitucional eficaz, que garantice de manera clara, la existencia de un Servicio Civil o un Sistema de Empleo Público profesional e imparcial en Chile, y que también diferencie en forma clara, el Gobierno de la Administración Pública […]. Pensamos que, introduciendo esa distinción, le damos forma al Estado en todos sus niveles: nivel nacional, nivel regional, nivel comunal, etcétera”, explicó Abarzúa al inicio de su exposición.
Y en esta distinción nítida que debe establecerse entre Gobierno y Administración Pública, Abarzúa detalló los respectivos roles que cada uno debiese cumplir: “El Gobierno, para precisar, conduce políticamente al Estado y define las políticas públicas. Lo encabeza quien ejerza la Presidencia de la República y lo integran los ministros, subsecretarios, delegados presidenciales y personal de exclusiva confianza, quienes ejercen, evidentemente, la dirección política, pensando en los cargos que existen actualmente”.
En tanto, la Administración, puntualizó: “Debe implementar las políticas públicas definidas por el Gobierno y proveer o garantizar a la ciudadanía servicios públicos. En esta idea o en este modelo, estará integrado por los y las funcionarias, incluyendo un estamento de directivos públicos, todos constituyen el Servicio Civil, y no debieran ser de exclusiva confianza del Gobierno”.
En esa línea, sostuvo que esta distinción: “Implica que deben reconocerse tres estamentos dentro del Ejecutivo en todos sus niveles: la Dirección Política, la Dirección Pública y las personas funcionarias. Todos quienes desempeñen cargos públicos, por supuesto, deben y estarán sujetos a los principios de probidad, eficiencia, eficacia, jerarquía y transparencia. Quienes se desempeñen en la Administración, funcionarios directivos y el resto de los funcionarios públicos, deberán además ejercer sus funciones en forma imparcial, objetiva y políticamente neutral, lo que deberá ser resguardado por la ley en el ingreso, desarrollo y desvinculación del empleo público”.
Hacer esta clara diferenciación constitucional entre Gobierno v/s Administración, a su juicio, genera un círculo virtuoso porque tal distinción: “Contribuye a una efectiva modernización del Estado; a la continuidad de las políticas públicas; a la profesionalización de la función pública y también a terminar con la precarización del empleo público”.
En consecuencia, la propuesta constitucional define entre sus principios: “Consagrar el carácter profesional y técnico en la Administración Pública, también por supuesto, garantizar el acceso igualitario al empleo público y finalmente, reconocer derechos colectivos de los y las servidores públicos, como son los temas de sindicalización y negociación colectiva y, por supuesto, la huelga”, concluyó el decano Abarzúa.
La función pública a nivel central, regional y municipal con igualdad de oportunidades
Osorio en tanto expuso los fundamentos para aplicar esta propuesta no solo en el nivel Central también en el ámbito regional y municipal, pues, enfatizó: “En estos niveles también es relevante distinguir entre quienes son elegidos por mandato popular y su personal de exclusiva confianza, que responden al principio político, mientras que quienes trabajan en el Estado, responden al mérito y a la capacidad técnica y profesional, con una vocación que debe estar al margen de quien gobierna”.
Eso sí, aclaró que esta propuesta que busca distinguir entre Gobierno y Administración “en ningún caso” pretende: “…afectar la flexibilidad que permite a los gobiernos regionales, y en específico hoy a las municipalidades, crear o suprimir empleos y fijar remuneraciones, dentro de los límites y requisitos que la ley determine”.
Y para garantizar la distinción planteada en el documento, Osorio explicó que: “Los cargos elegidos democráticamente y los cargos de exclusiva confianza con que ellos cuenten, deben ser establecidos por la Constitución y la ley en el nivel nacional, regional y municipal. Ahora bien, el resto del personal, deberá acceder a todas las funciones y empleos públicos sin otros requisitos que los señalados por la Constitución y la ley”.
En este punto se detuvo, precisando que: “Debe haber una igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública, respetando y promoviendo criterios de inclusión, no discriminación y equidad de género, en conformidad a esta Constitución y la ley. Lo que proponemos, no es solo el acceso al empleo público en todos los niveles, sino además que esto ocurra bajo estas condiciones de resguardo de oportunidades y los criterios que hemos señalado”.
Y justamente en esa perspectiva, concluyó: “Los sistemas de ingreso, desarrollo y cese en las funciones y empleo que no sean electivos y de exclusiva confianza, deberán respetar el carácter técnico y profesional de estas funciones y empleos, así como la dignidad de las personas. Ello debería aplicarse a toda la Administración Pública e incluso a las funciones y empleos de otros órganos del Estado”.
Derechos colectivos de las y los funcionarios públicos
Rajevic en parte de su intervención expuso la propuesta desde el punto de vista de los derechos colectivos de las y los funcionarios públicos: “Nosotros planteamos que se eliminen las restricciones que existen hoy día a los derechos colectivos en la Administración civil, encargando a la ley que regule tanto la negociación colectiva como la sindicalización y la huelga, esta última, salvo que se paralice servicios esenciales o se impida la continuidad del servicio público”, dijo al comienzo de su exposición.
Recordó que, en la actualidad, las y los trabajadores del aparato del Estado no gozan del derecho a huelga, considerando esto como: “…el peor negocio, ¿por qué?, porque en la práctica ocurre”. Desde esa perspectiva, aseguró: “…es mucho mejor que la Constitución lo reconozca y que sea el legislador el que tenga que ver cuáles son los bordes […], cuáles son los matices y cuáles son las fórmulas, pero lo importante es que quede claro que esos derechos existen, que no por ser funcionarios, funcionarias tienen menos derechos que el resto de los trabajadores, como en la práctica se pensaba antiguamente”.
Al respecto, hizo algunas especificaciones como, por ejemplo, la precariedad del empleo público toda vez que: “prácticamente, tres cuartas partes del personal no tiene estabilidad en el empleo”, con personal a contrata que se empieza a extenderse “hasta llegar hoy día en el Gobierno central a un 60 % de la dotación” o las y los trabajadores a honorarios, “que empiezan a desarrollar tareas permanentes”.
Asimismo, señaló que para resguardar la continuidad y calidad en la ejecución de políticas públicas: “No podemos estar sujetos a que los cambios de Gobierno, y esto tanto en el nivel Central como en el nivel regional y municipal, impliquen una razia de funcionarios y funcionarias, porque no se sabe quiénes son los que están, realmente, dentro del equipo que ha sido elegido políticamente y aquellos que en realidad tienen una vocación permanente por trabajar en la Administración Pública”.
Todo esto, agregó: “También facilita distinguir políticas de largo plazo, políticas de Estado versus políticas de menor plazo […]; prevenir y combatir la corrupción por supuesto, tenemos más integridad pública si tenemos reglas más claras; reducir la brecha que hay entre lo que hace el Estado y lo que espera la ciudadanía, resguardar también la perspectiva de género y la de Trabajo Decente dentro de la Administración Pública, en eso, por ejemplo, no solo el Servicio Civil también los derechos colectivos permiten que, quienes trabajen en el Estado puedan luchar porque se resguarden; y por ultimo fortalecer la confianza de las personas en el Estado, lo que además fortalece la democracia”.
Revive acá la transmisión en vivo de la Convención Constitucional (desde minuto 51: 56)
https://convencion.tv/video/subcomision-n1-forma-de-estado-n3-jueves-30-de-diciembre-2021
Se debiera dar a conocer a la brevedad quien integrará el equipo económico del próximo gobierno
diciembre 2021
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Carlos J. García, investigador CiPP y académico UAH: Se debiera dar a conocer el equipo económico del próximo gobierno a la brevedad.
El mercado y los inversionistas observan expectantes los pasos que dará el presidente electo, Gabriel Boric, sobre todo en la definición del equipo económico y, particularmente, quién será su ministro o ministra de Hacienda. Así lo cree el investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas de la Universidad Alberto Hurtado, CIPP, Carlos J. García, quien sostiene que se debiera dar a conocer a la brevedad el equipo económico y considera clave la designación del secretario de Estado a cargo de la cartera de Hacienda. ”Debe ser un economista creíble que le de tranquilidad a los mercados”, destaca el especialista.
El académico afirma que los mercados financieros siempre están viendo qué ocurre con los cambios para proyectarse hacia el futuro y que es normal que cuando hay un nuevo gobierno se observe una sobre reacción de los mercados. ”Si estos serán permanentes o puntuales dependerá de la naturaleza de los cambios que realizará el nuevo gobierno”, puntualiza García.
El economista señala que las transformaciones deben ser realizadas con gradualidad y afirma que si estos cambios son de schock los aumentos y caídas del dólar serán más permanentes que transitorias. “En cambio si los cambios son más graduales, pensados y siguen una lógica económica razonable toda la volatilidad que observamos estos días va a desaparecer y volveremos a niveles más razonables en el precio de los activos”, sostiene el experto.
Para García las transformaciones que quiere realizar el mandatario electo deben ser efectuadas en forma paulatina para que de esta manera los mercados financieros entiendan la lógica de las reformas del nuevo gobierno. “Si esas reformas están bien estructuradas y pensadas por el equipo económico lo más probable es que se vuelva a la normalidad existente antes de las elecciones”, señala el académico.
Fabián Pressacco, investigador CiPP y académico UAH, analiza el triunfo de Gabriel Boric “Mucho de lo que propone Boric son cosas que ya están planteadas hace décadas en los países que son desarrollados; es el despliegue de ese tipo de políticas lo que ha permitido que esos países sean desarrollados; no al revés”.
Fabián Pressacco, investigador CiPP y académico UAH, fue entrevistado por CiPP-UAH, para conocer su análisis sobre el triunfo de Gabriel Boric el domingo pasado, y cómo proyecta su gobierno y las transformaciones que propone realizar, entre otros temas de la actual coyuntura política en el país. Revisa aquí sus opiniones.
¿Por qué ganó Boric?
Todos los análisis coincidían en que si se mantenía el porcentaje de la primera vuelta el resultado iba a ser muy estrecho. Sin embargo, lo que ocurrió fue un aumentó de votantes que hasta antes del balotaje se mantenía bajo el 50 % como ocurrió en el plebiscito y las elecciones de constituyentes. Para Fabián Pressacco, académico del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas de la Universidad Alberto Hurtado, CIPP, ese mayor caudal electoral claramente favoreció a la candidatura de Boric, originando una diferencia más abultada de lo que se pensaba.
¿Qué ocurrió?
El investigador cree que la candidatura de Apruebo Dignidad entendió, comunicó y comprendió mejor el mensaje del sorpresivo resultado de la primera vuelta que dejó con la primera mayoría a José Antonio Kast del Frente Social Cristiano. A partir de ese momento la candidatura de Boric debió enfrentar un gran desafío, lograr convocar a los votantes de las candidaturas que no pasaron a segunda vuelta con los cuales existían algunos vasos comunicantes. “Hablamos de aproximadamente un 30 % del electorado que quedó un poquito huérfano”, comenta Pressacco.
Muchos plantearon una elección polarizada, pero en realidad fue por los liderazgos que pasaron a la segunda vuelta, no por la ciudadanía, dice el investigador. “Si uno mira desde otro punto de vista un tercio de la ciudadanía y una parte importante de Apruebo Dignidad son votantes profundamente reformistas, no radicalizados”, dice Pressacco. Es así como Boric terminó aceptando sus simpatías por un programa socialdemócrata.
“Para un país tan derechizado y neoliberalizado como Chile muchas propuestas que están en el programa de Apruebo Dignidad aparecen como radicales, pero son “normales” en los países que nosotros miramos y tomamos como referencia; los de la OCDE. Mucho de lo que propone Boric son cosas que ya están planteadas hace décadas en los países que son desarrollados; es el despliegue de ese tipo de políticas lo que ha permitido que esos países sean desarrollados; no al revés”, afirma Pressacco.
El relato de Boric para la segunda vuelta sintonizó mejor con la ciudadanía sin renunciar a la vocación profundamente reformista logrando incorporar preocupaciones de otros sectores y haciéndose cargo de cosas que habían sido claramente deficitarias en la primera vuelta. Entre ellas la dimensión más territorial de la campaña, la preocupación por temas de orden público y la incorporación de algunas figuras de liderazgo como Izkia Siches que resultaría fundamental en la campaña del norte.
Un buen trabajo en el comando de Boric en temas de contenido, de énfasis, de moderar algunas cosas, de ponerle más peso a la gradualidad y la incorporación de otros liderazgos, ayudó en el triunfo del candidato de Apruebo Dignidad, sostiene el académico.
Si bien Kast fue más rápido en convocar a otros sectores y comenzar una metamorfosis hacia la centro derecha, dice Pressacco, su pasado más vinculado con lo más recalcitrante de la derecha más conservadora, su vínculo con Bolsonaro, el cuestionamiento del cambio climático, las declaraciones del diputado electo republicano Kaiser sobre los derechos de las mujeres y las propuestas del programa de Kast sobre la eliminación del Ministerio de la Mujer, activó a un electorado que le reconoce una importancia fundamental a los temas de género. Los datos demuestran que la mayoría de las mujeres menores de 40 años se inclinaron de manera importante por Boric.
En las celebraciones de la segunda vuelta, recuerda Pressacco, muchos decían que derrotamos al fascismo, en ese sentido la muerte de Lucía Hiriart generó una conexión de Kast en el plano más simbólico y reforzó la similitud del panorama con la del plebiscito de 1988.
Lo que viene
Fabián Pressacco explica que, si por neoliberalismo se entiende, entre otras cosas, una política pública del sálvense quien pueda y donde tú logras acceder a ciertos bienes públicos no como derechos sino como bienes que se transan en el mercado en función de tu capacidad de pago, es claro que las propuestas de Gabriel Boric y el estallido social apuntan a desmontar ese sistema. Para lograr aquello se supone un Estado más dinámico, más regulador, que se haga cargo de ser un gran proveedor de bienes públicos sociales respaldados en perspectiva de derecho; un estado con más capacidad para intervenir en ciertos espacios e incluso, como en el caso del litio, eventualmente, asumir un rol empresarial. Eso plantea la propuesta de Apruebo Dignidad, Marco Enríquez Ominami, Yasna Provoste y algunas coincidencias con la derecha. “Si se avanza en esa línea, es claro que el sistema neoliberal va a experimentar cambios estructurales dando lugar a otro modelo de desarrollo”, acotó el experto.
Es clave el alineamiento de las llamadas fuerzas progresistas y cuál va a ser la actitud de la centro derecha, porque si prima una conducta obstruccionista vamos a tener cuatro años completamente complejos, no solamente porque el Presidente y su coalición no van a poder sacar adelante su agenda legislativa, sino que van a ser cuatro años intensos en términos de movilización ciudadana, opina Pressacco.
La derecha estaba en un proceso de centrarse, de democratizarse, de moderarse; Sichel, Briones e incluso Desbordes representaban un poco esa línea y eso queda ahora con un signo de interrogación con un candidato como Kast, plantea el investigador. El proyecto reformista, democratizante y liberal de la derecha que representaba Evópolis también queda un poco herido. La derecha tiene un desafío y claramente para el país es importante tener una derecha dialogante con convicciones democráticas, abierta a aportar a las reformas que el país necesita y Kast no representa a esa derecha, concluye Pressacco.
Miriam Henríquez investigadora del CiPP y académica UAH ante la Convención Constitucional: Chile tiene una oportunidad de contar con una nueva Constitución abierta al Derecho Internacional de los DDHH.
Este martes 21 de diciembre, la investigadora del CiPP e integrante del Núcleo Constitucional de la UAH, Miriam Henríquez, expuso ante la Comisión de Principios Constitucionales de la Convención Constitucional.
La académica de la UAH e investigadora del CiPP, Miriam Henríquez, en su calidad de integrante del Núcleo de Análisis Político y Constitucional de la UAH, expuso en la Comisión de Principios Constitucionales, Democracia, Nacionalidad y Ciudadanía, de la Convención Constitucional (CC), destacando, desde el inicio, que su intervención: “La hago convencida que Chile tiene una oportunidad de contar con una Constitución abierta al Derecho Internacional de los derechos humanos”.
“La actual Constitución, pese a esas modificaciones, no define la jerarquía que ocupan los tratados en el tratamiento interno ni en relación con los tratados en general y tampoco los tratados de los derechos humanos en particular, tampoco menciona criterios de interpretación de los derechos y tampoco dispone cláusulas o una cláusula de los derechos no enumerados”, Miriam Henríquez.
Otro hito ocurrió con la reforma del año 2005, la cual, dijo: “…incorporó ciertas modificaciones puntuales a la celebración de los tratados, fundamentalmente a la aprobación por el Congreso Nacional en el Artículo 54, y también al control de constitucionalidad por el Tribunal Constitucional”.
No obstante estas reformas, Henríquez fue categórica es sostener que: “Sin perjuicio de todas las modificaciones que acabo de relatar muy brevemente, la actual Constitución, pese a esas modificaciones, no define la jerarquía que ocupan los tratados en el tratamiento interno ni en relación con los tratados en general y tampoco los tratados de los derechos humanos en particular, tampoco menciona criterios de interpretación de los derechos y tampoco dispone cláusulas o una cláusula de los derechos no enumerados”.
Y tomando como ejemplo constituciones de otras latitudes, afirmó que se han establecido disposiciones orientadas justamente a facilitar la incorporación: “…del Derecho Internacional convencional y también el consuetudinario, al derecho interno y también a regular su aplicación. Estas disposiciones constitucionales se conocen, en el Derecho Comparado, como cláusulas de apertura al Derecho Internacional” […]. La sistematización de esas cláusulas podrían ser: aquellas que otorgan una jerarquía superior, aunque sea a veces con limitaciones, a los tratados de derechos humanos respecto de otras fuentes del derecho interno; también al reconocimiento expreso a las normas y principios del Derecho Internacional; otras cláusulas que señalan que hay derechos no enumerados o implícitos; aquellas cláusulas que disponen derechos y deberes constitucionales, que debieran interpretarse según estas cláusulas de conformidad con los compromisos internacionales ya sea que consten en declaraciones o en tratados, y también cláusulas que establecen el principio de interpretación de los derechos, conforme o en favor o pro persona”.
A su juicio, las cláusulas constitucionales de apertura al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, se justifican por dos motivos. Primero, ante: “La insuficiencia de derecho estatal para dar plena tutela a los derechos fundamentales” y en segundo término sustentan: “La confianza en un sistema internacional de protección, complementario del nacional, para resolver justamente las violaciones estatales a dichos derechos”.
Estas cláusulas, subrayó, juegan un rol en cada Constitución, toda vez que: “..son un mínimo eje articulador entre el Derecho nacional y el Internacional de los Derechos Humanos, porque por un lado dan cuenta de la incorporación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos al Derecho interno y también sus relaciones, y porque resuelven las normas que prevalecen en caso de conflictos normativos; también porque orientan la forma de interpretar los Derechos Humanos, su valor y fundamentación, entre otros asuntos”.
Y es, justamente, sentenció, la ausencia de estas normas en nuestra actual Constitución lo que ha dificultado tener certezas sobre, por ejemplo: “…¿cómo se resuelven los conflictos entre las normas legales y las normas contenidas en tratados internacionales? o ¿cómo se resuelven los conflictos entre las normas constitucionales y aquellas contenidas en tratados de Derecho Humanos?; también […] no ha facilitado dinamizar el Derecho interno, conforme a los estándares de protección internacional; tampoco ha favorecido el ejercicio del control de convencionalidad, y también ha dificultado un diálogo fluido entre los órganos nacionales que ejercen jurisdicción con los órganos de protección internacional, particularmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos; también ha dificultado reconocer cuál es el parámetro de control de constitucionalidad de las normas cuando se ejerce, claramente, el control de constitucionalidad, en nuestro caso por el Tribunal Constitucional, actualmente vigente en la Constitución. Y también reconocer cuál es el parámetro de legalidad, por ejemplo, cuando se resuelve un recurso de protección o una acción de amparo”.
Es por ello que concluyó: “El proceso constituyente, es una oportunidad para constitucionalizar estas cláusulas de apertura del Derecho Internacional. Por cierto, el asunto no es solamente cuantitativo, no es más o menos cláusulas de apertura; también es cualitativo, siendo indispensable que justamente se reconozca esta cláusula preterida en las distintas reformas constitucionales, que defina cuál es la jerarquía o el rango de los tratados en general, y especialmente de los tratados de los Derechos Humanos, lo digo en particular”.
Revive acá la intervención de Miriam Henríquez ante la Comisión de Principios de la CC
Comisión de Derechos Fundamentales de la Convención Constitucional
diciembre 2021
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Enrique Rajevic, investigador CiPP y académico UAH, expuso junto a Isabel Aninat, en la Comisión de Derechos Fundamentales de la Convención Constitucional sobre la necesidad de garantizar un Servicio Civil profesional e imparcial en la nueva constitución.
Enrique Rajevic, investigador CiPP y académico UAH, expuso el lunes 20 de diciembre ante la Comisión de Derechos Fundamentales de la Convención Constitucional, junto a Isabel Aninat S., Decana de la Facultad de Derecho de la UAI, sobre el acceso a las funciones y empleos públicos en el contexto de una propuesta para garantizar un servicio civil profesional e imparcial en la Nueva Constitución. El texto base de su exposición fue suscrito por más de 100 personas que han destinado parte importante de su vida profesional al estudio y/o al ejercicio de la función pública. Entre ellos/as hay académicos/as de diversas universidades nacionales, dentro de las cuales participan los investigadores asociados al CiPP, Paulette Landon, Eduardo Saavedra, Cecilia Osorio, Ignacio Cienfuegos, Pedro Güell, y Héctor Oyarce, como también Miriam Henríquez, Eduardo Abarzúa, Rafael Blanco y el propio Rajevic, quienes además son parte del Núcleo Constitucional de la UAH.
El profesor Rajevic parte señalando cómo la constitución actual aborda la temática del empleo público y cómo lo han hecho anteriores textos constitucionales. Señala, “el artículo 19, número 17 de la actual constitución reconoce el derecho de acceso a las funciones y empleos públicos y lo hace siguiendo un texto muy parecido que tienen las constituciones de 1833 y 1925”. Este artículo señala textualmente “La constitución asegura a todas las personas la admisión a todas las funciones y empleos públicos, sin otros requisitos que los que impongan la constitución y las leyes, sin que exista la posibilidad de recurso de protección por infracción a esta garantía fundamental”.
Sobre las implicancias en el tiempo de esta norma, Rajevic señala: “desde el siglo XIX a la fecha esta norma no se ha transformado en algo equivalente a la existencia de un concurso público o un acceso igualitario a los empleos públicos por parte de las personas”, según explica esto ocurre porque los “otros requisitos” a los que alude el texto constitucional se entendió que debían mirar el mérito y la idoneidad, pero no se llegó a la conclusión que eso implicaba realizar concursos públicos.
De hecho, agrega el académico, “la constitución de 1925 quiso reaccionar a esto al establecer la idea de que el acceso a los empleos públicos fuera a través de un Estatuto Administrativo”. De esa manera, se pensó que se podía garantizar el mérito, pero …” no se dijo nada más y en la práctica, los comentaristas tanto desde el punto de vista jurídico como desde la gestión, nos dicen que hubo clientelismo y patronazgo”.
Respecto a la constitución de 1980, el profesor Rajevic señala que esta repite esta misma norma “y agrega en el artículo 38 la idea de la carrera funcionaria”, y si se mira este artículo “dice que la ley tiene que garantizar una carrera funcionaria y que para acceder a esa carrera se debe hacer de una manera que sea igualitaria”.
Sin embargo, si se mira la realidad del empleo público hoy, se observa un segmento de carrera funcionaria, un segmento de exclusiva confianza, y los demás sistemas de empleo ” que uno podría pensar que son poquitos”, pero “en la práctica lo que ocurre hoy es que casi tres cuartas partes del empleo público corresponde a una categoría que se llama empleo a contrata”, al que las personas entran en forma directa, sin pasar por un concurso público.
El otro grupo importante que forma parte de “los otros sistemas de empleo”, son las personas que están contratadas bajo la modalidad de honorarios y que prestan servicios de manera permanente, los que tampoco ingresan a través de un concurso público.
En materia de cifras, los académicos entregaron un completo documento a la Comisión, sin embargo, mencionan algunas que resultan muy llamativas y preocupantes, que muestran que en diez años, desde el 2011 al 2020, la dotación de personas que trabajan en el Estado ha pasado de 220.000 a 236.000, con una muy baja proporción de personas bajo la modalidad de planta y un aumento preocupante de las “otras categorías de empleo, a contrata y honorarios que no están obligadas a ingresar por sistemas de concurso público.
Según datos de la Dirección de Presupuestos, al 2020, de las 336.000 personas que integran la dotación, hay sólo 93.000 que son de planta, y de esos una parte son de “exclusiva confianza”, por lo que “ni siquiera decimos que los 93.000 entran bajo un sistema de concurso”, afirma el profesor Rajevic.
Y, si se mira a la categoría de personas contratadas bajo la modalidad de honorarios, “nos encontramos con que aquellos que están en jornada completa son 30.000 al 2020 y el 2011 eran 20.000, es decir, no han ido cayendo”, lo que hablaría de la falta de eficacia del programa de reconversión que se aplicó los últimos años, “…lo que muestran las cifras es que de nuevo crecen”. Por su parte, las personas en la modalidad “a contrata” también aumentaron los últimos diez años, pasando de 121.000 el año 2011 a 228.000 el año 2020.
Enrique Rajevic es enfático al señalar, como conclusión de estos datos, que “el gran crecimiento del empleo público los últimos diez años se está dando en las otras categorías de empleo, sin garantizar a las personas que cuando el Estado hace una convocatoria para un cargo público, lo hace de una manera que garantice la igualdad de oportunidades”.
Explica que toda esta situación se agrava aún más cuando en el año 2017 la Dirección del Servicio Civil dicta una norma que señala que cuando se ingresa a un cargo público bajo la modalidad a contrata o bajo el código del trabajo, que tampoco tiene la exigencia de concurso público, “ es necesario un procedimiento transparente de reclutamiento y selección basado en el mérito, que tiene que tener un perfil, una comisión”, pero que sin embargo, “tiene una letra chica” al señalar que esas exigencias pueden no cumplirse si la autoridad por resolución fundada resuelve no aplicarlas.
Según las cifras que entrega el académico para los años 2018, 2019 y 2020, sólo en el 50% aproximado de las convocatorias realizadas en el sector público, se aplicó la regla establecida por el Servicio Civil, por lo que se puede concluir que “en la mitad de los casos, se entra a dedo”, afirmó Rajevic.
Termina su exposición, señalando que “nuestro punto es que esto tiene que cambiar transformando el derecho fundamental que hemos tenido hasta el momento”.
En la segunda parte de la exposición ante la Comisión de Derechos Fundamentales, la académica Isabel Aninat, presentó las principales propuestas del grupo de académicos que están representando, y que buscan replantear la forma cómo se ha formulado el derecho fundamental en la constitución vigente.
Proponen seis puntos que debería considerar la nueva constitución, dentro de los cuales, se considera establecer que el empleo público respete y promueva criterios de inclusión, no discriminación y equidad de género; que se consagre el deber de respetar el carácter técnico y profesional del empleo público, asi como la dignidad de todas las personas en las distintas etapas de la carrera funcionaria; que en materia de derechos colectivos se consagre el derecho a la sindicalización y negociación colectiva, aplicando al sector público las mismas normas del sector privado; y que en el nivel regional y municipal se apliquen los mismos principios y estamentos, sin perjuicio de mantener, como hasta ahora, cierta flexibilidad para las municipalidades.
Los académicos concluyen su exposición, reafirmando la necesidad de establecer una distinción nítida entre “gobierno” y “administración”, señalando que sólo con dicha distinción se podrán llevar a cabo políticas de largo plazo y con una mirada integral sobre la administración pública y se podrá lograr “ un servicio civil profesional e imparcial para Chile y así construir un mejor Estado”.
Para revisar la presentación ante la comisión, revisa este LINK en el minuto 1:11:35.
Para conocer el texto completo con las propuestas entregadas a la Comisión, puedes revisarlo en este enlace.
A 1 año de la entrada en vigencia del CPPT en toda la Provincia: Nudos Problemáticos
diciembre 2021
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Rafael Blanco investigador CiPP y académico UAH, dirigió talleres de trabajo en Argentina sobre evaluación del Código Procesal Penal de Tucumán a 1 año de su entrada en vigencia, junto a Angel Valencia, docente UAH y ex fiscal del Ministerio Público.
Tres talleres, dirigió el investigador del CiPP y académico UAH, Rafael Blanco, en el marco del conversatorio “A 1 año de la entrada en vigencia del CPPT en toda la provincia: nudos problemáticos”.
Entre el 25 y 27 de noviembre se desarrolló en Tucumán, Argentina, el conversatorio presencial “A 1 año de la entrada en vigencia del CPPT (Código Procesal Penal de Tucumán) en toda la provincia: nudos problemáticos”, dirigido por Rafael Blanco, académico de la UAH e investigador del CiPP, junto a Ángel Valencia, docente de la UAH y ex fiscal del Ministerio Público.
La actividad, organizada por la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Tucumán (AMT), se realizó en el Salón de Actos Juan Bautista Alberdi de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, ubicado en el edificio principal de los tribunales locales, contando con la presencia de magistrados, magistrados(as), fiscales, defensores(as) oficiales, funcionarios(as), abogados(as) de la matrícula y empleados(as) judiciales.
El programa de los talleres contempló las temáticas: “Desafíos del litigio estratégico para fiscales y defensores» (actividad para jueces, fiscales y defensores públicos); Conferencia Magistral (actividad abierta a todo público) y “Aspectos complejos del rol judicial en el proceso penal. Temas críticos y abordajes» (actividad para jueces, fiscales y defensores públicos).
El objetivo del conversatorio se centró en el primer año de la entrada en vigencia del Código Procesal Penal de Tucumán (CPPT). En esa línea, Blanco dirigió los talleres en que se abordó la evaluación del Sistema de Justicia Criminal Acusatorio y propuestas para ir perfeccionando en los ámbitos normativos y de gestión en el recientemente instalado Proceso Penal en la Provincia Argentina de Tucumán.
Sobre el contexto y relevancia de la actividad realizada, Rafael Blanco, señala que “Las mesas de trabajo con fiscales, Jueces, Juezas, Defensores y Defensoras que realizamos en Tucumán, Argentina se insertan en el contexto de un largo proceso de colaboración de la Universidad Alberto Hurtado con la Asociación de Magistrados de Tucumán y asimismo con la Escuela Judicial de la Provincia, con el objeto de compartir la experiencia del proceso de reforma procesal penal chilena y sus mejores prácticas, y así colaborar con la reciente instalación del proceso de justicia criminal acusatorio de la Provincia de Tucumán de Argentina”, explica el académico.
Revisa galería de fotos de la jornada:
Rafael Blanco, Marcela Ruiz, presidenta de la AMT y Darío Alarcón, presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de Santiago del Estero
La investigación muestra que el acompañamiento psicosocial está muy enmarcado dentro de una institución judicial, pero, a pesar de ello, la contribución de estos profesionales es fundamental y tiene gran acogida por parte de las víctimas. En la actualidad hay una apertura de los profesionales jurídicos, jueces y fiscales por conocer la opinión de estos especialistas. “A partir del mayo feminista, las demandas de reivindicaciones sociales de la revuelta popular o del estallido social, han empezado a ser valorados desde otra esfera”, dice la académica.
Para finalizar, la investigadora señala que es importante mediar entre lo que es el marco de la justicia y el tema de la violencia de género y las expectativas que tiene la ciudadanía en relación con las respuestas que entregan los tribunales. “La ciudadanía muchas veces no sabe que existen trabajadores sociales, psicólogos, que están disponibles dentro de las instituciones de justicia y no existe claridad la mayoría de las veces del rol que juegan estas personas”, concluye Fabiola Miranda.
Para revisar el artículo completo, sigue este enlace: https://opo.iisj.net/index.php/osls/article/view/1343
Ximena Orchard, investigadora CiPP y académica UAH, en Ex Ante sobre la segunda vuelta presidencial: “… hoy se articuló de forma natural una división entre ambos candidatos, uno se identificó como feminista y el otro no. Sin embargo, hay que subrayar que hay una diferencia generacional respecto de cuán relevante es la perspectiva feminista”.
El pasado 8 de diciembre Ximena Orchard, investigadora CiPP y académica UAH, fue entrevistada por el medio digital Ex-Ante. En la oportunidad, diferentes expertos/as compartieron sus visiones y análisis de cara a las próximas elecciones presidenciales. La participación del segmento socioeconómico ABC1 en la Región Metropolitana, la brecha generacional, la tendencia del voto femenino y el panorama en el norte del país, son los elementos centrales de esta segunda vuelta, asegura el medio, y los tópicos que analizaron los/las expertos/as.
Sobre la amplia votación que obtuvo el ex candidato presidencial, Franco Parisi, Ximena Orchard señala: “los votantes de Parisi se han convertido en una especie de ser mitológico. No se mueven de acuerdo con una lógica tradicional de izquierda y derecha. Para ganar es clave tratar de entender las necesidades que convocan a estos grupos que no se identifican con la forma que se ha organizado la política en el país”.
Otro punto relevante que fue parte de la entrevista, tuvo que ver con el voto femenino. Una de las fortalezas del candidato Boric es el apoyo de las mujeres, al contrario de Kast, quien tuvo que reestructurar su programa en este ámbito. “Las movilizaciones feministas de 2018 dejaron una agenda instalada en el espacio público. Hoy se articuló de forma natural una división entre ambos candidatos, uno se identificó como feminista y el otro no. Sin embargo, hay que subrayar que hay una diferencia generacional respecto de cuán relevante es la perspectiva feminista”, señaló Ximena Orchard.
Otras reflexiones entorno a este tema apuntan a que Kast busca darle tranquilidad a las mujeres; en palabras de Cristián Valdivieso, director de Criteria, “todo lo que estamos viendo hoy respecto al programa de Kast y con quién se está reuniendo, como haber puesto a Paula Daza y a Evelyn Matthei de imagen de su campaña, se basa en darle tranquilidad a las mujeres y decir que no está en una posición extrema. La pregunta es hasta dónde logra detener la fuga de las mujeres y no solo eso, sino que también volver a invitar”.
Para leer la entrevista completa puedes ingresar en el siguiente link.
Hugo Rojas, investigador asociado al CiPP y académico UAH, será el director del curso de verano sobre “Teoría Crítica del Derecho y Justicia Social en las Américas” que será impartido por prestigiosos académicos y académicas de la UAH y otras universidades internacionales.
El curso será gratuito, interdisciplinario, certificado y en modalidad virtual, y será impartido por 40 docentes de reconocido prestigio y de diversas universidades del continente, y cuenta con el patrocinio de las universidades Alberto Hurtado, Cornell, Connecticut, Pittsburgh, Miami, Florida, Interamericana, Nacional de Tucumán, Católica del Uruguay, además del apoyo de Latina and Latino Critical Legal Theory (LatCrit) e Instituto Milenio de Investigación en Violencia y Democracia (VioDemos).
El Curso está dirigido a estudiantes universitarios/as de diversos países que tengan interés en comprender los orígenes y la evolución de las Teorías Críticas y sus principales ámbitos de aplicación, propuestas y contribuciones a la Justicia Social en las Américas.
El curso se realizará mediante Zoom, entre el 21 y el 28 de enero de 2022.
Mayor información en: www.derecho.uahurtado.cl/cursodeverano
Carolina Rojas, expuso en la Comisión de Derechos Fundamentales de la Convención Constitucional
diciembre 2021
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Puede ser un paso en falso… sería validad a un candidato con una trayectoria cuestionable
diciembre 2021
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Fabian Pressacco, investigador CiPP y académico UAH en La RED, sobre la posible reunión entre Gabriel Boric y Franco Parisi “puede ser un paso en falso …. sería validar a un candidato con una trayectoria cuestionable”.
Fabian Pressacco, fue entrevistado en su calidad de investigador asociado del CiPP por el medio La Red sobre los gestos de moderación de Gabriel Boric y los efectos que podría tener sobre su campaña una posible reunión con Franco Parisi. Revisa la entrevista completa.
Fuente: La Red
Analista UAH advierte a Boric por eventual reunión con Parisi: “Puede ser un paso en falso”.
El investigador en Ciencias Políticas de la Universidad Alberto Hurtado, Fabián Pressacco, analizó el giro hacia el centro que ha dado la carta presidencial de Apruebo Dignidad y aseguró que la posible reunión con Franco Parisi “puede ser un paso en falso”, ya que sería “validar a un candidato con una trayectoria cuestionable”.
Por: Cristóbal Cruz
El hashtag “Para Vivir Mejor”, el apoyo a los emprendedores y la promesa de mayor seguridad ciudadana fueron algunas de las señales de la moderación del candidato presidencial Gabriel Boric, todas presentes en la franja electoral de cara a la segunda vuelta, transmitida este domingo por televisión.
En un intento por capturar los votos de centro e imponerse al candidato de ultraderecha José Antonio Kast, para el abanderado de Apruebo Dignidad será clave conquistar al electorado de Franco Parisi, candidato del Partido de la Gente que se alzó como la tercera mayoría nacional.
Sin embargo, de acuerdo al Doctor en Ciencias Políticas e investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas de la Universidad Alberto Hurtado, Fabián Pressacco, esto podría traerle problemas a Boric.
“Reunirse con Parisi puede ser un paso en falso”, asegura Pressacco, que considera que este gesto significaría “validar a un candidato con una trayectoria por lo menos cuestionable, que tiene un tema sensible para un electorado importante de Boric, que es lo relativo al no pago de la pensión de alimentos”.
Esto se da en el contexto de la eventual participación de Boric en “Bad Boys”, programa de YouTube de Franco Parisi que ya recibió como invitado a Kast, todo en medio de la reunión sostenida por estos dos últimos, donde se habría zanjado un acuerdo entre ambos.
En ese sentido, el académico considera que “una cosa es ir a la conquista del voto de los ciudadanos que votaron por Parisi y otra es validar, rendirse, dialogar con Parisi mismo”.
En cuanto a la moderación de Boric, Pressacco observa que aspectos como la migración y el orden público serán abordados con mayor énfasis, pero que este no debe perder la esencia de su proyecto político de izquierda.
“Una cosa es buscar el voto del electorado más moderado y otra cosa es dejar atrás aquello que te permitió dejarte en segunda vuelta”, explica.
Estos nuevos matices de la candidatura de Boric se verán plasmados en su programa de gobierno, el que será actualizado este martes, según confirmaron desde su comando.
Analista UAH advierte a Boric por eventual reunión con Parisi: “Puede ser un paso en falso”
Las nuevas piezas de los comandos frente al balotaje presidencial
diciembre 2021
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Fabián Pressacco, investigador CiPP en Radio Biobío: “Las regiones tendrían que construirse o repensarse en función también de una cierta definición de la identidad territorial”.
En el programa “Una Constitución para Chile”, de Radio Biobío, el lunes pasado se abordó la regionalización y descentralización en la nueva Carta Magna, oportunidad en la que estuvo como invitado Fabián Pressacco, académico de la UAH e investigador del CiPP.
El pasado 29 de noviembre, en la XXII edición de “Una Constitución para Chile”, un programa realizado por Radio Biobío y la Unión Europea (UE) en Chile, conducido por Tomás Mosciatti, se analizó el proceso de regionalización y centralización del país de cara a la construcción de la nueva Carta Magna. Como panelistas invitados estuvieron Sebastián Zárate, académico de la Universidad de Los Andes y Fabián Pressacco, académico de la UAH e investigador del CiPP.
Durante el programa de una hora, Mosciatti fue colocando sobre la mesa distintas temáticas, entre ellas: cómo observan los procesos de regionalización y descentralización, su evolución, analizando la emergente figura de “gobernador regional”; si en el nuevo ordenamiento político, Chile debía seguir siendo definido como un Estado Unitario; la conveniencia o no de continuar dividiendo regiones, creando nuevas; cuánto poder pueden llegar a tener las autoridades ejecutivas regionales; qué hacer para incentivar la inversión regional por parte de las empresas; cómo equilibrar las políticas nacionales con las regionales y cómo debe responder el poder central a los problemas regionales.
Consultado sobre cómo evalúa la situación actual en materia de los procesos de regionalización y descentralización que Chile ha llevado adelante, Pressacco sostuvo: “El país ha ido muy lentamente, muy gradualmente, incorporando reformas, innovaciones. Con más rapidez y velocidad en el ámbito de lo que es el tema municipal y mucho más gradualmente en un campo en donde tampoco el país tenía mucha experiencia que es en el ámbito regional; eso es uno de los aspectos que se critica muy fuertemente cuando se evalúa el proceso”. En esa línea, destacó la nueva figura del “gobernador(a) regional” y del “consejero(a) regional”.
Es por ello que, a modo de resumen, afirmó: “…el vaso, uno puede verlo medio lleno y medio vacío. ¿Hemos avanzado?, sí. ¿Ha sido muy lento?, sí, y no solamente respecto a los países de la OCDE. Si uno mira el barrio, América Latina, países tan centralistas, tan unitarios como el nuestro, con el mismo baraje cultural o muy parecido, han avanzado muy rápidamente en esto o mucho más rápidamente que nosotros. Si uno piensa en Perú, Colombia, Bolivia – que nadie podría decir que son de una raigambre cultural radicalmente distinta a la nuestra – han logrado innovar más rápidamente y llevar adelante procesos con mucha ventaja respecto de nosotros”.
A su juicio, la regionalización pasa por: “…asignar capacidad de toma de decisiones, con recursos para que sean las comunidades territoriales las que puedan resolver sobre el uso de un espacio común, con estándares compartidos, definir dónde ponen los énfasis, pues, finalmente, somos todos parte de un mismo país. Y eso es de lo que ha estado privada la sociedad, es parte de las injusticias, de las desigualdades”, enfatizando que: “…eso es parte de las inequidades que tiene nuestro país. Parte del desafío, es justamente construir sociedades territoriales, en donde tengamos acceso, independientemente de dónde nos toque nacer, a ciertos elementos básicos, que hacen, finalmente, la igualdad sustantiva de la sociedad”.
Puesto ante el planteamiento si los(as) gobernadores(as) regionales son figuras decorativas o cumplen su rol, Pressacco fue enfático: “Están haciendo camino al andar. Esta fue una discusión que se dio en el Congreso, entre los maximalistas y los realistas, digámoslo así, en donde claramente terminaron triunfando los realistas, es decir, mejor tener elección de gobernadores, aunque sea sin recursos, aunque sea sin muchas competencias, a no tener nada, como una forma también de constituir una plataforma sobre la cual permita después trabajar y poder hacer presión para poder introducir las innovaciones que todavía están pendientes”.
Ahora bien, acotó, la figura del gobernador: “Si uno lo mira desde el punto de vista formal, tiene mucho de decorativo, pero si uno lo mira desde el punto de vista político, es un hecho relevante, y eso le ha dado también la forma en que se han organizado. Inmediatamente, todos los gobernadores y gobernadoras, incluido el único que es del oficialismo, lograron constituirse en torno a una asociación de gobernadores y gobernadoras, y constituyeron una plataforma para presionar, para demandar, para poner el tranco, en cosas, por ejemplo, como la Ley de Rentas Regionales, que es algo que tendría que dotar de más recursos a los gobiernos que hoy día no tienen”.
“Las regiones tendrían que construirse o repensarse en función también de una cierta definición de la identidad territorial. El territorio es más que tierra. Es historia. Es tejido social. Es cultura. Una mirada abierta, eso debiera ser un elemento importante para construir y definir cuáles son las regiones”.
Otra interrogante abrió el debate en torno a si Chile, en la nueva Constitución Política que surja, debía ser igual definido como Estado Unitario, ante lo cual, Pressacco planteó la discusión desde la óptica del binomio: “Unitarismo o Federalismo. Se puede seguir siendo perfectamente un Estado Unitario, sin patear el tablero para avanzar hacia un Estado Federal. Hay Estados Unitarios fuertemente descentralizados, que le reconocen mucha autonomía a las regiones, a los gobiernos municipales […]. Las regiones italianas son parte de un Estado que es formalmente Unitario, como el mismo caso del Estado español, y, sin embargo, las comunidades autónomas españolas, tienen facultades, competencias, recursos, que nosotros ni siquiera podríamos soñar. Entonces creo que esa discusión, es una discusión teórica, que es relevante, pero que finalmente uno podría avanzar hacia mantener ciertos componentes del Estado Unitario, pero claramente dotando de mucha más autonomía y capacidad de decisión a los territorios”.
Y su mirada sobre los criterios con los cuales se han creado las regiones en Chile es que son: “…una mezcla entre un juego cartográfico, jugando con el mapa, con una lógica muy electoral, porque finalmente las regiones son la base de la construcción de las circunscripciones y de los distritos, y eso tributaba en una determinada línea, para reforzar, para ponerle otro refuerzo más, al sistema político heredado del régimen autoritario. No es casual que haya habido mucha presión, mucha demanda, por construir regiones nuevas sobre la base de la identidad provincial, porque las provincias están muy arraigadas en Chile, culturalmente hablando – salvo regiones con más identidad, posiblemente, Magallanes o Biobío – pero si se mira desde otro punto de vista, el arraigo más fuerte está en las provincias, en las viejas provincias del sistema político”.
En esa perspectiva, aseguró que la única ventaja de llegar tarde en estas materias -comparándonos con países de otras latitudes: “…es que uno puede aprender de lo que han hecho bien o mal las otras experiencias, pero lo que tenemos que hacer, es pensar en un esquema que sirva para nosotros, para nuestro país. Y eso, es importante hacerlo, porque uno puede pensar en el Federalismo, las regiones italianas, las regiones francesas, en el modelo Federal Estadounidense, pero finalmente eso es ingeniería. Para que esto funcione debiera estar muy arraigado en aquellos problemas que la institucionalidad apunta a resolver”.
De ahí que sostuviera: “Las regiones tendrían que construirse o repensarse en función también de una cierta definición de la identidad territorial. El territorio es más que tierra. Es historia. Es tejido social. Es cultura. Una mirada abierta, eso debiera ser un elemento importante para construir y definir cuáles son las regiones”.
Para escuchar el programa, sigue este link.
Enrique Rajevic en las XVII Jornadas de Derecho Administrativo: “la voracidad de la política ha impedido generar una administración pública en forma porque, de alguna manera, empieza a generar un contrapeso con el gobierno de turno”.
La Universidad de La Serena y la Asociación de Derecho Administrativo Chileno (ADAD) realizaron las XVII Jornadas de Derecho Administrativo, los días 18, 19, 25 y 26 de noviembre de 2021, una tradicional actividad en el medio nacional que congrega a docentes, investigadores, abogados, abogadas y estudiantes que cultivan estas áreas del conocimiento jurídico para reflexionar y debatir. En la oportunidad, el académico e investigador asociado del CIPP, Enrique Rajevic, participó el día 25 de noviembre con su ponencia denominada “De la confusión a la distinción entre Gobierno y Administración del Estado”.
En primer lugar, el investigador explicó que intuitivamente se entiende que al hablar de función de Gobierno se habla de imprimir las grandes directrices y orientaciones a las políticas públicas, fijar prioridades en una función que está a cargo de personas. “La función administrativa es básicamente la ejecución de políticas públicas, la prestación de servicios”, dice.
En palabras de Rajevic, nuestras tres constituciones históricas han incurrido en una confusión conceptual en este punto. El artículo 60 de la Constitución del 25 decía: “un ciudadano con el título de presidente de la República administra el Estado y es el jefe supremo de la nación”; después, el artículo 71 de la constitución del 25 que se corresponde con el 81 de la constitución del 33, en ambos se confiaba a este presidente la administración y el gobierno del estado, es decir, ambas funciones en la misma persona”.
Enrique Rajevic continúa y hace alusión a algunos autores, donde se plantea la distinción entre los conceptos de “gobierno” y “administración”, como Hermógenes Pérez de Arce, político del siglo XIX, que en 1884 escribió el texto “El administrador público”. En el libro, explica, el autor traza la distinción entre ambos conceptos y cita: “por ser la administración una de las fases que presenta el ejecutivo se confunde generalmente el sentido de la acción de gobernar con la de administrar; gobernar es regir los intereses generales de la nación, representarla en sus relaciones con el extranjero, tomar participación en la formación de las leyes, dirigir los intereses colectivos, etc; administrar, en cambio, es ejecutar cada uno de los actos con que se da cumplimiento a la ley de interés general, cuya dirección superior tiene el Gobierno ……”.
También menciona a Valentín Letelier, y lee textual: “comprendamos alguna vez que una cosa es administrar y otra, dirigir la administración, una cosa es servir y otra reglamentar los servicios; que aun cuando la administración y el gobierno intervenga en los mismos asuntos, intervienen con distinta competencia …..”. El académico citó a estos y otros autores con el fin de dar a conocer que a fines del siglo XIX e inicios del XX ya se tenían estas nociones claras.
El investigador del CiPP señala que nuestra constitución vigente sigue el camino de la del 33 y la del 25, pues en el artículo 24, inciso primero, dice que “el gobierno de la administración le corresponde al presidente como jefe de estado”, y luego profundiza en el artículo 33 diciendo que “los ministros y ministras del estado son colaboradores inmediatos y directos del presidente en el gobierno y en la administración”. Por lo tanto, explica, uno podría decir que hay bases para distinguir porque se ocuparon ambas palabras, pero en rigor al ser entregadas al mismo órgano, la verdad es que esto se debilita. También se podría pensar que en el artículo 38 de la constitución vigente, que está en un epígrafe que se refiere a las bases generales de la administración del Estado, ahí uno podría decir que estaba la administración pura. Ahí de hecho aparece la carrera funcionaria con un principio de carácter técnico profesional, con igualdad de oportunidades, pero en rigor, la ley de bases generales de la administración del Estado no hizo la distinción de manera tan clara, aunque no digo que no la haga, porque los ministerios aparecen con las funciones típicas de gobierno y los servicios públicos, con las funciones típicas de administración, pero no hemos llegado a decantar con total claridad la función, en buena parte, porque “la voracidad de la política ha impedido generar una administración pública en forma porque, de alguna manera, empieza a generar un contrapeso al gobierno de turno”, concluye.
Tres ejemplos de esta falta de diferenciación que tenemos en nuestro texto constitucional son, primero, la precarización del empleo público en general; segundo, la desvinculación masiva de directivos públicos elegidos por el Sistema de Alta Dirección Pública, que en principio son funciones de administración; y tercero, la falta de regulación del funcionamiento del gobierno.
Finalmente el académico reflexiona y dice que uno podría perfectamente seguir esta línea de que el presidente o presidenta tenga la conducción general del estado a través del gobierno y de la administración, dirigiendo esta última, y precisando que el gobierno es el responsable de la conducción política y de la definición de las políticas públicas, colocando en el gobierno, a sus ministros/as, subsecretarios/as, delegados presidenciales y personal de exclusiva confianza, y eso sería el gobierno. El resto debería ser la administración pública, a cargo de la implementación de las políticas públicas y de proveer servicios públicos de manera continua y permanente, “esa debería ser nuestra aspiración”, concluye Rajevic.
Revive acá la transmisión de su ponencia:
Modernización de la Gestión y Transformación Digital del Gobierno Regional Metropolitano
diciembre 2021
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Eduardo Abarzúa, decano de la FEN e investigador CiPP se integró al Consejo Asesor de Modernización de la Gestión y Transformación Digital del Gobierno Regional Metropolitano.
Fuente: FEN-UAH
El decano de la FEN, Eduardo Abarzúa ha sido convocado a ser parte del Consejo Asesor de Modernización de la Gestión y Transformación Digital del Gobierno Regional (GORE) Metropolitano.
El consejo reúne a un importante grupo de académicos y representantes de la sociedad civil y los gremios organizados. Su objetivo, tal cual quedó establecido el pasado 12 de noviembre en la ceremonia de apertura del Consejo, es perfilarse como: “…un espacio de discusión y servir de puente al trabajo desde el GORE hacia la sociedad, fortaleciendo el trabajo colaborativo y la co-creación de políticas, planes, programas y proyectos que permitan la modernización e innovación institucional”.
El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, presidió la inauguración de esta instancia, ocasión en la que sostuvo: “la gobernanza para 8 millones de personas supone un desafío que va más allá del desarrollo de un software. Como institución estamos comprometidos con eso. Sin prisa, pero sin pausa”, precisando que: “No es sólo tecnología. Es red. Es alianzas. Es calle”.
Durante el encuentro, las y los integrantes del Consejo plantearon un amplio abanico de contenidos que deberían abordan en esta tarea que se les ha encomendado, entre los cuales destacaron: la transformación digital y cultural al servicio de las personas aparece como un ámbito clave; adecuar la cultura interna de las propias instituciones (GORE, municipios) a los procesos de modernización y transformación; conectarse más y mejor con los municipios, trabajando en red para unificar el trabajo desde los municipios con mayor desarrollo digital hasta aquellos con menores estándares, y cómo aplicar el concepto “Smart City” a cuestiones simples de la vida cotidiana como, por ejemplo, ayudar a los vecinos a abaratar su costo de vida o colaborar en la seguridad vecinal.
“Asumir este desafío se enmarca en uno de sus principios fundacionales que es la formación de liderazgos con impronta en lo social y el levantamiento de investigación aplicada para diseñar, implementar y promover políticas públicas que aporten al desarrollo sostenible, solidario e inclusivo de nuestra sociedad como base de la construcción de un mundo mejor para todos y todas, en especial para la población más vulnerable”.
El decano de la FEN, Eduardo Abarzúa, valoró positivamente que el GORE Metropolitano esté inmerso en este objetivo de modernización de su gestión, de la mano de las transformaciones que las nuevas tecnologías permiten para la reducción de las brechas digitales de acceso, por ejemplo, a los servicios públicos. Así también destacó la importancia de potenciar estos procesos pensando en las personas, desde la perspectiva del contexto histórico que vive el país, recordando que el malestar generalizado de la población – manifestado en el estallido social – ha puesto en juego la legitimidad de nuestra democracia y de las instituciones, precisamente por la desconexión con las demandas y necesidades de la ciudadanía, lo que ha generado una crisis de credibilidad respecto de quienes detentan el poder.
“Uno de los pilares de la discusión constitucional en curso es la descentralización y nuestra prioridad es colaborar en la implementación y fortalecimiento de la Gobernación Regional como un sujeto político inédito en nuestra historia republicana, acercando al Estado con la diversidad de nuestro territorio”, sostuvo Abarzúa.
Para la FEN y la UAH en su conjunto, asumir este desafío se enmarca en uno de sus principios fundacionales que es la formación de liderazgos con impronta en lo social y el levantamiento de investigación aplicada para diseñar, implementar y promover políticas públicas que aporten al desarrollo sostenible, solidario e inclusivo de nuestra sociedad como base de la construcción de un mundo mejor para todos y todas, en especial para la población más vulnerable.
Es por eso que, a lo largo de su trayectoria, la FEN ha ejecutado diferentes proyectos, tanto a nivel local como internacional, en el ámbito de los procesos de modernización del Estado y rediseños institucionales, combinando criterios técnicos y sociales para entregar soluciones que contribuyan a optimizar el uso de los recursos, mejorar la calidad de vida de las personas y el pleno respeto de los derechos fundamentales.
Ver más en el siguiente enlace.
Facultad de Ciencias Sociales junto al CiPP organizaron el seminario “Covid-19, Salud y territorio: la construcción de evidencias territoriales de desigualdades en salud”.
Los resultados del “Proyecto ANID 0476 de resiliencia y variabilidad geográfica del impacto por déficit o postergación de atenciones hospitalarias para enfermedades crónicas frente a la pandemia COVID-19”, fueron presentados en el seminario “Covid-19, Salud y territorio: la construcción de evidencias territoriales de desigualdades en salud”. La actividad fue organizada por la Facultad de Ciencias Sociales junto al Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas de la UAH, y tuvo como moderadora a Paulette Landon, decana de la Facultad de Ciencias Sociales e investigadora del CiPP.
En el evento expusieron las y los académicos que participaron en el mencionado proyecto quienes comentaron las distintas aristas que implicó la investigación: Manuel Fuenzalida, investigador responsable del proyecto y académico del Departamento de Geografía de la UAH explicó los resultados en torno a las “Desigualdades territoriales de la postergación de atenciones hospitalarias en el contexto COVID-19”; Marcela Perticará, directora alterna del proyecto, académica de la Facultad de Economía y Negocios de la UAH e investigadora del CiPP expuso los “Patrones en el exceso de muerte en la pandemia” ; María Paz Trebilcock, co investigadora y académica del Departamento de Sociología de la UAH entregó el análisis del estudio de las “Atenciones hospitalarias en pandemia: una mirada desde la desigualdad territorial” ; y Mario Millones, post doctorando del proyecto y académico de la Universidad Autónoma, abordó la “Flexibilidad metodológica para investigar en tiempos de crisis: buscando organizaciones de pacientes crónicos en Chile”.
En la apertura, Fuenzalida destacó que: “Territorio y salud es un binomio que, en las últimas tres décadas, ha reunido suficiente evidencia para comprender que los efectos en salud varían geográficamente, y en particular que los residentes en territorios más vulnerables o desfavorecidos tienen peor salud que aquellos que habitan zonas menos vulnerables o más prósperas. Brecha que se está acentuando en el mundo a propósito de la pandemia”.
Y sobre la base de la elaboración de un visor territorial, Geosalud, centrado en tumores o neoplasias que permite entender cómo se comporta esta enfermedad en todas las regiones, dijo que: “Durante el 2020 bajamos la cantidad de ingresos hospitalarios por patologías de este tipo. Y un dato clave, las comunas que sí disponen de centros de alta complejidad, fueron las que definitivamente pudieron absorber de mejor forma a los residentes de esos territorios con este tipo de demanda y en aquellas comunas donde no se contaba con la especialidad para poder tratar este tema del cáncer, la diferencia fue importante”.
Perticará, en tanto explicó que la motivación del estudio “Patrones en el exceso de muerte en la pandemia”, fue la de establecer: “…en qué medida existieron patrones diferenciados en las muertes por COVID y en las muertes por otras patologías, producto también de la misma situación pandémica”.
En esa línea, destacó que establecer: “…qué tipos de correlaciones existen entre las muertes por pandemia y otras variables territoriales, que usualmente también afectan la prevalencia hacia ciertas enfermedades y por lo tanto también la probabilidad de fallecimiento”, contribuye sustancialmente al país en términos de estar: “…preparados justamente para enfrentar situaciones singulares a futuro y que tal vez vislumbremos maneras de pasar mejor la próxima crisis sanitaria que tengamos”.
En su exposición, sostuvo que: “Cuando uno ve el exceso de muertes que se acumuló solamente el año 2020, es poco más del 20%, es decir un 20% más de muertes en relación a las que prevalecían en años anteriores y existe, tal como los otros estudios mostraban, una alta heterogeneidad en cómo esto se produjo a lo largo de todo el territorio. Hay comunas, por ejemplo, que son altamente vulnerables como La Pintana y San Ramón, en las cuales el incremento en las muertes fue de alrededor del 50% con respecto a años anteriores”.
En esa perspectiva, resaltó entre las conclusiones que: “Tenemos territorios altamente vulnerables y más aislados, en los cuales nuestros indicadores de salud son bastante peores que en territorios menos vulnerados. Y lo que vemos es que la pandemia reflejó en ciertos momentos […] en particular en los dos peaks que tuvimos entre mayo y junio del 2020 y entre abril y junio del 2021, que las tasas de muertes en alguno de estos territorios, casi se duplicaron con respecto a la situación pre pandémica”.
Todo ello, recalcó: “…debería darnos luces que no podemos basar la estrategia de enfrentar la tercera ola o la próxima pandemia, con una estrategia similar. Tal vez tenemos que tener un mix y estar preparados para integrar cuando fuese necesario, pero tenemos también que asegurar que los territorios más vulnerables tengan mejor acceso a la salud primaria […]. En los peaks, muchos de los consultorios estaban cerrados y muchos hospitales, inclusive algunos de baja complejidad también estaban con sus servicios acotados o con algunos de sus servicios cerrados, porque hubo médicos que habían sido trasladados para atención exclusiva COVID, entonces tal vez tenemos que aprender que eso no tenemos que repetirlo en el futuro”.
Mario Millones, quien expuso los resultados de su estudio sobre “Flexibilidad metodológica para investigar en tiempos de crisis: buscando organizaciones de pacientes crónicos en Chile”, afirmó que dado el escenario actual, la flexibilidad metodológica: “…ya no es un diseño de investigación como opción, llegó para quedarse […] Vamos a tener que adherir a la flexibilidad constante porque los tiempos son bastante inciertos”, reseñando que los principales problemas detectados en la búsqueda de este tipo de organizaciones, radican en la obtención de información, de datos de contacto (correos electrónicos obsoletos, páginas web obsoletas); necesidad de actualizar las bases de datos y alta precariedad de las organizaciones de pacientes.
Con estas deficiencias, puntualizó: “…se evidencia un problema que terminará siendo un problema de política pública para el Ministerio, de reactualizar sus bases de datos con respecto a las organizaciones, de que la sociedad donde el espacio/tiempo está anclado al territorio – en el sentido de que uno puede hacer visitas domiciliarias a ciertas organizaciones – ya hoy en día, bajo esta nueva modalidad de sociedad, nése cumple, sino que son las redes sociales las que están siendo este nuevo espacio de visibilidad, de contactos, de comunicación […]. Sin embargo, una vez ya contactada con las fundaciones u organizaciones también surge la realidad que nos explica también, por qué ocurren muchos problemas de contacto, que tienen que ver con la alta precariedad de muchas organizaciones de pacientes y el poco personal que trabaja en ellas”.
Trebilcock, por su parte, presentó los resultados de la investigación sobre “Atenciones hospitalarias en pandemia: una mirada desde la desigualdad territorial”, destacando que: “A pesar de la pandemia, existió en el fondo la posibilidad de parte de los enfermos crónicos de mantener algunas atenciones de salud, acceso a remedios, acceso hacer una atención primaria, atención por telemedicina, pero se percibe que hay una privatización en el acceso a la salud, sobre todo por tener que pagar por ella. El sistema de salud público generó una serie de limitantes para las personas para poder acceder a la salud en la pandemia […]. También que el empeoramiento de las condiciones de salud redunda en atención u hospitalización, y eso también tiene que ver con las emergencias”.
Asimismo, señaló que: “La oferta es muy importante para la atención de salud. Los territorios que tienen mejor infraestructura de salud permiten que las personas se atiendan mejor, con la presencia de hospitales, la presencia de centros médicos o de clínicas”, puntualizando que la dinámica local: “…del acceso a la salud implica de alguna manera romper el centralismo para mirar el sistema y, efectivamente, tratar de entender en el fondo las particularidades de cada uno de los centros con su propia oferta”.
Revive acá la transmisión del seminario.
Retiro de fondos y competencia en la industria de AFP
noviembre 2021
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