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Investigadores CiPP participan como evaluadores del Índice de Políticas para Pymes de la OCDE

“Esta es la segunda vez que participo en esta instancia, y me resulta interesante, pues permite establecer vínculos entre los temas que investigamos y el desempeño de las Pymes. En esta versión se añaden aspectos relacionados con digitalización y con mi proyecto de investigación”, señala el docente,  Mauricio Castillo quien junto al académico, Cristián Geldes, participaron como evaluadores independientes del Índice de Políticas para Pymes de la OCDE.

Los investigadores del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) y académicos de la FEN UAH apoyaron la recopilación de información y datos relacionados con la economía, las políticas y el rendimiento de las Pymes en Chile y compararon información sobre políticas y programas para el desarrollo y las iniciativas empresariales en la región, verificando recursos públicos, poniéndose en contacto con las partes interesadas pertinentes y asistiendo a reuniones con representantes gubernamentales. Además, tuvieron la oportunidad de participar en reuniones con el Gobierno chileno para discutir y analizar algunos aspectos sobre las políticas públicas que afectan a las Pymes.

La segunda versión denominada “Índice de Políticas para Pymes de América Latina y el Caribe: Hacia una recuperación inclusiva, resiliente” fue organizada en conjunto por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA),  el Banco de Desarrollo de América Latina y la Fundación para el Análisis Estratégico y Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa (FAEDPYME). Aumentando el número de participantes de siete a diez países: Chile, México, Colombia, Perú, Ecuador, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

El Índice de Políticas para Pymes es una herramienta de evaluación comparativa que ha ayudado a economías emergentes en diversas regiones del mundo durante la última década a monitorear y evaluar el progreso de las políticas que apoyan a las micro, pequeñas y medianas empresas. Este informe evalúa las fortalezas y debilidades que existen en las diferentes áreas de diseño, implementación, monitoreo y evaluación de políticas para Pymes.

Rafael Blanco expone en seminario sobre litigio estratégico en República Dominicana.

«El litigio estratégico: una nueva mirada en la solución del conflicto» es el seminario que reunió a destacados expositores nacionales e internacionales convocado por la Universidad Dominicana O&M y organizaciones de la sociedad civil. En el evento realizado en República Dominicana expuso el investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la UAH, Rafael Blanco.

El tema central de este seminario fue el litigio estratégico en la solución de conflictos donde el académico de la Facultad de Derecho de la UAH, Rafael Blanco, habló sobre los desafíos de la representación de intereses de víctimas e imputados en el contexto de sistemas procesales penales adversariales.

Esta actividad es el primer seminario internacional que se celebra en ese país con el objetivo de promover herramientas y experiencias sobre esta materia, así como el respeto y la protección de los derechos humanos para permitir que las decisiones trasciendan la solución particular de un caso y genere un impacto social o jurídico que beneficie a toda la ciudadanía.

Durante el desarrollo de la actividad jurídica  se trataron los  temas: Desafíos estratégicos en el proceso penal;  litigación estratégica en materia de ciberdelitos;  garantías y derechos en el sistema penal de cara a las exigencias del sistema interamericano; litigio estratégico en materia de violación de derechos  fundamentales; elementos críticos del litigio estratégico penal y la  de admisibilidad y exclusión de prueba; el litigio estratégico: romper paradigmas y crear precedentes en el proceso administrativo.

Deep fakes, distorsión de la realidad y desafíos jurídicos

“Los recientes desarrollos tecnológicos nos están llevando a transitar por parajes inimaginables que muchos no ven y otros solo ven como una “curiosidad”, pero que encierran debates profundos y que han afectado y pueden seguir afectando los derechos de miles de personas a nivel mundial”, señala la investigadora del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas, CiPP, de la UAH, Michelle Azuaje,   en el  artículo “Deep fakes, distorsión de la realidad y desafíos jurídicos” publicado en la revista de extensión Telos número 22 donde plantea los principales riesgos del uso de videos e imágenes ultra falsas o Deep fakes.

Un Deep fake es un video, una imagen o un audio generado que imita la apariencia y el sonido de una persona. También llamados «medios sintéticos»,caracterizados por ser muy convincentes a la hora de imitar lo real que pueden engañar tanto a las personas como a los algoritmos.

Son   generados por la inteligencia artificial y sus formas más comunes de aplicación las encontramos en videos o como filtros de realidad aumentada. “Los Deep fakes pueden emplearse para poner a personas en situaciones en las que no estuvieron realmente (como el papa Francisco, caminando por las calles usando un abrigo blanco de Balenciaga) sin que necesariamente podamos advertir la falsedad del contenido. Pueden hacerse con fines humorísticos o de parodia (en principio, amparados por la libertad de expresión), o para mejorar algunas obras cinematográficas, por ejemplo, a través de “doblajes sintéticos sincronizados” (como promete TrueSync), pero también con los fines más perturbadores” señala la académica en la publicación.

La investigadora del CiPP se pregunta en esta publicación ¿qué tan preparadas están las legislaciones para hacer frente a estos riesgos?, enfatizando que el abaratamiento, sofisticación y masificación de estas tecnologías  la hacen mucho más accesible  lo que genera que un número mayor de personas puedan ser víctimas. “En sus orígenes los deepfakes atacaron principalmente a personas famosas (es decir, a unas pocas personas, como Gal Gadot, Taylor Swift, Scarlett Johansson, más recientemente influencers, escritoras, entre otras), pero el abaratamiento, sofisticación y masificación de estas tecnologías puede llegar a perjudicar a un sinnúmero de individuos a nivel mundial y convertirse en un verdadero dolor de cabeza para el sistema de justicia”, declara la especialista.

Michelle Azuaje, experta en propiedad intelectual y derecho digital, afirma en esta publicación que el avance de la tecnología nos hace plantearnos sobre los retos globales que hoy enfrentamos y responder a la interrogante sobre el rol y lo que puede hacer el derecho al respecto. “Sabemos que deben tomarse algunas medidas, sí, pero… ¿lo estamos haciendo?, ¿saben o deben saber los operadores de justicia, incluso en una pequeña localidad, lo que es un deepfake?, ¿lo saben los abogados?, ¿deberían saberlo?, ¿quién nos prepara para ello?, ¿cómo se entendería correctamente probada la falsificación de uno de estos, enfatiza la abogada.

Puedes leer este artículo en el siguiente enlace: TELOS 122.pdf

Gas a precio justo: valor público y barreras a la innovación

“Las soluciones innovadoras tanto en el sector público como privado no ocurrirían de manera espontánea”. Es la opinión de Ignacio Cienfuegos, investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la Universidad Alberto Hurtado, al referirse a la polémica generada en torno al programa  “gas a precio justo” .

“La innovación seguiría un proceso que parte con la definición de un problema, seguido de la generación y selección de ideas, que posteriormente requieren ser testeadas mediante pilotos, para luego implementarlas, evaluarlas, difundirlas y escalarlas en la medida de lo posible”, argumenta Cienfuegos en su columna de opinión publicada en Radio Universidad de Chile.

Estas iniciativas que buscan entregar bienes a hogares vulnerables a un costo inferior al mercado, señala el académico del Departamento de Política y Gobierno de la UAH, nacen en un contexto de reproche al sector privado. Recordemos que el mercado del gas licuado fue cuestionado por la Fiscalía Nacional Económica, FNE, por carecer de una regulación adecuada desde una perspectiva competitiva. Es así como en el país se abrió un debate sobre si esta “falla del mercado” debía resolverse, únicamente, a través de mejorar la regulación de la industria o por una participación estatal. Para Cienfuegos debe existir la posibilidad de innovar desde el Estado, a fin de generar “valor público”, es decir orientarse “hacia la satisfacción de necesidades y deseos de la ciudadanía, con soluciones que salgan de la caja, más allá del solo cumplimento del mandato legal”, comenta el investigador del CiPP. Sin embargo, la preocupación de gran parte de la opinión pública sería el “despilfarro de recursos” por parte del Estado en el desarrollo de esta idea “innovadora”, puntualiza  el docente.

Accede a la columna de opinión en  el siguiente link: Gas a precio justo: valor público y barreras a la innovación.

Desafíos a largo plazo

“Las necesidades y prioridades del gasto planteado por la autoridad son todas muy válidas e importantes para el ciudadano común, pero mantienen la estrategia asistencialista de los últimos 50 años”. Así lo plantea Carlos García, investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas, CiPP, de la Universidad Alberto Hurtado quien destaca que el país debe enfrentar no solo la desigualdad sino que también otros desafíos fundamentales de nuestra sociedad, como son la robotización y el calentamiento global.

“Basta con observar lo que es posible hacer con la Inteligencia Artificial para darse cuenta de que la robotización y tecnologías similares golpearán nuestras vidas en forma dramática”, comenta el académico de la Facultad de Economía y Negocios de nuestra Universidad en su columna de opinión “Política fiscal en el largo plazo”, publicada en La Tercera .

El calentamiento global también inquieta a García quien advierte que el gasto de la población chilena en alimentación se incrementará. “Mis cálculos, basados en datos más bien conservadores, indican que los alimentos subirán de precios en un 25% en términos reales en los próximos años y décadas, básicamente por los esfuerzos de mitigación de esta crisis”, sentencia García.

Accede a la columna de opinión de nuestro investigador en el siguiente enlace: Columna de Carlos J. García: Política fiscal en el largo plazo – La Tercera

Hugo Rojas investigara sobre justicia transicional en Iberoamérica

“El objetivo del proyecto es identificar y analizar las políticas de los gobiernos democráticos en España y América Latina, en relación con sus propios procesos transicionales, problematizando en torno al concepto de memoria histórica los tratamientos otorgados a las víctimas y responsables de las dictaduras en el marco de la justicia transicional en un sentido amplio”, señala el investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas, CiPP, de la UAH, Hugo Rojas, quien será coautor y parte del equipo interdisciplinario y transnacional de trabajo que investigará sobre «Transiciones democráticas y memoria histórica: aprendizajes de ida y vuelta entre España y América Latina» .

El académico señala que el equipo de investigadores se centrará en las experiencias latinoamericanas y española, bajo la pregunta guía de si existen enseñanzas útiles entre los distintos países del área que puedan identificarse como modelos de buenas prácticas, tales como la justicia transicional, la memoria histórica, la rehabilitación posconflicto, las políticas de género o la historia pública.” Se realizarán estudios de casos que combinarán aproximaciones comparadas, partiendo de una noción de «ida y vuelta», es decir, no unidireccional y bajo la hipótesis de que las transiciones latinoamericanas ofrecen enseñanzas valiosas para el debate democrático, no sólo para España, sino para toda Europa”, destaca Rojas.

El proyecto de investigación ha sido patrocinado por Fundación Carolina y contempla ser ejecutado el 2023 con una serie de publicaciones y una conferencia internacional a realizarse en la Casa de América, Madrid y permitirá realizar una importante investigación en el ámbito de derechos humanos, transiciones a la democracia y justicia transicional.

El grupo de trabajo se constituyó el 5 de mayo y está integrado  por: Hugo Rojas, Facultad de Derecho y Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas de la Universidad Alberto Hurtado e Instituto Milenio de Investigación sobre Violencia y Democracia, Chile. Carlos Sanz, Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid, España (coordinador), Lorena Balardini, Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, Antonio González Quintana, Consejo Internacional de Archivos, España, Ana Guglielmucci, Programa de Antropología en la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario, Bogotá, Colombia, Elena Martínez  Juan Pablo Vera Lugo, Departamento de Antropología de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia, Barahona, Facultad de Derecho e Instituto Iberoamérica de la Universidad de Salamanca, España y Juan Pablo Vera Lugo, Departamento de Antropología de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia.

Fabian Pressacco: El Gobierno reordena sus prioridades.

Por Gabriela Lobos Hernández, periodista CiPP

“El Presidente en forma muy talentosa ha logrado que su coalición asuma que no hay tanto espacio para lo que se quiere hacer, aunque se considere que esos cambios son muy valiosos, sin embargo no ha renunciado a las reformas estructurales en materia tributaria, de salud y de pensiones”, señala el investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la UAH, Fabian Pressacco, en una entrevista realizada por nuestro equipo donde analiza la situación del gobierno.

Pressacco, cree que no ha sido fácil para Gabriel Boric gobernar porque ha debido enfrentar el hecho de ser minoría en el Congreso forzándolo a negociar con un sector que pareciera no querer que las cosas cambien. Además, tuvo que asumir el fracaso del plebiscito de salida. Este escenario adverso lo obligó a desplegar toda su habilidad política para administrar de la mejor manera posible las anheladas transformaciones que los distintos sectores de la coalición oficialista tienen que asumir. De una u otra manera, la coyuntura social y política del país ha modificado los tiempos e, incluso, ciertas prioridades. “Es muy complicado gobernar en un país donde cualquier iniciativa es cuestionada y en donde avanzar, incluso, en mínimas iniciativas se hace difícil, sin embargo Boric ha logrado desplegar un tono que apunta a reforzar la necesidad de conversar, negociar y, de esa manera, a lograr acuerdos” enfatiza el académico.

Las observaciones del docente del Departamento de Política y Gobierno de la Facultad de Ciencias Sociales de la UAH, Fabián Pressacco, coinciden con las declaraciones que realizó el primer mandatario durante el discurso de la Cuenta Pública 2023 donde afirmó que se han reordenado las prioridades del gobierno. “Es un gobierno que partió con un programa muy ambicioso y que ha tenido que hacer cambios y ajustes muy radicales en función de los datos del entorno. En ese proceso de pérdida hay integrantes de la coalición de gobierno que les cuesta más aceptarlo”, explica el politólogo y sociólogo.

El académico considera que es muy difícil poder realizar un nuevo proceso constituyente si el 17 de  diciembre el electorado se pronuncia en contra del proyecto de carta magna. Recordemos que esa instancia democrática será con voto obligatorio. “Nadie pensaba que los republicanos sacarían la cantidad de votos que alcanzaron, pero hay que ver si están dispuestos a ceder, ya que no les vendría mal hacerlo si piensan tener una opción presidencial. Me parece que si este proceso no resulta hay poco espacio y energía para hacer otro”, puntualiza el investigador.

En cuanto a las figuras del gobierno con mayor proyección el académico destaca a la Ministra del Trabajo, Jeannette Jara, a quien considera que posee mucho carisma, templanza y una alta valoración entre la ciudadanía, un 66 por ciento de aprobación, según la última encuesta Cadem. Evaluación que se explicaría por la aprobación de las 40 horas semanales de trabajo. Camila Vallejos es otra de las figuras del gobierno que el docente considera que tiene una excelente proyección política y pieza clave de la actual administración.

Otro de los personeros del gobierno que mira con interés es al Subsecretario de Interior, Manuel Monsalve, a quien perfila como personaje fundamental en los temas de seguridad, destacando su  tono mesurado a lo que se suma que cuenta con una muy buena evaluación de la ciudadanía reflejada  en la última encuesta Cadem que le otorga un 64 % de aprobación. También hay que considerar, más allá de los conflictos al interior del PPD, a la ministra del Interior Carolina Tohá. Su firmeza y claridad, así como su desempeño en la interpelación del Congreso, la destacan como una figura relevante del Gobierno.

Sobre las críticas al plan piloto de ENAP: «Ese cálculo mezcla peras con manzanas”

«El cálculo de los $117.000 por cilindro confunde costos fijos con variables». Así de tajante es Eduardo Saavedra, Director Académico del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas, CiPP, de la Universidad Alberto Hurtado al ser consultado por Las Últimas Noticias acerca de las críticas que se han realizado al plan piloto de ENAP.

Saavedra, quien fue asesor de la Fiscalía Nacional Económica, FNE, en el estudio del gas, explicó que nadie duda que ENAP gastó $591 millones en el piloto, lo que para unos 5.700 cilindros, da un promedio de $117.000, pero ahí se confunden los costos fijos con los costos variables. “Ese cálculo mezcla peras con manzanas. Toda inversión de largo plazo tiene componentes de costos fijos importantes, por ejemplo, los cilindros, pero la diferencia es que el cilindro una empresa lo usa durante 30 años, y el cálculo de los $177.000 amortiza ese costo en un año”.

El Decano de la Facultad de Economía y Negocios de la UAH recordó que el estudio de la FNE concluyó que, entre el 2010 y el 2020, el precio del gas fue superior al que debería haber existido en un mercado competitivo. “En el caso del gas de cilindro, los consumidores pagaron 181 millones de dólares anuales en exceso”, acotó el académico.

La recomendación de la FNE fue eliminar los contratos de exclusividad de las grandes distribuidoras con los distribuidores más pequeños. “Hoy usted le compra al camioncito que pasa por su casa, que solo ofrece una marca, y ni siquiera sabe cuánto cobran las otras empresas. Si usted elimina esos contratos de exclusividad, ese camioncito andará con las tres marcas y las nuevas que se sumen y usted va a comprar más barato, porque podrá escoger y eso hará que las empresas compitan, incluso sin que entre ENAP”, comenta Saavedra.

El director académico del CiPP considera que el ingreso de ENAP al mercado del gas, aunque tuviera costos más altos, igual podría beneficiar a los consumidores. “Pero para eso ENAP no puede entrar con 60 mil cilindros, sino con dos millones y medio por lo bajo. Es imposible inyectar competencia a un mercado de tres gigantes con una empresa chiquitita que tiene el 1% del mercado”, concluye el Decano de la FEN de la UAH.

Accede a la entrevista completa en el siguiente enlace.

Estudio sobre el rol de la Defensoría Penal Pública durante el estallido social

“Con esta investigación se busca dar cuenta del rol que cumplió la Defensoría Penal Pública (DPP) durante los meses del estallido social que se vivió en Chile desde el 18 de octubre de 2019 hasta la declaración de estado de excepción por la pandemia global causada por COVID-19 el 17 de marzo de 2020. En esos  cinco  meses,  aunque  con  mayor  intensidad durante los dos primeros, en las principales ciudades del país se llevaron a cabo numerosas protestas y manifestaciones masivas en la vía pública, se cometieron  actos  de  delincuencia  y  crímenes  de  diversa  índole,  y  agentes del  Estado  incurrieron  en  violencia  desmedida  e,  incluso,  en  graves violaciones a los derechos humanos de los manifestantes”, así lo señala el artículo académico titulado “Los delitos del estallido social  y el rol de la Defensoría Penal Pública en Chile en 2019” publicado en el último volumen de la Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

La investigación  socio – jurídica e interdisciplinaria fue realizada por el académico Hugo Rojas, investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP), Director del Departamento de Ciencias del Derecho y profesor de Sociología del Derecho y Derechos Humanos en la Universidad Alberto Hurtado; y las y los académicos Javiera Farías, doctoranda en criminología de la Universidad de Barcelona y ayudante de investigación; José Manuel Fernández, profesor de derecho penal UAH e investigador VioDemos; y Tomás Pascual, profesor de Litigación en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

En el documento se explica que la Constitución y el Código Procesal Penal, además de los tratados internacionales ratificados por Chile, obligan al Estado a ofrecer asistencia jurídica gratuita a quienes lo requieran, lo cual es especialmente relevante en el ámbito penal. Con ocasión de la revuelta o el estallido social ocurrido en Chile entre el último trimestre de 2019 y comienzos de 2020, la Defensoría Penal Pública adoptó un conjunto de medidas para ofrecer defensa jurídica a quienes eran detenidos o formalizados por los órganos de persecución penal. “En esta investigación se compara el comportamiento delictual en el país entre los años 2017 y 2021. Se identifican los delitos del estallido social. Se trata de un conjunto de delitos cuyas frecuencias aumentaron considerablemente en los meses convulsionados: a) robos en lugar no habitado, b) desórdenes públicos, c) alteraciones al orden público, y d) atentados y amenazas contra la autoridad”, se señala en el documento.

Las y los académicos explican que la gran cantidad de delitos que se produjeron durante el estallido social y sus especificidades pusieron a prueba a todo el sistema judicial chileno, ya que la sensación de injusticia se incrementó con el malestar social existente en el país. Esta situación explica, según el documento, los mecanismos desplegados por la Defensoría para asegurar servicios oportunos de defensa penal. ”En contextos de disturbios sociales, el surgimiento de dichas creencias parece especialmente importante porque puede incrementar la percepción de injusticia, potenciando el malestar social que da origen a dichos disturbios.”, puntualiza el trabajo

La investigación destaca aquellas buenas prácticas de la Defensoría Penal Pública observadas durante este periodo recalcando que podrían robustecerse institucional y normativamente para que el sector justicia esté mejor preparado para enfrentar fenómenos criminológicos complejos o no habituales, como los ocurridos durante el estallido.

Ficha bibliográfica: Farías, J., Fernández, J., Pascual, T., & Rojas, H. (2023). Los delitos del estallido social y el rol de la Defensoría Penal Pública en Chile en 2019. Derecho PUCP, (90), 79-114. https://doi.org/10.18800/derechopucp.202301.003

Indexación: Scopus, SciELO, Redalyc, ESCI (WoS), DOAJ, Google Académico, Hein Online.

Revisa la versión digital de la publicación en el siguiente enlace: Los delitos del estallido social y el rol de la Defensoría Penal Pública en Chile en 2019

El SII y su enfoque automatizado: ¿Hacia dónde se dirige la interacción personal?

“Hago un llamado a detener por un momento la marcha inexorable de esta avalancha de digitalización en el quehacer del Servicio de Impuestos Internos, y a recordar y reflexionar en que los problemas de índole fiscal, más que informativos o estadísticos, son humanos, y que la comunicación directa y cercana no solo nos resulta más grata, sino —por qué no—, tanto o más eficaz para resolver los desafíos que tienen tanto los contribuyentes como el propio Fisco”, así de categórico es el investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP), Eduardo Irribarra, en una columna titulada “El SII y su enfoque automatizado: ¿Hacia dónde se dirige la interacción personal? publicada en el sitio web de la Radio Universidad de Chile.

El académico de la Facultad de Derecho de la UAH afirma que hasta hace un tiempo el Servicio de Impuestos Internos (SII) reformuló la relación con los contribuyentes a través de “un nuevo trato” que se caracterizó por ser más horizontal y facilitador dentro del proceso de transformación digital del Estado. “Esta nueva mirada se reflejó en diversos aspectos del quehacer de este organismo, como es la posibilidad de extender la Revisión de la Actuación Fiscalizadora al conocimiento de aspectos tanto de fondo como de forma, en una mejor comunicación entre los fiscalizadores y los contribuyentes, y en un énfasis en el respeto a los derechos de los contribuyentes, especialmente en lo tocante al derecho de ser atendido en forma cortés, diligente y oportuna, con el debido respeto y consideración (art. 8 bis del Código Tributario)”, destaca el abogado.

Irribarra, puntualiza que el avance de la inteligencia artificial y la sofisticación de los sistemas informáticos está provocando que el SII se transforme en un organismo más centrado en lo cuantitativo y orientado a los resultados, dejando de lado los énfasis más humanos olvidando, que hay situaciones que los sistemas computacionales no pueden resolver. “En la era digital actual, la mayoría de los trámites ante este organismo se realizan de forma digitalizada, y es común escuchar la frase “ya no se reciben papeles” en sus pasillos. Sin embargo, es importante destacar que, según la Circular N° 41 de 2021, los funcionarios tienen la instrucción expresa de aceptar tanto documentos físicos como digitales. A pesar de esto, quienes nos dedicamos al ámbito tributario hemos notado una progresiva impersonalidad en los procesos digitales, acentuada en parte con ocasión de la reciente pandemia. Por ejemplo, en algunas situaciones, nos encontramos con la dificultad de acceder al funcionario responsable de resolver un asunto en particular, como si el análisis”, plantea el experto.

Para el Director del Departamento de Derecho del Trabajo, Empresa y Economía de la Facultad de Derecho de la UAH, es importante que el SII cuente con un canal de comunicación directo donde funcionarios del organismo puedan dar solución en forma rápida a situaciones que requieren la interacción humana.

Puedes leer esta columna completa en el siguiente enlace.

El sistema con que opera el gas natural en nuestro país no sirve y debe cambiarse

“Es un sistema que no se ocupa en ninguna parte del mundo, es pésimo, no sirve para nada y eso es lo que se requiere cambiar”. Es la rotunda opinión del Director Académico del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la UAH y Decano de la Facultad de Economía y Negocios (FEN), Eduardo Saavedra, quien fue consultado por Chilevisión respecto de las conclusiones del comité de expertos que integró y su análisis sobre el mercado del gas natural.

Dicha instancia emitió un informe donde propone un cambio completo en la comercialización del gas natural que permita que otras compañías puedan entrar a este negocio usando las cañerías de Metrogas y de otras empresas en regiones. En la nota se explica que esto permitiría que terceros puedan ocupar toda la red de gas desde los terminales hasta los canales de distribución generando competencia donde hoy no existe. “Siempre la competencia es el mejor motor para ejercer presión de precios a la baja”, señala Eduardo Saavedra.

Los expertos son partidarios de una suerte de “multicarrier del gas”, parecido a lo que se aplicó en 1994 con las llamadas a larga distancia donde se dio la posibilidad a los consumidores de elegir entre ocho compañías telefónicas. Así se terminó con el monopolio logrando una baja en los precios. Eso también sucedió con los celulares donde se rompió la exclusividad al permitir a las nuevas empresas arrendar antenas a otras establecidas que tenían, hasta ese instante, el control del negocio.

Con una medida de este tipo, aseguran los expertos, el mercado del gas natural cambiaría en forma radical, permitiendo que cada consumidor decida a quién comprar considerando una variedad de precios y ofertas.

Puedes ver el reportaje en el siguiente link.

La ausencia del derecho al cuidado en el anteproyecto constitucional

“El derecho al cuidado es multidimensional e involucra el derecho de toda persona a cuidar y a recibir cuidados. Sobre el derecho a cuidar, es evidente que son las mujeres quienes asumen fundamentalmente estas labores respecto de niños, niñas, personas enfermas, en situación de discapacidad y ancianas. Ellas cubren las necesidades mínimas e indispensables para la vida y subsistencia dignas de las personas dependientes”, señala la investigadora del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la UAH, Miriam Henríquez, en la columna “Un derecho omitido: el derecho al cuidado”  publicada en el diario La Tercera.

La Decana de la Facultad de Derecho de la UAH afirma que llama la atención que en el anteproyecto de constitución elaborado la Comisión Experta que será presentado el 7 de junio al Consejo Constitucional se omita el “derecho al cuidado” ya que esta iniciativa concitó en el proceso pasado un amplio consenso. “¿Cuáles fueron los argumentos para negarse a constitucionalizar el derecho al cuidado? Del debate de las enmiendas presentadas durante la discusión de la Comisión puede inferirse que las motivaciones para preterir este derecho fueron la amplitud con que se propuso, la pretensión de establecerlo como un derecho autónomo y la conveniencia que representaría la existencia de ciertos “trabajos sociales” gratuitos”, declara la académica

Miriam Henríquez explica en esta columna que en la propuesta constitucional rechazada por la ciudadanía se establecía que toda persona tiene derecho al cuidado y  que este  reconocimiento fue  fruto de varias iniciativas populares que lograron un amplio apoyo. “Este derecho quedó establecido en el texto constitucional propuesto a la ciudadanía y, según las encuestas, no fue una razón que motivara el rechazo”, destaca la abogada.

La investigadora del CiPP señala que está claro que las y los comisionados han debido hacer importantes concesiones para llegar a acuerdos, pero es difícil de entender porque el “derecho al cuidado” quedó fuera de este proyecto. “Este trabajo no es hoy reconocido como una labor productiva, tampoco es remunerado, y se realiza con altísimas consecuencias personales para las mujeres. Porque cuando las mujeres cuidan generalmente lo hacen a costa de su inserción laboral, de su carrera profesional, de la participación política o con directo daño para su integridad física o mental”, argumenta la académica.

La abogada afirma que el Estado no puede ser un espectador de cómo las tareas del cuidado recaen hoy en las mujeres y que es importante que el Consejo Constitucional reflexione sobre esta realidad. “Es la Constitución la que debe establecer que el Estado es el garante de su ejercicio con base en un modelo de corresponsabilidad social y de género. Si la nueva Constitución establece un Estado social de derecho, el reconocimiento del derecho al cuidado es central en esa configuración”, manifiesta la experta.

Puedes revisar la columna completa en el siguiente link: Columna de Miriam Henríquez: Un derecho omitido: el derecho al cuidado – La Tercera

El desafío de los problemas perversos

“Una de las dificultades por las que un gobierno no se puede concentrar únicamente en lo que la literatura sobre políticas públicas denomina como “problemas perversos” (la delincuencia cae en esa categoría), es que son problemas para los que, con mucha suerte, solo se pueden entregar soluciones parciales o, en la mayoría de los casos, la “sensación de estar siendo resueltos”. Es la reflexión de Ignacio Cienfuegos Spikin, investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas, CiPP, de la Universidad Alberto Hurtado, luego de las polémicas declaraciones de la presidenta del Partido por la Democracia (PPD) Natalia Piergentili, “quien atribuyó como razón fundamental del estancamiento en las bases de apoyo hacia la coalición de gobierno a una retórica política de seguir hablándole ‘a los monos peludos, al 30% que tienes, a les compañeres’”.

El académico del Departamento de Política y Gobierno de nuestra casa de estudios, en una columna de opinión titulada “Monos peludos y problemas perversos” publicada en el diario electrónico El Mostrador, comentó que esta situación tensionó aún más la relación de los partidos del oficialismo y, en particular, a las denominadas “dos almas”.

De esta manera, explica Cienfuegos, “y a partir de la interpretación de un supuesto sentido común que reflejarían las encuestas de opinión y sobre todo los últimos resultados electorales, habría que terminar de “enterrar” la agenda identitaria con la que habría llegado el Gobierno a La Moneda, centrándose más decididamente en los problemas que “realmente le importan a la gente”, a saber: la delincuencia”.

Ante esto, el académico señala que es racional que un gobierno busque conectarse con estas supuestas prioridades llevando a la agenda estos problemas en desmedro de las propias y legítimas convicciones.

Ignacio Cienfuegos explica que los llamados “problemas perversos”, tendrían múltiples causas y a veces incluso efectos inciertos cuando se abordan, por lo que su solución definitiva “se pudiera concretar, siendo optimistas (si se toman decisiones que apunten a sus causas), más bien en el largo plazo, cuando el Gobierno en ejercicio ya no está en el poder”, llevando a los gobiernos a intentar construir otros problemas igualmente relevantes que debieran ser considerados.

“Con todo, los gobiernos y en especial los gobernantes, a través de la persuasión (…), deben construir retóricas y mostrar evidencia que dé cuenta no solo de cómo están poniendo el máximo esfuerzo en resolver (aunque sea parcialmente) los problemas (perversos), sino también intentar “construir” problemas, es decir: argumentar y persuadir sobre otros problemas igualmente relevantes que debieran ser considerados”, concluye Cienfuegos.

En el siguiente link podrás acceder a la columna de opinión.

Chile necesita reducir la Tasa de Política Monetaria

“En la medida que la inflación caiga durante este año, la recarga sobre la tasa de interés para personas y empresas en términos reales y en UF empeorará en la medida que la tasa del Banco Central no baje también.” Así de claro es Carlos J. García, investigador asociado al Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas, CiPP de la Universidad Alberto Hurtado, en su columna de opinión titulada “Por qué Chile necesita reducir la Tasa de Política Monetaria” que fue publicada en el medio El Mostrador.

El académico de la Facultad de Economía y Negocios de la UAH entra de lleno en el debate económico luego de la proyección del Banco Central en su último IPoM de una reducción del crecimiento del PIB de un -0,5% el 2023. A juicio de García, esta cifra “no es congruente con una Tasa de Política Monetaria alta hasta fines de año: la recuperación de nuestro país requiere de una reducción de esta tasa en los próximos meses”.

El profesor García explica en su columna en qué consiste esta Tasa y qué efectos tiene en la economía a nivel global y también en la vida de las personas.

“La Tasa de interés de Política Monetaria (TPM) no solo es la tasa que cobra el Banco Central a los bancos comerciales. También tiene importantes efectos sobre la economía, puesto que sirve de referencia para el resto del sistema financiero”, explica García.

“Pongamos un ejemplo simple: la tasa de interés de los créditos de consumo en agosto de 2021 era de 18%, en cambio, en abril de este año es de 29%, ambas medidas en pesos. Si restamos a cada uno de estos porcentajes la inflación de ambos meses, respectivamente, y luego restamos ambas cifras, tendremos que el exceso que están pagando las personas es de aproximadamente 5,7% en términos reales”, ejemplifica el académico.

Puedes leer su columna completa en el siguiente link.

La irrupción republicana

“Es un triunfo paradójico si analizamos todo el proceso de cambio constitucional, con sus diversos matices e intensidades, durante las últimas décadas: le corresponderá liderar este proceso al sector político que ha manifestado concretamente su rechazo a tener una nueva constitución, que se siente política e ideológicamente identificado con el actual texto constitucional”, señala el investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la UAH, Sebastián Salazar, quien reflexiona en entrevista con el CiPP ante el nuevo panorama constitucional después de las elecciones del 7 de mayo que deja al Partido Republicano como los conductores de este proceso y en el que tienen poder de veto.

El coordinador académico del Núcleo Constitucional de la UAH cree que los republicanos tomaron temas de la actualidad que preocupan a la población como el narcotráfico, la crisis migratoria y la falta de seguridad. “Los  resultados los dejan muy cerca, junto con los 11 escaños de Chile Vamos, de lograr el quórum suficiente para agregar y modificar propuestas de normas constitucionales, por lo que es plausible que varios elementos que son de interés de la derecha política en su conjunto, que no concitaron apoyo en la Comisión Experta, puedan ser ingresados en el proyecto de nueva constitución, como temas respecto al derecho a la vida, educación y libertad de enseñanza, la libertad de elección de sistema o régimen público y privado en determinados derechos sociales, o el control preventivo sustantivo de constitucionalidad de los proyectos de ley qué efectúe la Corte Constitucional”, explica el académico.

Sebastián Salazar, quien es académico de la Facultad de Derecho de la UAH, sostiene que los resultados también se explican porque fue una especie de evaluación a la gestión del Gobierno sobre materias que preocupan a la ciudadanía, a lo que se suma la ausencia de una campaña de educación cívica que explicara al electorado este proceso donde el voto fue obligatorio lo que implicó el ingreso de un gran número de votantes.

Si se rechaza la propuesta nuevamente ¿Cree factible la realización de un nuevo proceso?

En el corto plazo no será posible debido al ciclo político electoral próximo, ya que el 2024 se efectuarán las elecciones municipales y regionales. El 2025 deben realizarse las elecciones presidenciales y parlamentarias, por lo que no habría ningún espacio posible para avanzar a un nuevo proceso constituyente que implique la realización de nuevas elecciones o plebiscitos.

Adicionalmente, si continúa la actual trayectoria de fragmentación política en el Congreso Nacional, nos encontraremos con una Cámara de Diputadas y Diputados atomizada o balcanizada, tal como lo es en la actualidad. Esta fragmentación también se manifestará en la próxima renovación de la mitad del Senado.

En definitiva, en un escenario tan complejo, la posibilidad de lograr los quórums suficientes de aprobación para reforma constitucional (4/7) se ve como un objetivo complejo de alcanzar. Seguramente, se querrá avanzar en reformas constitucionales desde el Congreso Nacional, más que en un nuevo itinerario constitucional que se desarrolle paralelamente, en vista de la incertidumbre política e institucional que estas instancias pueden generar en la ciudadanía.

¿Qué puntos considera fundamentales e intransables para una nueva constitución?

Es importante señalar que ya hay 12 puntos intransables en la propuesta de nueva Constitución que la Comisión Experta y el Consejo Constitucional deben proponer a la ciudadanía. Se trata de las 12 bases o ideas fundamentales que fueron establecidas en el Acuerdo por Chile y que están presentes en el texto permanente vigente de la actual constitución. Adicionalmente, dicho acuerdo contempla una instancia que vela por el cumplimiento de éstas, se trata del Comité Técnico de Admisibilidad, conocidos como los árbitros, por si existe una contradicción u omisión en cada una de estas bases.

Por tanto, el riesgo es más bien que alguna de esas 12 bases sea desvirtuada y/o vaciada de contenido. En este escenario, quizás el punto más importante, y en el que deben estar las principales alertas, es en la definición de la República de Chile como un Estado Social y Democrático de Derecho, pues dicha fórmula constitucional es transversal a diversas tradiciones políticas como el liberalismo, el conservadurismo cristiano y la socialdemocracia en todos los países europeos y latinoamericanos, en los cuales se ha consagrado constitucionalmente.

En síntesis, y por razones ideológicas identitarias, el temor es que se vacíe el contenido de esta definición y deje fuera a un importante sector de la ciudadanía que espera un nuevo acuerdo constitucional entre el Estado y los privados en la satisfacción de necesidades públicas de mucho interés, como son los derechos sociales, principalmente.

Expertos proponen cambios en el mercado del gas natural

“El diagnóstico es que hay poco nivel de competencia y la buena noticia es que se puede mejorar mucho la competencia en los diferentes niveles”. Así lo sostiene Eduardo Saavedra, Director Académico del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas, CiPP, de la UAH refiriéndose al informe final de la comisión de expertos y expertas que analizó el mercado del gas natural después del polémico estudio de la Fiscalía Nacional Económica que determinó que los consumidores de gas natural han pagado sobreprecio.

El decano de la Facultad de Economía y Negocios de la UAH y ex ministro del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), integra dicha instancia que hizo un amplio levantamiento de información. “Se consideraron diferentes puntos de vista acerca de cuán competitiva es la industria de gas natural a diferentes niveles, no sólo a nivel de cliente final sino también en los diferentes segmentos de la industria”, puntualizó el académico.

El informe final entregado recientemente al ministerio de Energía busca una mejora regulatoria en el mercado del gas natural proponiendo modificar el modelo de tarificación y cuestionando el mecanismo existente. Además, plantea regular el acceso a terceros a la infraestructura de distribución como terminales, centrales de regasificación y las redes de transporte de gas natural. Con esto el comité de expertos y expertas busca aumentar la competencia mediante el acceso de terceros a la infraestructura que sea esencial para la provisión de gas natural residencial.

Cabe recordar que el gobierno a finales del año pasado formó esta Comisión de expertos y expertas para que realizarán una revisión del mercado del gas natural, en particular el régimen aplicable a tarifas y acceso, y una vez finalizado su trabajo emitiera un informe con recomendaciones que aporten al desarrollo de una reforma regulatoria en esta materia.

Las cinco personas que componen este comité transversal son profesionales con vasta trayectoria en el área económica y regulatoria: Ana María Montoya, economista e integrante del directorio de la UAH experta en organización industrial, libre competencia y micro econometría; Andrés Gómez Lobos, economista y docente, ex ministro de Transportes en el segundo gobierno de la ex presidenta Michelle Bachelet;  Eduardo Saavedra, Director  Académico del CiPP, Decano de la FEN de la UAH, economista y exministro del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia entre 2014 y 2020; Soledad Hormazábal, economista y asesora económica del gabinete presidencial del segundo gobierno del expresidente Sebastián Piñera; y Rodrigo Castillo, abogado y exdirector ejecutivo de la Asociación de Empresas Eléctricas.

Puedes revisar el informe y conocer un artículo y notas de prensa sobre el tema en los siguientes enlaces:

Importante paso para entender mejor este mercado

Ministerio de Energia da a conocer informe técnico

Proyecto de ley de Inteligencia económica: la urgencia de perseguir  el dinero ilícito

“La iniciativa de ley enviada el 11 de mayo por el Gobierno al Congreso robustece los estándares de persecución del dinero ilícito mediante el fortalecimiento de las atribuciones de los organismos fiscalizadores para acceder a información oportuna sobre eventuales delitos como lavado de activos, financiamiento del terrorismo y criminalidad organizada», declara el investigador del Centro Interdisciplinar de ¨Políticas Públicas (CiPP) de la UAH, Humberto Borges, en la columna titulada Ley de inteligencia económica contra el delito: ¿Fin de las clases de ética?, publicada por Radio Cooperativa.

El académico de la Facultad de Economía y Negocios de la UAH se refiere al Proyecto de ley de Inteligencia Económica contra el Delito presentada por el ejecutivo que tiene como objetivo fortalecer la persecución del dinero ilícito y que busca hacer la trazabilidad de los movimientos del dinero proveniente del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos vinculados al crimen organizado con distintas herramientas fiscalizadoras y de inteligencia, más el levantamiento del secreto bancario bajo reglas especiales. “La nueva iniciativa actualiza la norma que establece los requisitos para las personas que ejercen control en instituciones financieras o mercado de capitales, en particular personas acusadas o condenadas en Chile por delitos contemplados en Chile o en el extranjero en el marco de leyes referentes al lavado de activo y financiamiento del terrorismo u otros». afirma Borges.

El director del Diplomado en Gestión Tributaria de la FEN UAH puntualiza que es importante abordar la forma de combatir los dineros ilícitos en el mercado de capitales, la captura y lavado de dinero y perseguir el comercio ilegal que destruye al legal, principalmente a las pequeñas y medianas empresas. “Cuando me refiero al comercio ilegal, debo explicar que no sólo quiero referirme al de las calles, sino al de los altos ingresos que se observan con la compra de relojes, joyas e ingresos de influencers”, enfatiza el experto en su columna.

Humberto Borges denuncia que en Chile hay riquezas que son ostentadas por personas mediante compras de vehículos de alta gama o casas de altos valores y que no han informado de ingresos que justifiquen dicha compra y riqueza.

La paridad y la democracia representativa

“El poder corregir las barreras estructurales que impiden el acceso de las mujeres a los espacios de poder es fundamental, ya que no podemos hablar de una democracia representativa si no están en ella representados tanto hombres como mujeres”, así de taxativa es la investigadora del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la UAH, Lieta Vivaldi, en una carta al director publicada en el diario La Tercera.

La académica de la Facultad de Derecho afirma que son preocupantes los ataques a la paridad de género que se están observando luego de las elecciones del 7 de mayo cuando se eligió a los 50 integrantes del Consejo Constitucional. “Es imperativo diferenciar la paridad del mecanismo que se usó para corregir en las elecciones del 7 de mayo. Se puede criticar el mecanismo sin asimilarlo al bien superior de la paridad. Esta confusión permite alegar distorsiones de la voluntad popular que ya están por diseño en la manera que elegimos representantes en Chile, donde no es extraño que resulten electas personas con menor votación que otras que quedan fuera”, destaca la abogada en su nota.

Lieta Vivaldi advierte que existen algunos grupos interesados en torpedear la paridad y recalca que este principio es fundamental para tener una democracia representativa. “Lo que molesta realmente es la inclusión de mujeres en pie de igualdad para escribir una nueva propuesta de Constitución para Chile”, denuncia la actual consejera del INDH.

La autora recuerda en su carta al director que el principio de la paridad empieza a tomar forma jurídica en el lenguaje internacional en la Declaración de Atenas (1992) y en la Conferencia de Beijing (1995), donde se refieren al principio de distribución equilibrada del poder entre hombres y mujeres.

Puedes conocer esta carta en el siguiente enlace: La Tercera – La Paridad

Reactivación Educativa: al rescate de talentos

Por: Gabriela Lobos, periodista CiPP    

“Lo que está haciendo el Ministerio de Educación es un Plan de Reactivación Educativa que está tratando de mejorar las cifras de exclusión escolar que aumentaron durante la pandemia por COVID 19 pero que se vienen  arrastrando en Chile desde antes por situaciones sociales que han impactado principalmente a la educación pública”, así lo explica el investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la UAH, Cristóbal Madero, quien conversó con el equipo del  CiPP sobre su visión acerca del Plan de Reactivación Educacional impulsado por el Ministerio de Educación.

Madero, afirma que el programa desarrollado por el gobierno entrega una respuesta integral y estratégica para abordar el complejo panorama que vive el sistema educacional chileno, con altos niveles de deserción y ausentismo en medio de un clima de violencia, argumentando que fue elaborado en base a tres ejes con objetivos específicos: convivencia y salud mental, fortalecimiento de aprendizajes y asistencia y revinculación. “Es un excelente plan que apunta a las dimensiones correctas para la recuperación del sistema educativo que tenía problemas desde antes y que se vio afectado con la pandemia. No nos olvidemos que somos uno de los países que mantuvo sin clases a sus alumnos por más tiempo en el mundo, lo que impactó y sigue impactando la vida de los establecimientos educacionales”, destaca  el académico de la Facultad de Educación de la UAH.

El abandono escolar en Chile se da en un escenario con múltiples causas donde encontramos el trabajo infantil para apoyar en la generación de ingresos familiares, la debilitada salud mental del grupo familiar por el stress de la pandemia y la carencia de conectividad y medios tecnológicos durante el confinamiento que no permitieron mantener la adhesión de niñas, niños y jóvenes a la escuela con clases a distancia. “Esta realidad es dramática y está claro que cada vez que una niña, un niño o un/a adolescente deserta del sistema escolar nos farreamos un talento”, puntualiza Madero.

Las cifras que entregó el MINEDUC sobre la deserción escolar es de 50.529 alumnos que dejaron el sistema escolar entre 2021 y 2022, un número que representa un 24% más de los que había el 2019 previo a la pandemia. Ante esta realidad cabe preguntarse si estas niñas, niños y jóvenes no asisten a la escuela ¿dónde van? Y la respuesta es aterradora porque a pesar de no haber estudios e investigaciones que arrojen datos la realidad muestra que muchos son reclutados por el narcotráfico.

La narco cultura les ofrece  a estos menores de edad promesas de bienestar económico, identidad, reconocimiento y tener  un grupo de pertenencia. “Está claro que una niña o un niño que no está vinculado con una escuela pueda ser cooptado por el narcotráfico que son redes enquistadas en muchas poblaciones en el país”, sentencia Madero.

Investigadores del CiPP participan en firma de convenio de cooperación con la Corte Interamericana de Derechos Humanos

“Con este Convenio queremos ratificar que nos ponemos a disposición de la Corte justamente para actuar en esa promoción, en esa difusión y en esa generación de conocimientos […] Ese ha sido nuestro objeto en suscribir este Convenio, en el que la comunidad académica va a participar”,  así lo señalo el vicerrector académico de la UAH e investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP), Eduardo Abarzúa,  en la firma del Convenio entre nuestra casa de estudios y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), estableciendo relaciones de cooperación e información para el desarrollo y acción de ejecuciones que pretenden elaborar y difundir elementos relacionados con los Derechos Humanos.

La actividad se desarrolló en la sede del Tribunal Constitucional y el convenio fue firmado por el rector y el vicerrector académico de la Universidad Alberto Hurtado, Eduardo Silva SJ y Eduardo Abarzúa, respectivamente, y por el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el juez Ricardo Pérez Manrique. Además, acompañó la firma del Convenio el director académico del CiPP y decano de la Facultad de Economía y Negocios, Eduardo Saavedra junto a la investigadora del centro y decana de la Facultad de Derecho, Miriam Henríquez.

Eduardo Saavedra destacó la “posibilidad para la Universidad y sus facultades de poder colaborar con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, poder dotarla de una mayor y una mejor institucionalidad”.

Recordemos que la CIDH es un organismo  autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano que  está  integrada por siete miembros independientes que se desempeñan en forma personal y tiene su sede en Washington, D.C

En tanto, el Juez Ricardo Pérez Manrique, presidente de la CIDH, explicó que “el Convenio que acabamos de suscribir permitirá desarrollar una serie de actividades en común, intercambiar cursos, intercambiar material de trabajo, que la universidad pueda trabajar con nosotros en el reciente formado Centro de Formación Interamericano y, además, la posibilidad de recibir pasantes de esta universidad en San José de Costa Rica”.

En la práctica, el convenio permitirá realizar estudios y proyectos de investigación, en forma conjunta, en los que existirá intercambio entre los grupos de investigación de ambas instituciones; se organizarán conferencias, seminarios y cursos sobre las problemáticas de interés común; y, en esa misma línea, se elaborarán publicaciones.

Para concluir, el presidente de la CIDH, enfatizó que “la Corte pretende también hacer un aporte a lo que es la enseñanza y difusión de los Derechos Humanos a nivel de la academia. Y en eso, estamos totalmente a disposición de la Universidad para seguir trabajando continuamente en estos temas”.

Para la coordinación general e implementación de las acciones que se lleven a cabo, existirá un Comité Técnico, que estará integrado por un representante de la UAH y otro de la CIDH, instituciones que designarán de manera autónoma a sus representantes, independiente de que puedan asistir otros profesionales a tratar tareas conjuntas y puntuales de ambos organismos.

Aumento de solicitudes de quiebras de empresas

«El escenario económico es peor que el año pasado y está  agudizándose, por lo que no sería extraño un aumento en las quiebras de las empresas hasta septiembre, luego se estabilizaría para mejorar a fines de año», así explicó el investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la UAH, Carlos J. García, en una entrevista realizada por el diario La Tercera donde se le consulta, junto a otros expertos, por el aumento de solicitudes de quiebras de empresa que mostraron su primera alza en abril después de dos años.

De acuerdo a la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, en abril, las solicitudes de quiebras totalizaron 91, lo que se traduce en un aumento de un 3,4% siendo el primer incremento desde abril de 2021. «Lo interpreto como una caída sustancial en el nivel de actividad y, por tanto, no es un dato puntual sino un cambio de tendencia», puntualizó el académico de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la UAH.

Los expertos afirman que puede comenzar a cambiar la tendencia, dado el ajuste que está teniendo la actividad, sin embargo declaran que  estas cifras que recopila la superintendencia son bastante volátiles, por lo que no hay una certeza absoluta que así lo sea.

La solicitud de quiebra de una empresa es un procedimiento judicial que tiene por finalidad la liquidación rápida y eficiente de los bienes de la entidad deudora con el objeto de propender al pago de sus acreedores cuando ésta no es viable.

Puedes revisar esta entrevista en el siguiente enlace.

Innovación colaborativa: la clave del éxito del sector lechero en Chile

“La innovación crecientemente se analiza como un proceso colaborativo, donde participan múltiples actores complementando sus recursos y capacidades. Colaboración que permite mejorar el desempeño innovador y hacer frente a los crecientes desafíos de un entorno complejo, competitivo y dinámico” así lo explica el investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP), Cristián Geldes, en el artículo “El desafío de la innovación colaborativa: El caso de la agricultura inteligente y de precisión en el sector lechero en Chile” publicado en la revista Observatorio Económico de la FEN UAH N° 175.

La investigación muestra que el sector agropecuario ha sido uno de los más beneficiados con la aplicación de tecnologías innovadoras en los últimos años, en particular  la agricultura inteligente y de precisión se ha convertido en una herramienta clave para mejorar la productividad, reducir costos y mitigar los impactos ambientales en la producción de alimentos. En este sector los mejores logros los tiene la industria lechera chilena  que logra competir a nivel internacional con gran éxito. “Actualmente, esta industria está sometida a fuertes presiones competitivas internacionales de actores como Nueva Zelanda y Australia, cuyos costos de producción son más bajos y sus rendimientos productivos más altos, lo que se ha logrado en parte por la innovación e incorporación de tecnologías”, destaca Cristián Geldes en su trabajo.

El académico de la Facultad de Economía y Negocios de la UAH, señala que en Chile se necesita adoptar una  mirada sistémica y colaborativa de los procesos  productivos  para poder innovar e incorporar nuevas tecnologías, “En Chile aún necesitamos avanzar en tener esta mirada sistémica y colaborativa de los procesos que llevan a innovar e incorporar nuevas tecnologías, tal como se observa en el caso del desarrollo de la agricultura inteligente y de precisión en el sector lechero”, puntualiza el académico.

El economista  destaca que un factor clave para el éxito  del sector lechero ha sido la aplicación de “la innovación colaborativa”, donde diferentes actores como las universidades, agricultores, el gobierno, etc. han trabajado en forma conjunta aplicando modernos sistemas de monitoreo y control de los procesos productivos, tecnologías de vanguardia para la mejora de la alimentación del ganado y la utilización de  análisis de datos en tiempo real para mejorar la toma de decisiones en la producción lo que ha llevado a esta industria a jugar un rol a nivel mundial por su alta competitividad.

Puedes leer este artículo en el siguiente enlace.

El triunfo del Partido Republicano y la incertidumbre de los temas de género en el proceso constitucional

“Tenemos avances que no pueden retroceder”, así de enfática es la investigadora del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) y académica de la Facultad de Derecho de la UAH, Lieta Vivaldi, quien fue consultada por el medio El Mostrador, en una entrevista que busca conocer la opinión de la academia sobre qué sucederá con los temas de género y las diversidades  tras el resultado de la elección del Consejo Constitucional realizada el domingo recién pasado.

La entrevista parte reconociendo que existe temor a que el triunfo del Partido Republicano en la elección del Consejo Constitucional, pudiera poner en jaque los avances logrados por los movimientos feministas y colectivos LGBTQ+, como lo son la Ley Zamudio (2012), el Matrimonio Igualitario (2022), la Ley de Identidad de Género (2018) y la Ley de Aborto en tres causales (2017).

Para Vivaldi hay avances logrados por los feminismos y la perspectiva de género que no pueden ser desconocidos ya que Chile tiene compromisos internacionales sobre estas materias. “Estos avances implican la no discriminación, el reconocimiento de las diversidades, los derechos humanos. Hay avances que es imposible que neguemos y eso me parece que es algo fundamental tener presente en el proceso”, comenta  la directora del Programa Género, Derecho y Justicia Social de la UAH.

La abogada hace un llamado a confiar en el proceso constitucional y declara su propia confianza en que se respetaran los acuerdos alcanzados.

La consejera del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Lieta Vivaldi, puntualiza que  este no es el resultado que hubiera esperado, donde el bloque de la derecha obtuvo el 56,5% (un 35,5% del Partido Republicano y un 21% del pacto Chile Seguro, compuesto por RN, UDI y Evopoli), las listas de izquierda y de centro alcanzaron un 37,5% (un 28,5% de Unidad para Chile, que reúne a los partidos de Apruebo Dignidad más el PS y el PL, y un 9% de Todo por Chile, que agrupa al PPD, DC y Partido Radical) y el Partido de la Gente que logró el 5,5%. “El Proceso lo lidera un partido de extrema derecha que no condice sus bases con los avances de género que hemos tenido”,  destaca la académica.

Junto a Lieta Vivaldi, también fueron entrevistadas la académica y doctora en Derecho y directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, Lidia Casas Becerra, y la académica de la Universidad Católica Silva Henríquez e investigadora, Lucía Miranda Leibe.

Puedes leer la entrevista en el siguiente enlace.

Estudio revela que los medios y las redes sociales perpetúan el discurso anti-negro y anti-inmigrante

“No solo los medios de comunicación, sino que crecientemente las redes sociales, desempeñan un rol fundamental en la difusión de información; y la migración ha sido una temática recurrente considerando las crisis políticas y económicas de países de la región y la consiguiente migración hacia Chile”, así lo explica la investigadora del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la UAH, Amaranta Alfaro, luego de publicar el articulo «Migración haitiana y racismo anti-negro: Las implicancias de los encuadres mediáticos en espacios públicos y digitales» en la revista Cuadernos de la Teoría Social de la Universidad Diego Portales,  junto a la socióloga y académica de la Universidad Autónoma, Macarena Bonhome.

La investigación analiza dos casos de coberturas mediáticas de noticias que involucraban a migrantes haitianos, donde muestra que los encuadres pre­sentes en ambos casos han perpetuado el racismo anti-negro y el discurso anti-inmigrante en la población, tanto en espacios públicos como digitales y en las interacciones interculturales en Chile. “Esta situación hace importante la revisión de discursos anti-inmigrantes en las sociedades multiculturales atendiendo contextos digitales donde tienen lugar los discursos de odio, que no solo revelan incivilidad, sino también un racismo anti-negro como lo evidencia este artículo”, destaca Amaranta Alfaro.

El estudio revela que la controversia generada por algunos eventos en la opinión pública ha contribuido a generar cambios en la forma en que se abordan las temáticas migrantes en la prensa, destacando la importancia de considerar el impacto que tienen los medios de comunicación en las interacciones interculturales y de trabajar en su transformación hacia un mensaje más inclusivo y respetuoso de los derechos humanos. “Esperamos sigan avanzando en comunicar desde un enfoque de derechos humanos y así se alejen de la reproducción de representaciones racializadas de migrantes haitianos en Chile”, destaca la académica del Departamento de Periodismo de la Facultad de Ciencias Sociales de la UAH.

La publicación muestra la importancia de la comunicación y el mensaje que entregan los medios de comunicación y de las redes sociales en el tema migratorio. “Desempeñan un rol fundamental en la difusión de información; y la migración ha sido una temática recurrente considerando las crisis políticas y económicas de países de la región y la consiguiente migración hacia Chile. Esta situación hace importante la revisión de discursos anti-inmigrantes en las sociedades multiculturales atendiendo contextos digitales donde tienen lugar los discursos de odio, que no solo revelan incivilidad, sino también un racismo anti-negro como lo evidencia este artículo”, enfatiza la académica.

Puedes leer este artículo en el siguiente enlace: «Migración haitiana y racismo anti-negro: Las implicancias de los encuadres mediáticos en espacios públicos y digitales»

Gustavo Poblete: “La ley  Naín–Retamal permite que muchos delitos queden impunes”

Por: Gabriela Lobos Hernández, periodista CiPP

“La ley Naín-Retamal, en mi opinión, es una ley confusa para la sociedad. El mensaje inicial de esta ley es que se otorgan  mayores herramientas a las policías para reprimir o incurrir en apremios ilegítimos”, afirma el investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la UAH, Gustavo Poblete, con quien conversamos como equipo CiPP para conocer  su visión sobre la nueva ley que ya comenzó a regir en Chile tras su publicación en el diario oficial.

Recordemos que la ley Nain – Retamal endurece los castigos contra quienes atentan a la integridad física de efectivos de Carabineros, Policía de Investigaciones (PDI) y Gendarmería. En el caso particular del delito de homicidio a un carabinero establece la pena de presidio perpetuo calificado.

Una de las medidas más comentadas es “la legítima defensa privilegiada”, que invoca la presunción del uso justificado de armas de servicio y otros medios de defensa por parte de uniformados y policías de civil. Diversas organizaciones manifestaron su desacuerdo. Por ejemplo, Amnistía Internacional, cuestiona esa causal afirmando que justificaría el uso de la fuerza de forma desproporcionada, transgrediendo los principios tanto de necesidad como de proporcionalidad. Además de la jurisprudencia internacional en el tema.

El académico de la Facultad de Derecho de la UAH, Gustavo Poblete, concuerda con esta mirada puntualizando que esta ley permite que muchos abusos y delitos queden impunes. “Hace unos días atrás, los tribunales absolvieron a cinco carabineros por hechos ocurridos durante el estallido social. Lo que hizo el tribunal, en este caso, fue aplicar de manera retroactiva la ley penal y absolver de responsabilidad a los funcionarios policiales aplicando la presunción legal denominada, popularmente, como legítima defensa privilegiada. En otras palabras, no fueron condenados porque la Ley Naín-Retamal, que se aplicó a hechos pasados, es más favorable para quienes están siendo acusados: los funcionarios policiales”, explica el abogado.

Gustavo Poblete, ha sido invitado en diferentes ocasiones a dictar charlas sobre el uso de la fuerza policial y la responsabilidad del Estado y hace algunas semanas ofreció una conferencia en el Instituto de Ciencias Sociales (ICSO) de la Universidad Bernardo O Higgins. En la oportunidad, expuso sobre “las consecuencias jurídicas del empleo de la fuerza a través de artefactos letales y no letales. Una de ellas es la posibilidad de indemnizar a aquellas víctimas de las actuaciones policiales cuando estas son ejecutadas de manera arbitraria, es decir, fuera de los márgenes jurídicos que la Constitución y las leyes establecen. Esto permitiría que, por ejemplo, frente a casos de manifestaciones públicas, las víctimas pudiesen demandar al Estado porque las policías actuaron de manera negligente y causaron daños ilegítimos”, puntualizó el docente.

La irrupción de la  Industria 4.0 y el futuro del  mundo laboral

“Se estima que la automatización podría reemplazar el 45% de las actividades que actualmente realizan los seres humanos, pero solo el 5% de los puestos de trabajo completos podrían ser sustituidos totalmente por tecnología”, así lo señala Mauricio Castillo, investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas, CiPP, en un artículo de extensión publicado en la Revista Observatorio Económico de la Facultad de Economía y Negocios de la UAH titulado “Impacto de la tecnología de la industria 4.0 en los jóvenes” coautoreado con Mauricio Araneda, director de Vinculación con el Medio y Proyectos de esta misma facultad.

El artículo expone la transformación que está teniendo el mundo laboral con la Industria 4.0 debido  a la  automatización y digitalización de los procesos productivos. Esta realidad, se afirma, tendrá un gran impacto en los jóvenes ya que la adopción de tecnologías avanzadas, como el Internet de las cosas (IoT) y la inteligencia artificial, podría provocar un desplazamiento laboral en algunos sectores, sin embargo  no se descarta la aparición de  nuevas oportunidades de mejora y reciclaje para los jóvenes, ya que la Industria 4.0 requiere habilidades digitales y de innovación.

Castillo y Araneda destacan la importancia de  que las y los estudiantes de educación superior se preparen para enfrentar estos cambios, lo que les permitirá  aprovechar  de mejor forma  las oportunidades que surjan. “El papel de las universidades en la preparación de los jóvenes para la Industria 4.0 es crucial. Esto incluye educar sobre las ventajas de las tecnologías de la Industria 4.0 y sus posibles aplicaciones en diversas industrias. Al hacerlo, las instituciones de formación pueden preparar mejor a los jóvenes para el mercado laboral en rápida evolución y ayudarlos a ser más competitivos en sus campos”, explican.

El trabajo muestra que lo más probable es que la tecnología aumentará las oportunidades laborales en la arquitectura, ingeniería, computación y matemáticas. También, señala que la adopción de nuevas tecnologías ha llevado a una mayor eficiencia en el desarrollo de emprendimientos dinámicos y que en la actualidad es un factor crucial para mantener la competitividad en el mercado.

Asimismo, los autores plantean la urgencia de que los gobiernos y las empresas trabajen de manera conjunta para garantizar que los estudiantes  tengan acceso a la educación y la capacitación necesarias para enfrentar estos cambios.

En el marco de estas preocupaciones, el artículo describe los avances del proyecto FIC N° 40027680-0, titulado: “Transferencia Centro de Innovación para la Juventud Rural”, cuya implementación ha estado orientada a promover entre las y los jóvenes de comunas rurales, el emprendimiento y la gestión empresarial con sello innovador, apoyando la incorporación de tecnología a los procesos productivos y promocionando la economía circular, con el fin último de impulsar el desarrollo económico y productivo de la región.

Puedes revisar este artículo en el siguiente enlace.

Paulette Landon en foro regional sobre desarrollo sostenible.

Paulette Landon, decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Alberto Hurtado (UAH) e investigadora del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas, junto con el rector Eduardo Silva, lideraron el Foro Regional de Alianzas para el Hábitat 2023, una iniciativa internacional que busca impulsar el desarrollo sostenible y encontrar soluciones a los desafíos que presentan los altos niveles de crecimiento urbano y demográfico en Chile, América Latina y el Caribe. El encuentro contó con la presencia de la ex presidenta Michelle Bachelet y representantes de las entidades organizadoras y diplomáticas.

El encuentro, denominado “Foro de Alianzas para el Hábitat-Capítulo Santiago de Chile. En Ruta a la Cumbre Internacional del Hábitat de América Latina y el Caribe 2023: Integración Urbana, Cohesión Social y Vida en Común” fue el primero de tres que se realizarán en nuestro país, en virtud de una reflexión política, académica y de la sociedad civil frente a las problemáticas que presentan las ciudades ante el exponencial crecimiento demográfico y urbano.

El foro consistió en 5 paneles de expertos en diversas temáticas relacionadas con gobernanza urbana, vivienda y nuevas precariedades, el hábitat y los desafíos para la vida en común. Fue organizado por la Cumbre Internacional del Hábitat de América Latina y el Caribe, en alianza con la Universidad de Guadalajara y ONU Hábitat, entidades que cuentan con la colaboración de la Facultad de Ciencias Sociales de la UAH.

En la apertura participaron las autoridades de la universidad, la ex presidenta, Michelle Bachelet y, en representación de la Cumbre, el director ejecutivo, Bernd Pfannenstein y el coordinador general, Héctor García Curiel, quien además tiene el mismo cargo en la Universidad de Guadalajara. Los acompañó Ximena Mariscal, encargada de asuntos multilaterales de la Embajada de México.

El rector de la casa de estudios,Eduardo Silva, abrió con palabras de bienvenida donde recalcó que la universidad pretende ser “un espacio de reflexión, donde la realidad se pueda contemplar de una manera un poco más pausada, para mirar con más profundidad la realidad. Recurrimos a las Humanidades para comprender lo real y a las Ciencias Sociales para intervenir en ella. Enseñamos lo que investigamos y ponemos en valor público aquello”, refiriéndose al rol trascendente de la educación en las iniciativas sociales.

Sobre el tema del encuentro dijo que “es un privilegio mirar la ciudad desde una dimensión tan profunda como el habitar, es decir, la manera en que se asientan las personas, la configuración física de esos asentamientos y la convivencia social. Iniciativas como estas nos permiten hacernos cargo del rol público que nos hemos propuesto y ser una universidad para el bien común”.

En tanto, Paulette Landon, decana de la Facultad de Ciencias Sociales, se refirió a las proyecciones de precariedad en materia de vivienda a nivel mundial y, en ese sentido, en cuanto a Sudamérica, citó el aumento de la pobreza, incremento de asentamientos informales, altos niveles de violencia juvenil, crimen organizado, déficit en infraestructura y servicios básicos.

Luego se refirió al ámbito nacional, citando los datos del INE, el cual cifra a la población de Chile en 19 millones de habitantes, 11% pertenecientes al mundo rural y 90% urbano. En este escenario demográfico, el 10% es migrante, ya que nuestro país en los últimos 10 años ha acogido a más de 1,5 millones de extranjeros, motivo por el cual la situación migratoria en el norte y la seguridad en las fronteras de esta macrozona ha ocupado el primer lugar en la agenda política.

Añadió que “la crisis social y la pandemia han tenido diversos efectos en el país: desaceleración económica, inflación, déficit en las transferencias públicas, aumentando la pobreza a dos dígitos y sosteniendo los índices de desigualdad”.

Cabe destacar, según señaló la decana, que los campamentos en Chile están aumentando de manera alarmante, principalmente en la Región de Valparaíso, Biobío y Metropolitana, donde se localizan las principales concentraciones urbanas del país. “Esta es una realidad en zonas de alto flujo inmigratorio como Tarapacá y Antofagasta, las cuales concentran el mayor número de familias viviendo en campamentos”, explicó Landon.

Por su parte, la ex presidenta Michelle Bachelet, refiriéndose al mismo tema, señaló en su discurso que “la ciudad fue y seguirá siendo uno de los inventos civilizatorios más importantes de la humanidad, pero hoy se ha vuelto una fuente de amenazas a la vida que no podemos ignorar (…) se ha convertido en un foco de conflicto, de sufrimiento y deshumanización”.

Agregó Bachelet que la “hipermetropolización ha fortalecido el individualismo campante y la estigmatización de los que son diferentes, la falta de civilidad en el trato cotidiano y las nuevas formas de violencia. Junto con ello se acentúa las causas y consecuencias del cambio climático a raíz de la contaminación, la pérdida de agua y de áreas verdes, además del estrés y soledad urbana a causa de la pandemia que generó enfermedades mentales y del ánimo”.

Tanto Landon como Bachelet hablaron del crecimiento no planificado, el cual ha generado un incremento del tiempo y los recursos destinados a las movilidades de las familias y ciudadanos. La decana puntualizó en que la pandemia generó un retroceso de más de una década en cuanto a la participación laboral de las mujeres, además del incremento de las patologías mentales.

Ambas representantes del mundo académico y político, respectivamente, coincidieron en tono y opinión acerca del sentido de urgencia que tiene la creación de una política urbana eficiente y sostenible, basada en la aplicación de planificaciones que entreguen soluciones reales, gracias a la sólida gobernanza del Estado y las entidades públicas.

“Hay algo que no hemos hecho bien en el desarrollo de nuestras ciudades. No desconozco que el crecimiento urbano y demográfico desproporcionado y sus consecuencias es un hecho mundial, pero reconozcamos que abandonamos la idea de la forma en que construimos las ciudades y no refleja el modo en que queremos vivir juntos. Por eso es que debemos deliberar y decidir democráticamente el tipo de ciudad que queremos tener y para eso construir colectiva y democráticamente”, puntualizó Bachelet.

Landon también manifestó enfáticamente que “la planificación urbana y territorial, la asignación de recursos y las habilidades técnicas a nivel de ciudad son extremadamente importantes para el futuro de nuestras ciudades”.

La autoridad académica remarcó que es necesario avanzar en políticas públicas que permitan un ajuste territorial que contribuya a la equidad de las nuevas ciudades, pueblos y regiones. También indicó que la elección democrática de las autoridades regionales del Ejecutivo 2021 constituye un paso significativo para este desafío, “pero sigue siendo insuficiente si no se completa con financiamiento y un diseño institucional sobre la base de un marco que pueda recoger particularidades socioculturales, produciendo más diversidad en el régimen territorial”, finalizó.

El mito del aumento del salario mínimo y su relación con la inflación

“¿Por qué el mito inflacionario fracasa tan estrepitosamente? La lógica del mito depende crucialmente de un supuesto que está ausente no solo en Chile, sino en la mayoría de los países: que los mercados sean perfectamente competitivos. Muy por el contrario, nosotros mismos hemos aprendido con los años que muchos mercados son imperfectos; es más, algunos han fallado miserablemente”, explica el investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la UAH, Carlos J. García, en la columna “Salario mínimo: continuación de los mitos” publicada en el diario La Tercera.

En la columna el académico de la Facultad de Economía y Negocios de la UAH, Carlos J. García, afirma que muchos creen que un salario mínimo más alto incrementa los costos de producción, lo que provoca que las empresas traspasen estos aumentos a sus precios para poder seguir compitiendo en los mercados. “Según esta lógica, el peor favor que se puede hacer a los trabajadores es subir el salario mínimo, porque ellos no solo perderán sus empleos, sino que también parte del poder adquisitivo de su sueldo por los aumentos del IPC”, señala el economista.

El, Doctor en economía de la Universidad de California, Los Ángeles (UCLA) analiza en esta columna las cifras del salario mínimo de este año que tendrán un aumento de un 12 %, es decir subirá  de $410.000 a $460.000, concluyendo que el impacto de esta medida sobre la inflación tiene solo un efecto marginal.

García, explica que la historia muestra que los mercados no funcionan en forma perfecta y que incluso han tenido graves fallas que han perjudicado a la población. En la columna recuerda los casos de empresas que han  acordado  fijaciones de precios lo que les ha permitido tener ganancias superiores a las normales como es el caso de las colusiones de las farmacias, el asfalto, los pañales, los pollos, etc.

Puedes conocer esta columna en el siguiente enlace.

La importancia de debatir y analizar los temas de seguridad

“Las evidencias comparadas muestran que diagnósticos errados o meras reformas legales sin medición, pueden terminar en vulneraciones de derechos y garantías, y sin impactos relevantes en eficacia preventiva o persecutoria”, afirma el investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la UAH, Rafael Blanco,  en una columna publicada por el diario La Tercera titulada “Necesidad de debatir temas relevantes en materia de seguridad”,  donde se refiere a la opción de dar mayores atribuciones a la policía para enfrentar la delincuencia.

Blanco, destaca que en muchos países para dar solución al tema de la seguridad y la delincuencia han entregado mayor poder a la policía, lo que a su juicio debe ser analizado mirando la experiencia de otros países. A su juicio, un elemento clave es mejorar los sistemas de inteligencia policial y de la Agencia Nacional de Inteligencia; así como perfeccionar los mecanismos de reclutamiento, selección y entrenamiento policial.  “Requerimos revisar perfiles de quienes ingresan a la función policial; mejorar los incentivos en el reclutamiento -las postulaciones caen un 57% en 2019 y 2020-; políticas de retención del personal policial -se han perdido más de 700 funcionarios en el último año-; y, desde luego, mejorar las técnicas y tácticas usadas contra los diversos tipos de criminalidad y la capacitación de las policías en ello”, explica el abogado.

El académico de la Facultad de Derecho, Rafael Blanco, puntualiza que se requiere revisar la estructura organizacional de la policía en materia preventiva, examinar los sistemas de entrenamiento y capacitación de las academias policiales. y evaluar las ventajas y desventajas de la separación entre oficialidad y suboficiales, “Esta última posee menores incentivos y capacitación, siendo, sin embargo, la que mayores riesgos asume en las tareas preventivas y de control de orden público”, declara el experto.

Puedes leer esta columna en el siguiente enlace.

Journal of Open Innovation

abril 2023

Mauricio Castillo integrará el comité editorial de la Journal of Open Innovation; Technology, Market, and Complexity

“Es una gran satisfacción poder participar en una instancia como esta, yo lo veo como fruto del trabajo que venimos desarrollando como facultad. El grupo de investigadores que tenemos permite que sigamos desarrollando investigación con foco en Latinoamérica, y eso se está percibiendo también en el entorno”, señala el investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) y académico de la Facultad de Economía y Negocios  de la UAH, Mauricio Castillo, al comentar la invitación que recibió para participar en el comité editorial del Journal of Open Innovation; Technology, Market, and Complexity (JOTMC).

La   revista   de circulación internacional es de acceso abierto  y publica artículos de investigación originales y de revisión, donde el lector puede encontrar desde trabajos teóricos y metodológicos hasta  textos sobre innovación, modelos de negocios abiertos, emprendimiento, complejidad y cambio evolutivo en gestión, economía o ingeniería, etc.

Los temas  que aborda la revista Journal of Open Innovation; Technology, Market, and Complexity son casos de desarrollo de modelos de negocios, metodologías no tradicionales como la simulación, el modelado basado en agentes, el análisis de redes y la dinámica de sistemas, gestión, administración pública, política, ciencias económicas, sociología, historia de la ciencia, filosofía de la ciencia, comunicación científica, ciencias naturales e ingeniería de innovación abierta.

El académico tendrá como una de sus principales tareas ayudar a promover la revista entre sus pares, sugerir estrategias de desarrollo de este medio de comunicación, revisar manuscritos y promover la participación de expertos.